El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó un mandamus contra la la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y el Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales para exigir acceso a información pública relacionada a la titularidad de los centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico.
Durante los meses de septiembre a octubre de 2022, el periodista Luis Joel Méndez González, del CPI, solicitó una lista de los centros comunales y espacios recreativos sobre los cuales la ODSEC tiene jurisdicción. La petición fue hecha también al Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.
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A pesar de que la ODSEC y el Fideicomiso comunicaron en varias ocasiones que no poseen o tienen jurisdicción o titularidad de instalaciones en las comunidades especiales de Puerto Rico, posteriormente, la licenciada Thais Reyes Negrón, como Directora Ejecutiva de la ODSEC y Presidenta del Fideicomiso, otorgó al menos dos convenios de administración de centros comunales, instalaciones recreativas o instalaciones deportivas en las comunidades especiales de Puerto Rico, en los que se identificó al Fideicomiso como dueño de dichas propiedades.
Unos meses después, el CPI observó que en sus redes sociales, el FPCE anunció que firmó dos convenios de administración, mediante los cuales se compartió la administración de un gimnasio ubicado en la comunidad especial Las Curías, en el Municipio de San Juan, y el centro comunal Rosa E. Rivera de la comunidad Los Filtros, en el Municipio de Guaynabo.
Cuando el CPI preguntó cómo el FPCE podía llegar a esos convenios de administración con las juntas comunitarias cuando meses antes había indicado que ni la titularidad ni la jurisdicción de los centros les pertenecía, Márquez Montalvo indicó que tanto el centro comunal como el gimnasio fueron construidos con fondos del FPCE, aunque la titularidad era del DTOP.
Pero los convenios firmados no mencionan al DTOP o a Vivienda como titulares de las dos propiedades cedidas. Y Transportación negó ser el titular de esas propiedades. La agencia explicó al CPI que cuando se les encomendó adquirir activos en comunidades especiales a las agencias ejecutoras, como el DTOP y Vivienda, dichas transacciones se dieron en calidad de representantes del FPCE. “El Fideicomiso es en efecto propietario de ambas estructuras”, indicó por escrito el DTOP.
Por esta razón, el CPI demandó al Fideicomiso y a la ODSEC.
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“Al proveer información falsa al CPI, y de esa manera negarse a entregar la lista sobre las cuales ostentan titularidad o jurisdicción en las comunidades especiales de Puerto Rico, la ODSEC y el Fideicomiso han burlado y violentado el derecho constitucional de acceso a la información pública”, indica el mandamus.
“El acceso a la información pública es un derecho de las personas que vivimos en Puerto Rico, y debe tomarse en serio por las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Cuando una agencia miente reiteradamente, no nos deja otro remedio que denunciarla y exigir que cumpla con la ley”, afirmó la directora del CPI, Carla Minet.
El CPI es representado en este caso por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y sus abogados Luis José Torres Asencio, Steven Lausell Recurt, Jeffrey Martínez Aguiar, así como los estudiantes Jorge A. Flores Torres y Luis R. Piñero González.
