WASHINGTON (AP) — La decisión del presidente Joe Biden de permitir que el FBI registrara su casa en Delaware la semana pasada lo expone a una nueva publicidad negativa y situaciones incómodas luego del descubrimiento de documentos con sellos de confidencialidad en su casa y antigua oficina, pero eso es parte de un cálculo jurídico y político que sus asistentes creen que dará frutos a largo plazo mientras él se prepara para buscar la reelección.
La excepcional búsqueda de casi 13 horas en la casa del presidente en funciones de Wilmington es el moretón político más reciente para Biden, quien prometió restaurar la decencia del cargo después del tumultuoso mandato de su predecesor, Donald Trump.
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Sin embargo, con sus acciones, Biden hace más que sólo cumplir con los detectives federales asignados que investigan el descubrimiento de los documentos. El presidente pretende demostrar que, a diferencia de Trump, él nunca tuvo la intención de retener material con sellos de confidencialidad: una distinción clave que, según los expertos, disminuye los riesgos de responsabilidad penal.
El vocero de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo el lunes que los propios abogados de Biden invitaron al FBI a realizar la búsqueda. “Esta fue una oferta proactiva voluntaria de los abogados personales del presidente al DOJ (Departamento de Justicia) para que tuviera acceso a la casa”, informó, agregando que reflejaba “cuán seriamente” se toma Biden el tema.
Mary McCord, una exfuncionaria sénior del Departamento de Justicia para seguridad nacional, expresó: “Si yo fuera abogada y representara al presidente de Estados Unidos y quisiera mostrar ‘estoy cooperando plenamente, me importa estar proyectando transparencia al pueblo estadounidense y sí me tomo esto en serio’, creo que este es el consejo que le daría también”.
Eso no significa que ella apruebe la forma en que Biden manejó los documentos.
“Creo que estuvo mal que tuviera esos documentos allí”, dijo. “Muestra fallas al final de la administración”, cuando Biden concluía su época como vicepresidente bajo el gobierno de Barack Obama.
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Los abogados personales de Biden descubrieron por primera vez los materiales confidenciales el 2 de noviembre, una semana antes de las elecciones intermedias, mientras desalojaban una oficina que Biden había usado en el Penn Biden Center en Washington. Desde ese descubrimiento inicial, el equipo de Biden ha adoptado un acercamiento cooperativo con la investigación, incluso si no ha sido completamente transparente en público.
La Casa Blanca ha citado el “riesgo” de compartir información “que no está completa” y que podría interferir potencialmente con la investigación para justificar el no revelar más información públicamente.
No reconocieron el primer descubrimiento antes de las elecciones, aunque notificaron rápidamente a la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés), devolvieron los documentos al día siguiente de que fueron encontrados y coordinaron búsquedas subsiguientes y descubrimientos con el Departamento de Justicia.
Tampoco se han interpuesto a las entrevistas al personal, incluida Kathy Chung, la asistente ejecutiva de Biden cuando él era vicepresidente y quien ayudó a supervisar el empaque de las cajas que se llevaron al Penn Biden Center.
Ella siente cierta responsabilidad, pero no tenía “absolutamente” ningún conocimiento sobre qué documentos con sellos de confidencialidad estaban siendo empacados, según una persona familiarizada con sus razonamientos. La persona habló bajo condición de anonimato para comentar una investigación en curso.
El propio Biden ha dicho que estaba sorprendido de que los documentos estuvieran en su propio poder. El jueves pasado, frustrado por toda la atención, dijo a los periodistas: “No hay nada significativo ahí”.
Todo encaja en un tema: Biden y sus colaboradores sostienen que el mal manejo de los documentos no fue intencional. En lo que respecta a la posible exposición jurídica de Biden, la cuestión de la intención es crítica: la ley federal no permite que nadie almacene documentos confidenciales en un lugar no autorizado, pero es un delito perseguible sólo cuando se descubre que alguien “a sabiendas” sacó los documentos de un lugar apropiado.
Sin embargo, dar la bienvenida a la búsqueda del FBI podría resultar contraproducente, dependiendo de qué más pueda descubrirse. La semana pasada, los agentes tomaron posesión de un grupo adicional de artículos con sellos de confidencialidad y algunas de las notas escritas a mano por Biden y materiales de sus mandatos como vicepresidente y senador.
Eso se suma a los documentos ya entregados por los abogados de Biden. Los agentes también podrían optar por registrar el Penn Biden Center y la otra casa de Biden en Rehoboth Beach, Delaware, mientras continúa la investigación. Sams se negó a decir si Biden aprobaría búsquedas adicionales y refirió el asunto al Departamento de Justicia, que pidió a la Casa Blanca que no informe sobre las búsquedas por adelantado.
Tanto demócratas como republicanos han criticado a Biden por la forma en que ha manejado el asunto. El senador Dick Durbin, representante demócrata por Illinois y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, dijo que el presidente debería estar “avergonzado por la situación”.
“Creo que debería arrepentirse mucho”, agregó el senador Joe Manchin, demócrata por Virginia Occidental. Incluso los propios abogados de Biden lo han llamado un “error”.
Mientras tanto, los republicanos han buscado usar sus nuevos poderes en la Cámara de Representantes, donde recuperaron la mayoría este mes, para investigar el manejo de los documentos por parte de Biden y esperan capitalizar la investigación, incluso después de que han dicho que no es prioritario investigar los documentos retenidos por Trump.
“Es preocupante que los documentos confidenciales hayan sido almacenados inapropiadamente en la casa del presidente Biden durante al menos seis años, lo que genera dudas sobre quién pudo haber revisado o tenido acceso a información secreta”, escribió James Comer, representante republicano por Kentucky y presidente de la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, al pedir los registros de visitantes a la residencia de Biden.
En respuesta a las solicitudes de Comer de contar con copias de los documentos tomados de la casa de Biden, la oficina del abogado de la Casa Blanca respondió el lunes que ya no los tenía en su poder. Dijo que la Casa Blanca “admitiría los intereses legítimos de supervisión”, y que a la vez “respetaría la separación de poderes y las obligaciones constitucionales y estatutarias del poder ejecutivo en general y de la Casa Blanca en particular”.
“Esta no es una transparencia ‘legítima’ del presidente Biden, quien una vez afirmó que tendría la administración más transparente de la historia”, declaró Jessica Collins, portavoz del Comité de Supervisión, quien agregó que los republicanos de los paneles utilizarían “todas las herramientas posibles” para obtener respuestas.
Trump y algunos de sus seguidores han sido tajantes y han alegado que Biden es culpable de un peor manejo de documentos confidenciales que el que hizo Trump, asegurando que los demócratas han acusado al exmandatario de una manera santurrona. El expresidente seguramente insistirá de forma enérgica en esa acusación mientras hace campaña para recuperar la Casa Blanca.
La investigación de Trump también se centra en documentos ultrasecretos que terminaron en una casa. En ese caso, sin embargo, el Departamento de Justicia emitió un citatorio para la devolución de documentos que Trump se había negado a regresar, y después obtuvo una orden judicial y confiscó más de 100 documentos durante una dramática búsqueda en agosto en su finca en Mar-a-Lago, Florida. Los agentes federales investigan posibles infracciones de tres leyes federales, incluida una que rige la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa bajo la Ley de Espionaje.
En 2016, cuando el FBI recomendó que no se presentaran cargos penales contra Hillary Clinton por los correos electrónicos secretos que envió y recibió a través de un servidor particular cuando era secretaria de Estado, el entonces director del FBI, James Comey, dijo que el Departamento de Justicia, al elegir qué casos atraer a lo largo del siglo pasado, ha buscado evidencia de intención delictiva, indicios de deslealtad a Estados Unidos, retención de grandes cantidades de documentos secretos o cualquier intento de obstruir la justicia.
No está claro si los agentes en la investigación de Biden han avanzado más allá de la cuestión de la intención. La Casa Blanca no ha respondido a preguntas clave, incluida cómo información con sello de confidencialidad de su época como vicepresidente pudo haber terminado en su casa de Delaware. No obstante, el secretario de Justicia, Merrick Garland, nombró a un fiscal especial para encabezar la investigación, dada la política delicada que la rodea.
En respuesta a una pregunta, Garland declaró el lunes: “No tenemos reglas diferentes para demócratas o republicanos... Aplicamos los hechos conforme a la ley en cada caso de manera neutral y no partidista. Eso es lo que hacemos siempre y eso es lo que estamos haciendo en los asuntos a los que usted se refiere”.
Una prueba clave de los límites de la estrategia de Biden gira en torno a la cuestión de si el presidente aceptará dar una entrevista con investigadores federales si así se le solicita. Hasta ahora, los funcionarios de la Casa Blanca se han negado a decir si lo haría o bajo qué términos.
