Bajo la administración del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló, la Oficina del Gobernador (OG) pagó $313,807 por el alquiler de 14 vehículos sin que mediara un contrato que estableciera las obligaciones de las partes, reveló una auditoría de la Oficina del Contralor, Yesmín Valdivieso.
Según el informe de la auditoría, publicado el pasado 31 de enero, seis de los 14 vehículos tenían una hoja de registro a nombre de la OG, pero esta no cumplía con los requisitos formales de contratación gubernamental. Mientras, los otros ocho, tenían un contrato pero entre el proveedor y el comité de su partido durante el periodo eleccionario. Para dichos vehículos se pagaron 114 facturas por $272,933. Estos vehículos eran utilizados por el gobernador, la primera dama, las escoltas y otros funcionarios de la OG.
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“Uno de los vehículos se le asignó al representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, a pesar de este ser miembro ex oficio de la Junta. Esta acción es contraria a las leyes y reglamentos aplicables ya que la asignación de vehículos está limitada a ciertos funcionarios públicos”, detalla el informe.
El domumento indica, además, que la Administración de Servicios Generales (ASG) es la agencia encargada de la administración de todos los vehículos de motor que sean utilizados por la Rama Ejecutiva. Su reglamento establecido en el 1986 (Reglamento de Adquisición de la Administración de Servicios Generales, RUL) prohíbe el arrendamiento de los vehículos de motor en exceso de los 90 días.
Sin embargo, el informe señala que la OG solicitó cuatro dispensas a la ASG y estas permitían eximir del RUL, (reglamento establecido por ASG), al contratista, para que la OG obtuviera el servicio de alquiler de vehículos por un período de 90 días. Todas, detalla la auditoría, se hicieron después de arrendar los vehículos.
Las justificaciones para solicitar las dispensas fueron “las malas condiciones en que se encontraban los vehículos de la OG y la seguridad y comodidad de la primera familia” y fueron realizadas entre el 3 de abril de 2017 y 23 de enero de 2019.
“Los administradores de la ASG aprobaron las dispensas de la OG a sabiendas de que no cumplían con las leyes y reglamentos de la propia ASG ya que el arrendamiento era continuo y lo que procedía era realizar una subasta pública. La OG tampoco contaba con la dispensa de la ASG para contratar fuera del Registro Único de Licitadores (RUL)”, detalla el documento.
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Los auditores realizaron un examen a 128 expedientes de comprobantes de pago e igual número de facturas por $318,302, presentadas para pago del 2 enero de 2017 al 3 de junio de 2019 por el proveedor por el arrendamiento de los 14 vehículos de motor así como de las dispensas. Se desprende del informe que para el pago de estas facturas se emitieron 70 desembolsos por $313,807 del 27 de abril de 2017 al 14 de agosto de 2019.
“Nuestro examen reveló lo siguiente: se pagaron 127 facturas por $313,807, por el arrendamiento de 14 vehículos sin contar con un contrato escrito en el que se establecieran, en forma clara y precisa, las obligaciones entre las partes, y que el mismo se hubiese registrado en la OCPR. Para 8 de los vehículos, en lugar de otorgar un contrato entre la OG y el proveedor, se mantenían los contratos formalizados con el comité y el partido durante el periodo eleccionario. Estos habían sido otorgados del 13 de junio de 2016 al 10 de diciembre de 2017″, detallaron.
“Para 20 comprobantes de desembolso y sus justificantes, el ayudante administrativo realizó las funciones de preinterventor, recibió las facturas de arrendamiento de vehículos de motor, preparó las órdenes de compra12 y las preintervino. Consideramos que dichas funciones son conflictivas”, añade.
Ayudante del Gobernador también cobraba por contrato en FIDA y Corrección
Por otro lado, el informe indica, además, que una funcionaria que nunca juramentó el cargo, ocupó el puesto de ayudante del gobernador desde el 1 de julio al 16 de agosto de 2019, al mismo tiempo que tenía un contrato vigente con el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA). Además, la funcionaria mientras estaba en el puesto como directora de la Oficina de la Primera Dama, formalizó un contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) efectivo el 1 de agosto de 2019.
“La empleada no cumplió con la prohibición de doble compensación ya que mientras devengaba $9,000 mensuales como funcionaria, facturó $8,887 al FIDA y al DCR por servicios prestados durante el mismo periodo en el cargo. Esta situación contraria al Código Político se debió a que el administrador y el director de Recursos Humanos no se aseguraron de que, al ocupar el puesto, no tuviera contratos con otras entidades gubernamentales”, sostuvo.
Pagaban alquiler de local sin contrato
El informe revela también que la OG pagó $90,862 por el arrendamiento de un local sin haber formalizado un contrato escrito en varios periodos del 2013 al 2018 y que fue utilizado como almacén. La OG pagó $54,331 en periodos no consecutivos entre el 2013 y 2016, y $34,531 del 2017 y 2018 por un inmueble de 2,616 pies cuadrados.
“Treinta y cuatro facturas por $56,3314 (61%) fueron por el arrendamiento de enero de 2013 a marzo de 2014, julio y agosto de 2014, y de julio de 2015 a diciembre de 2016, períodos para los cuales la OG no contaba con contratos escritos. Dichas facturas se pagaron del 11 de abril de 2013 al 29 de diciembre de 2016, y corresponden a la administración del gobernador incumbente durante dicho período”, detalla el informe.
“Veintidós facturas por $34,531 (39%) fueron por el arrendamiento de enero de 2017 a octubre de 2018, período para el cual la OG no contaba con contratos escritos. Dichas facturas se pagaron del 26 de abril de 2017 al 13 de diciembre de 2018, y corresponden a la administración del gobernador incumbente durante dicho período”, señala.
“Esta situación contraria a la ley y reglamentación aplicable, causó el pago indebido de $90,862 ya que, ante la ausencia de contratos escritos, no había obligación de pagar el arrendamiento”, indicó.
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