Ante la falta de acceso a viviendas para la clase media de la Isla, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, anunció que radicó una resolución para investigar posibles irregularidades en los procesos de subastas de unidades residenciales reposeídas, los procedimientos utilizados y las salvaguardas que se ofrecen a los consumidores.
La Resolución de la Cámara 903, radicada el 23 de enero de 2023, ordena a la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes a realizar la antes mencionada pesquisa en un período hasta 180 días. El legislador solicitó que la medida sea aprobada con urgencia.
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“El ofrecimiento del mercado de viviendas reposeídas ha resultado ser uno sumamente atractivo y visto como una alternativa real, según manifiestan ciudadanos que han recurrido a este mercado para adquirir su residencia. No obstante, aquel anuncio que encontraron en una plataforma digital el cual parecía ser la opción perfecta, resultó ser la mayor traba en la consecución de sus sueños de ser el dueño de un hogar propio”, señaló el líder estadista en declaraciones escritas.
“Entre las alegaciones de personas que han licitado está que luego de pagar la fianza requerida para participar y pasar la fecha de la subasta, no reciben información de si se adjudicó o no ésta. Peor aún, días después vuelven a ver la misma propiedad en listados de venta, sin haber tenido información alguna de parte de las plataformas que publicaron en un principio y para las cuales cumplieron todos los requerimientos impuestos”, añadió el Representante por Acumulación.
Según dijo Aponte Hernández, en la mayoría de los casos son los consumidores los que tienen que llamar para solicitar información y les reembolsen la fianza que depositaron para entrar en el proceso de subasta.
“Es un proceso difícil para los consumidores y más en estos momentos que el propio sector privado no está produciendo la cantidad de nuevas unidades para cubrir la demanda”, dijo.
