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Avalan campaña educativa para dar a conocer derechos de la comunidad sorda en los tribunales

La pieza legislativa es de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago

Una mujer enseña lenguaje de señas a un niño acompañado de su cuidadora.

En busca de visibilizar más a la comunidad sorda del país, el Senado de Puerto Rico avaló, durante los trabajos de la quinta Sesión Ordinaria, la Resolución Conjunta del Senado 255 que busca que dicha comunidad conozca sus derechos en los tribunales y foros adjudicativos.

La pieza legislativa es de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y ordena a la Oficina de Administración de los Tribunales, al Departamento de Justicia, al Negociado de la Policía de Puerto Rico y a la Oficina de Enlace con la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico a desarrollar una campaña educativa, en coordinación con entidades expertas en el tema. La intención de la medida es dar a conocer los derechos de la comunidad sorda en los tribunales y foros adjudicativos.

Según lee la exposición de motivos de la resolución, “aunque el historial legislativo anterior representa un gran avance en la lucha constante por hacer valer los derechos de la comunidad sorda, aún quedan espacios por cubrir. Por ejemplo, es imperativo el llevar a cabo campañas educativas a través de medios informativos conocidos y que sean conformes a las necesidades de esta comunidad”.

Por otro lado, el Alto Cuerpo le dio paso al Proyecto del Senado 353, de la autoría de la senadora del Partido Popular Democrático, Migdalia Gonzales Arroyo y del senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe Ramos, para añadir un capítulo al Código de Incentivos de Puerto Rico. Con esto se pretende que la otorgación de todos los incentivos y exenciones dispuestas en dicho Código, que afecten o correspondan a los municipios, tendrán que avalarse mediante ordenanza municipal.

Mediante la medida se establece que el Municipio, a través de una ordenanza municipal, “será quien establezca si confiere o no, cualquier incentivo o exención aplicable. Cuando un individuo solicite los beneficios de este Código, el Secretario del DDEC notificará al Municipio afectado, concediéndole 30 días calendario para que este notifique su decisión respecto a los incentivos y exenciones solicitadas”.

Durante su turno, el senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, defendió la medida y expresó que “este proyecto le da precisamente la facultad a los municipios para que pueden evaluar si se puede dar o no esos decretos… los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con los alcaldes, hay que buscar la forma de que los alcaldes tengan las herramientas en las manos… no todo los 78 municipios tienen la oportunidad de que se otorguen decretos, este proyecto es justo y necesario para que los alcaldes tengan las herramientas y hacerles justicia”.

Por su parte, la senadora por la delegación de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dijo que “este proyecto, lamentablemente, lejos de atraer la inversión, hace todo lo opuesto… mediante esta legislación estaríamos convirtiendo a los 78 municipios en 78 países… esto a todas luces nos debe plantear si esta medida abona a la sana gobernanza y en esencia al desarrollo económico… me preocupa que lejos de desarrollar una política económica coherente, [sea todo lo contrario] en esencia me parece que es mala política pública que aquí se propone”.

También, se aprobó el Proyecto del Senado 796 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago y la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, para enmendar la Ley para Reglamentar la Profesión de Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de Diagnóstico y Tecnólogos en Radioterapia en Puerto Rico, a los fines de incluir nuevas definiciones y requisitos relacionados con el ejercicio de la profesión de los tecnólogos radiológicos.

Del mismo, se aprobó la Resolución del Senado 318, de la senadora Ada García Montes, que propone ordenar al secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor llevar a cabo todas las gestiones administrativas requeridas por virtud de las leyes o reglamentos aplicables a los efectos de declarar e incluir el alimento para perros y gatos como un artículo de primera necesidad en Puerto Rico.

“Los animales son parte de nuestra vida diaria en comunidad, y su alimento es considerado uno de los productos primarios en la mayoría de los hogares puertorriqueños. Por lo que, al momento de una emergencia o desastre, requiere tomar diferentes medidas para mantener seguras a nuestras mascotas, en particular su alimentación y el agua, elementos básicos para la supervivencia de todo ser vivo”, lee la medida.

Otra medida avalada por el Senado fue el Proyecto del Senado 964 que busca crear la Ley para Fomentar el Sistema de Alcantarillado Sanitario en Puerto Rico, a los fines de fomentar el uso de este sistema en todos los hogares en Puerto Rico y para otros fines relacionados.

“En cuanto a la infraestructura sanitaria, más de la mitad de la población de Puerto Rico carece de servicio de alcantarillado sanitario. Peor aún, un estudio realizado por la EPA demostró que el 90% de los pozos sépticos operan deficientemente. Estas descargas de aguas usadas sin tratar o parcialmente tratadas son la causa principal de que el 60% de los ríos y quebradas no cumplan con las normas de calidad de agua”, dice en su exposición de motivos el proyecto.

De igual forma, se le dio paso al Proyecto del Senado 965 que pretende crear la Ley de Política Pública para Fomentar y Educar sobre la Instalación de Techos Verdes, a los fines de establecer un programa para fomentar y educar sobre las ventajas de implantar techos verdes; establecer prioridades por zonas y para otros fines relacionados.

Finalmente, se les dio paso al Proyecto del Senado 1008, la Resoluciones Conjuntas 273 y 278; así como el Proyecto de la Cámara 989.

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