MADRID (AP) — Un tribunal español falló que Amazon violó as leyes laborales al obligar a más de 2.000 conductores de reparto a usar una aplicación que la empresa controlaba para programar trabajo y pagos, y exigirles usar sus propios autos y celulares para trabajar.
Amazon no podía tratar a los trabajadores que usaban su app Flex como independientes porque la subsidiaria española del enorme comerciante electrónico “asume la competencia para adoptar la totalidad de decisiones del servicio, fijando sus condiciones de ejecución y retribución, y las circunstancias de día, hora y tiempo invertido en la ejecución”, según el fallo publicado el viernes del tribunal laboral de Madrid.
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Amazon dejó de usar la app Flex en España en 2021.
El fallo del viernes es el resultado de una demanda presentada por el órgano de seguridad social de España tras una inspección laboral de 2019 en una instalación en Amazon. La agencia gubernamental intenta recuperar pagos que afirma que Amazon debió haber hecho a nombre de los conductores.
Desde hace mucho tiempo, Amazon argumenta que Flex es una plataforma intermediaria entre los trabajadores de reparto independientes y los clientes en España, más que un servicio de entrega en sí.
“Respetamos el fallo de la corte, pero no estamos de acuerdo y presentaremos una apelación”, dijo la empresa en un comunicado y agregó que trabajó con varias empresas de reparto.
“Entre 2018 y 2021, también colaboramos con algunos freelancers a través del programa Amazon Flex, que representó un pequeño porcentaje de los paquetes entregados en España”, agregó.
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El fallo de la corte es el más reciente en una serie de medidas legales en España cuyo objetivo es evitar que las empresas de comercio electrónico y aplicaciones de entrega clasifiquen a trabajadores como independientes cuando tienen poco control sobre sus horarios y ganancias.
El gobierno de coalición socialista de España aprobó en 2021 la “ley rider”, que clasificó a los conductores de entrega de alimentos como empleados de las plataformas digitales para las cuales trabajan.
“Esto supone un avance más de la jurisprudencia como mecanismo para llegar a la correcta adaptación las nuevas modalidades de trabajo” que aprovechan las aplicaciones, indicó el sindicato UGT de España, que respaldó la demanda.
El fallo citó una decisión del 2020 del Tribunal Supremo de España, que halló que la aplicación de entrega de alimentos basada en Barcelona, Glovo, ilegalmente trataba a los “riders” como independientes.
El ministerio del trabajo de España multó a Glovo con 57 millones de euros (62 millones de dólares) el mes pasado por infringir las mismas leyes laborales. Desde entonces, la empresa firmó un acuerdo con el gobierno regional de Madrid para entregar alimentos a personas vulnerables en la ciudad.
