El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó el jueves que la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), presentó una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra Abarca Health LLC., administrador de beneficios de farmacias (PBM, por sus siglas en inglés).
Supuestamente, Abarca Health, cuyo presidente es Jason Borschow, se convirtió en el año 2018 en el intermediario entre el plan médico Triple S y las farmacias de la comunidad a las cuales enmendó sus contratos (efectivos al 1 de enero de 2019), para aumentar precios de varios medicamentos, basados en un “estudio exhaustivo de mercado”.
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Como consecuencia, los dueños de las farmacias de la comunidad elevaron sus denuncias al Departamento de Justicia. En su investigación para la querella, la agencia concluyó que Abarca Health no realizó ningún estudio para justificar el alza en los precios.
“Como parte de su función fiscalizadora, la Oficina de Asuntos Monopolísticos identificó un problema serio. Este PBM se valió de métodos injustos de competencia y actuaciones engañosas para cambiar las tarifas de los medicamentos y lograr la recontratación de su red de farmacias. Por lo que estamos solicitando al DACO que le impongan multas de 5 mil dólares por cada farmacia a la que le hicieron una falsa representación”, dijo el secretario en conferencia de prensa.
“Específicamente le imputamos a la PBM, una conducta engañosa para justificar las nuevas tarifas y lograr que las farmacias aceptaran los nuevos términos contractuales, mediante lo que constituye una falsa representación y un método injusto de competencia. Le estamos solicitando al DACO que ordene a Abarca Health el cese y desista de esta conducta, y que le imponga las multas y penalidades que correspondan”, añadió.
Por su parte, la directora ejecutiva de las farmacias de la comunidad, Linda Ayala, se expresó complacida con la determinación del Departamento de Justicia de investigar el reclamo, que al final afecta a los pacientes en su proceso de adquirir medicamentos.
“Cualquier cambio de tarifas o contractual afecta al paciente. Si tú antes me pagabas un medicamento a un precio y después me cambias como me lo pagas, eso siempre afecta al paciente. Esto afecta a todos los medicamentos, porque todos pasan a través del PBM. Las practicas del PBM, al no ser un ente regulado dentro de la cadena, sus prácticas no son totalmente transparentes. Al no ser totalmente transparentes no tienen la obligación la obligación de enseñarle a nadie nada y todo es como la fórmula de la Coca Cola, que nadie sabe cuál es, pero todos tenemos que pagar por ella”, expresó Ayala.
Ayala explicó que la ley que se supone regule los PBM (La Ley 82 de 2019) está detenida por la Junta de Control Fiscal (JCF), en espera de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) entregue una información requerida para su puesta en vigor.
