La crisis de los servicios médicos en Puerto Rico ocupa a diario titulares noticiosos. La llamada Reforma de Salud de los 90 se ha tornado en un sistema de salud costoso y sin fácil acceso a los servicios. Mientras, las personas con planes médicos privados también chocan con la falta de proveedores de salud y un crítico estado operativo de los hospitales. Hay un tercer sector en la población más vulnerable, pues no tiene ni el plan de salud del gobierno, ni un seguro privado.
Ante el riesgo de quiebra de varios hospitales principales, la propuesta de un plan médico universal vuelve a tomar relevancia a la luz de la discusión del Proyecto de la Cámara 113 en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por Sol Higgins Cuadrado. Sin embargo, y a pesar de que gran cantidad de países desarrollados han adoptado sistemas universales de salud, en Puerto Rico su sola mención provoca que el gobierno la descarte de inmediato.
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“Esto es una tragedia”, aseguró la representante. “A nadie le puede caber la menor duda de que el sistema médico de Puerto Rico no sirve, ni siquiera el propio gobernador. Aquí el sistema de salud colapsó, y me llama muchísimo la atención que el gobernador no haya declarado un estado de emergencia”, sostuvo Higgins Cuadrado.
Desde la academia, ayer se planteó el respaldo a la propuesta. La doctora Elba Díaz Toro, del Comité de Política Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) destacó la importancia de la creación de un plan de salud que permita darle acceso a una cubierta de servicios de salud abarcadora a toda la ciudadanía. Sin embargo, expuso que “reconocemos que hay que estudiar y evaluar el impacto fiscal y económico que pueda tener la creación e implementación del Seguro Nacional de Salud (SNS), particularmente el cubrir a la población no asegurada actualmente en Puerto Rico’'.
Férrea negativa del Gobierno
Durante las vistas públicas que realiza la Comisión de Salud, los representantes de la rama ejecutiva del Gobierno expresaron oposición total a la propuesta.
Según Félix Rodríguez Schmidt, subsecretario de Salud, la propuesta legislativa no es cónsona con los criterios de Medicaid. El funcionario aseveró que “bajo ningún concepto” el estado debe promover leyes “que pongan en riesgo fondos federales” en apoyo a programas de servicios de salud.
“Recomendamos que, para cumplir a cabalidad con la intención legislativa de este proyecto, se considere la relación y vinculación que tienen las leyes y reglamentos federales que, según nuestro mejor juicio en la materia, impactarán los beneficios para los 1.4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que participan del Programa de Medicaid”, dijo Rodríguez Schmidt durante su ponencia.
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Sin embargo, la representante Higgins Cuadrado aseguró que no existe evidencia empírica que sostenga la postura del Gobierno.
“Yo no puedo decir con certeza si eso que ellos exponen es cierto o no, pero para mí lo más importante es que, dentro de toda esta discusión, se escuche a todas las partes involucradas. Nadie quiere salir de los fondos federales si esa es la parte que va a ayudar, pero nosotros en Puerto Rico tenemos las herramientas para solucionar tantos problemas y a veces nos aferramos a fondos federales porque le quieren meter miedo a la gente de que sin esos fondos no vivimos”, indicó la legisladora.
“Definitivamente, aquí hay un sector de personas que quieren ocultar el desastre que hay en el sistema de salud de Puerto Rico”, añadió.
“Breaking Promesa”
Por su parte, el doctor Rafael Torregrosa, presidente del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud (CMSS), aseguró que la negativa gubernamental de buscar una alternativa a un plan de salud público oneroso violenta las estipulaciones de la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
“Este sistema es un fracaso, punto. Y la muestra más grande es que nosotros tenemos la Ley Promesa, que, en su Sección 201, ordena a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y al Gobierno a que se implementen medidas de gobernanza, responsabilidad fiscal y que se garanticen servicios básicos, incluyendo los servicios de salud”, aseguró el médico.
“Pero no se puede implementar política pública de gobernanza fiscal, de responsabilidad fiscal, y mucho menos garantizar los servicios, porque hay que proteger a las aseguradoras”, añadió.
Torregrosa calificó como absurda la negativa del gobierno de acoger la idea de un plan de salud universal que ha funcionado en otros países.
De hecho, ayer se presentó en vistas públicas un estudio realizado desde el 2010 por The Commonwealth Fund que comparó el desempeño del sistema de salud estadounidense con el objetivo de evaluarlo con el de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido. Los resultados demostraron que los países con los mejores sistemas de salud y mejor desempeño en general fueron Noruega, Países Bajos y Australia. Mientras, Estados Unidos ocupó el último lugar, a pesar de gastar mucho más de su producto interno bruto (PIB) en atención médica, en acceso a la atención, eficiencia administrativa, equidad y resultados de atención médica.
Sobre Puerto Rico, Torregrosa dijo a Metro que, desde que se implementó la Reforma de Salud en 1993, el gobierno de Puerto Rico ha “botado chavos”.
“El decir que una jurisdicción no puede tener un modelo que asegure a todo el mundo no es cierto. En las leyes federales existen provisiones para que los estados puedan hacer uso de los fondos Medicaid de la mejor manera posible. Lo que pasa es que ningún estado lo ha logrado porque el miedo es tan grande a lo desconocido... Pero este sistema ha funcionado en otros países. Esto no es teoría, esto es práctica en muchos países desarrollados”, añadió.
Más caro y mucho peor
Ibrahim Pérez, exdirector de Salud de San Juan y veterano experto en sistemas de salud, aseguró a Metro que los planes de salud universales han sido la tendencia mundial durante las pasadas dos décadas, mostrando una mejoría sustancial en los servicios de salud que estas jurisdicciones ofrecen a sus ciudadanos, contrario al existente modelo de Puerto Rico, que ha probado ser más caro y provee pésimos servicios médicos.
“Puerto Rico estaba número 14 en expectativa de vida en 1970 bajo el sistema Arbona, y ahora hemos retrocedido y estamos número 40. La prevalencia de enfermedades crónicas se ha duplicado, la diabetes estaba en 10 %, ahora está en 20 %. La hipertensión, que estaba en 20 %, ahora está en 40 %. La obesidad estaba en 20 % y ahora está en 35 %. Estamos hablando de que todos los factores de riesgo de enfermedades crónicas están en crecimiento y, por lo tanto, estamos menos saludables de lo que estábamos hace 30 años. Y estamos gastando cuatro veces más de lo que gastábamos”, explicó el médico.
Pérez argumentó que los sistemas de salud universales han probado ser sumamente efectivos tanto en países capitalistas como socialistas porque uniforma los servicios médicos a la población.
“No hay discrimen, todo el mundo recibe un trato igual y tiene acceso igual para los servicios de salud y, por lo tanto, la salud ha mejorado en esos países”, aseguró.
El experto subrayó, además, la inconformidad que han mostrado todos los sectores del país con el modelo de servicios de salud basado en la industria de seguros y destacó que hoy se ha cuatriplicado el gasto del sistema de salud público mientras atiende a menos personas.
“En el 1993, el sistema Arbona atendía a 2 millones de personas y eso costaba $1,000 millones al año. Ahora, estamos atendiendo a 1.3 millones de personas y gastamos $4,000 millones. O sea, hemos cuatriplicado el gasto con menos gente atendiéndose. Nos está costando mucho más y los resultados no han sido de mejoramiento en la salud. Con cualquiera de los criterios que se trate de evaluar la Reforma de Salud, simplemente no ha funcionado”, concluyó Pérez.
