El vertiginoso aumento en los precios de la canasta básica de alimentos por una combinación de factores nacionales e internacionales ha exacerbado los problemas de seguridad alimentaria que experimentan a diario miles de familias de escasos recursos económicos en Puerto Rico tras un lustro de calamidades naturales y sociopolíticas.
Según define el Banco de Alimentos de Puerto Rico (BAPR) “inseguridad alimentaria es el tiempo en que una persona no ha tenido la certeza de recibir alimentos o de no saber dónde conseguirlos”. A finales de 2022, la organización sin fines de lucro indicaba que alrededor del 35 por ciento de la población en Puerto Rico carecía de seguridad alimentaria, y el 50 por ciento de esa cantidad residía en la zona sur de la isla.
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Con solo ir al supermercado más cercano en cualquier punto de Puerto Rico podrá darse cuenta de cómo se han disparado los precios de las carnes, las frutas y verduras, el pan, la leche, el arroz y otros artículos de la canasta básica. Y mientras la canasta ronda los $161 en un archipiélago donde sobre el 85 por ciento de los alimentos que se consumen son importados, Puerto Rico se coloca fácilmente como uno de los países donde más costoso resultan los alimentos.
La Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado, presidida por la senadora Gretchen Hau, ordenó desde agosto de 2021, y a través de la Resolución del Senado 222, una investigación en cuanto al dramático aumento en los precios de los alimentos, sobre todo el costo de la carne fresca.
Metro intentó conversar con la senadora sobre los hallazgos de la investigación, pero esta no estuvo disponible. Sin embargo, contestó el pedido a través de una breve comunicación escrita.
“Luego del análisis de la información recibida entre las estrategias para abaratar los costos de la canasta básica, la comisión concluyó que promover el desarrollo económico de nuevos agroempresarios es crucial”, señaló la senadora en su misiva.
“A mayor competencia, mayor oferta y mayor libertad del consumidor de elegir productos. Fortalecer la división de estudios económicos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y Departamento de Agricultura (DA) para disminuir escenarios de competencia desleal, promover entre los comerciantes que se informe al consumidor sobre la procedencia de los alimentos y sobre el número de días que tardó en llegar a Puerto Rico, y fomentar la siembra de pastos mejorados de manera que haya mayor producción de carne local, permitiendo competir en el mercado y abaratar costos”, añadió.
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La senadora aclaró, sin embargo, que la medida aún se encuentra en el trámite legislativo, pero aseguró que son varias las medidas radicadas que buscan, de una forma u otra, evitar los aumentos y reconocer las dificultades que confrontan las familias puertorriqueñas para asumirlos, aunque no especificó qué medidas.
“De igual forma, la medida establece que el DACO identificara las estrategias a llevar a cabo para atender la problemática e identificara alternativas que permitieran proteger el bolsillo de los consumidores”, señala el comunicado.
En junio de 2021, el entonces secretario del DACO, Edan Rivera, promulgó la Orden 2021-012, titulada “orden para establecer criterios de monitoreo de precios de productos de primera necesidad” para consignar los criterios objetivos que conforman la canasta básica de alimentos para situaciones de emergencia en Puerto Rico.
Metro intentó sin éxito conseguir una reacción del nuevo titular del DACO, Hiram Torres Montalvo, sobre el estatus de esa orden.
Complicada situación
Pero mientras el destino de miles de familia se discute y se investiga en las altas esferas del país, la realidad en las comunidades menos privilegiadas es apremiante y necesita ser atendida de inmediato para evitar una crisis mayor.
El chef Iván Clemente, fundador de la entidad sin fines de lucro que busca erradicar la inseguridad alimentaria, El Comedor de la Kennedy, ilustró un cuadro poco alentador con respecto a la necesidad que muestran las familias que se acercan al comedor todos los lunes, miércoles y viernes.
“El costo de la comida ha subido brutalmente. Demasiado costosos los alimentos, ha habido merma de donaciones y los participantes van en aumento. Es complicada la situación”, indicó Clemente quien aseguró que reciben poco menos de 1,000 personas cada día que operan y esperan que el número siga en aumento.
“Nosotros no atendemos deambulantes ni usuarios de droga, así que todos los que vienen aquí son familias, ancianos, madres con sus niños. Lo único que podemos hacer para poder bregar con la situación es suplicar por más ayuda”, añadió.
Por su parte, la chef Luz Mercado, también parte del equipo de El Comedor de la Kennedy, aseguró que semanalmente están repartiendo 8,000 compras a familias necesitadas. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la chef no es la falta de alimento, sino el manejo de los alimentos y las condiciones en que se están consumiendo.
“En los últimos meses estamos recibiendo donaciones en paquetes sellados pero que están dañadas. El arroz, por ejemplo, viene dañado con gorgojos. Pero eso la gente no lo sabe hasta que echa el arroz en la olla y con el agua los gorgojos flotan. Si eres una persona de escasos recursos, como los ancianos que atendemos de 80 diferentes egidas, te lo vas a comer así porque no tienes para comprar más”, indicó a la vez que indicó que su organización presta particular atención en el manejo de alimentos para evitar ese tipo de situaciones.
Mercado mostró preocupación no solo por la manera en que los alimentos están siendo manejados en la cadena de distribución, sino por la falta de educación de las personas a la hora de manipular alimentos.
“Vivimos en una isla tropical, la mayor parte del tiempo la temperatura es calurosa y me preocupa mucho la gente que se está envenenando mucho por estar consumiendo alimentos contaminados. Aquí nos han traído carnes descongeladas y no se las aceptamos y es porque no hay educación en el manejo de alimentos”, añadió mientras aseguró que parte de los esfuerzos de El Comedor de la Kennedy es educar a sus participantes en cuanto a manejo de alimentos.
¿SNAP la solución?
Alberto Fradera, administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) – entidad gubernamental que tiene a cargo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) – explicó que tan reciente como en 2021, Puerto Rico recibió una asignación adicional de $400 millones del gobierno federal para atenuar el alza en el costo de la canasta básica de alimentos para las 800 familias que conforman los 1.4 millones de beneficiarios del PAN.
No obstante, el funcionario reconoció que esa cantidad no es suficiente para mitigar el impacto del alza de precios en las familias de escasos recursos económicos.
“La realidad es que para Puerto Rico esa asignación no es suficiente, hay que recordar que nuestro programa es un ‘block grant’, y al ser un ‘block grant’ no tenemos el mismo acceso a los fondos para poder asistir a las familias que en los demás estados”, indicó Fradera.
“En los demás estados los beneficiarios de asistencia nutricional básicamente reciben el doble de lo que recibe un participante aquí en Puerto Rico, y es política pública del gobernador, Pedro Pierluisi, que la isla haga una transición al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), que es el mismo programa que se administra en los demás estados”, añadió.
Fradera explicó que la implementación del SNAP – predecesor del programa de cupones de alimento o “food stamps que se utilizó en los Estados Unidos durante casi una década – permitiría que más personas fueran elegibles y se duplicaría el beneficio por familia.
Sin embargo, Puerto Rico participó previamente en el programa de cupones de alimentos desde que el mismo logró alcance nacional en 1974 y hasta que se reemplazó por el SNAP en 1982, cuando el entonces presidente republicano Ronald Reagan reemplazó el Programa de Cupones para Alimentos de Puerto Rico con una subvención en bloque que daría paso al PAN. Esta subvención formó parte de una reforma mucho más abarcadora que impuso grandes recortes, no solo a los cupones de alimentos sino también a otros programas de seguridad económica, que se hicieron a nivel federal durante la incumbencia del exgobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló.
Según indica el récord histórico, durante esa transición se fijaron niveles de financiación muy por debajo de lo que Puerto Rico había estado recibiendo bajo el Programa de Cupones para Alimentos.
