El pasado miércoles, 8 de febrero, grupos y líderes comunitarios acompañados por Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA) Inc. presentaron un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones para impugnar la validez de un reglamento establecido por la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) que incide directamente sobre el establecimiento de Juntas Comunitarias Bajo el Programa de Comunidades Especiales.
En el reclamo, se solicita al tribunal que declare nulo el Reglamento 9247, “Reglamento para el Establecimiento de Juntas Comunitarias bajo el Programa de Comunidades Especiales”, debido a que este no fue aprobado conforme a las garantías procesales que requiere la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).
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Cuando una agencia gubernamental propone la redacción de un nuevo reglamento, la LPAU establece por ley unos requisitos para que los ciudadanos puedan participar activamente del proceso de aprobación. De no cumplir con estos requisitos, se puede solicitar la nulidad del reglamento propuesto.
Las partes recurrentes argumentan que la ODSEC no cumplió con la notificación adecuada a la ciudadanía para que leyeran el reglamento y conocieran de su existencia. A su vez, decidieron no celebrar vistas públicas ni anunciar la posibilidad de solicitar audiencias orales por escrito. El liderato comunitario, alarmado por la falta de un proceso participativo en el que se incluyeran a las comunidades que se verían afectadas, hicieron un llamado directo al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y a la directora ejecutiva de ODSEC, la Lcda. Thais Reyes Serrano.
Durante el mes de marzo de 2022 se celebró una vista pública en el Senado bajo la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, presidida por el Senador José A. Vargas Vidot, la cual ha sido la única oportunidad que ha tenido el liderato para expresar sus inquietudes. Meses después, en enero de 2023, el Departamento de Estado aprobó el reglamento. Durante ese mismo mes, se le solicitó a la ODSEC el expediente de este caso y no se ha recibido respuesta.
Basado en estos hechos, el liderato comunitario decidió presentar este recurso de la mano de FURIA, ya que son testigos nuevamente de cómo no se cumplen con las garantías establecidas por ley para que las comunidades participen de los procesos que inciden directamente en su autonomía. Por si fuera poco, los líderes también están preocupados por el contenido de dicho reglamento. “Nosotros llevamos incorporados más de 15 años aquí en Villa Cañona y tenemos nuestro propio reglamento para que entonces venga la ODSEC a decirnos qué tenemos que hacer y cómo formarnos, si nuestra Junta sabe hacer el trabajo”, expresó Rafael Rivera, líder comunitario de Villa Cañona, Loíza.
Las Comunidades Especiales del país tienen un derecho garantizado por ley bajo la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico- desde el 2001-, que le otorga autogestión, autonomía y participación para que dirijan su propio desarrollo. “Realmente lo que quieren proponer está en contra de la Ley de Comunidades Especiales, la cual pretende que el Gobierno sea un ente facilitador para las comunidades y no fiscalizador”, comentó Rivera. Queda claro que este reglamento pretende obstaculizar la participación ya garantizada por ley, lo cual es una afrenta directa a nuestras comunidades especiales.
