Con la determinación de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) para privatizar la generación de la energía eléctrica en Puerto Rico con poca información pública al respecto, aún queda una medida en el tintero en la Cámara de Representantes que, entre otras disposiciones, obligaría a la agencia a ser más transparente a la hora de entrar en acuerdos con empresas.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1431, que fue radicado en agosto del año pasado por el representante independiente Luis Raúl Torres Cruz y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
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La legislación recoge varias disposiciones que fueron incluidas en otras medidas que luego fueron vetadas por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, como que toda APP debe ser confirmada por la Asamblea Legislativa y que la agencia debe brindar más información sobre las APPs pendientes.
“El elemento básico de la medida que tiene es que las APP tendrán que ser creadas con compañías que aporten inversión. Otra de las cosas es que no se use dinero público para formar corporaciones”, sostuvo Torres Cruz durante una conversación con este medio.
La medida también incluye cambios como requerir información necesaria para entender la viabilidad de la APP que esté en negociaciones y que la información sobre los licitadores sea publicada con dos meses de anticipación previo a la toma de decisión.
El último movimiento que tuvo la medida en el trámite legislativo es que fue referida a Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, pero ante lo ocurrido el domingo, cuando la Junta de la AAPP aprobó de manera unánime la privatización de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que generan energía a la Isla, renace la posibilidad de que entre en discusión.
La medida, con el escenario actual, le pareció favorable al representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Víctor Parés Otero, quien también encontró el esquema actual como menos favorable para la transparencia.
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“Creo que la Asamblea Legislativa debería tener información de a quien se le adjudicó siempre y cuando no se afecte la transacción”, sostuvo el legislador durante una entrevista telefónica con Metro Puerto Rico.
Parés Otero también preside la Comisión a la que la legislación fue referida.
“Deberíamos mirar la Ley 29 para que después de que adjudiques la APP, puedas darle información a la Asamblea Legislativa los detalles y así estar en mejor posición… Puede que al País no le moleste que adjudiques la transacción a una compañía de generación. Lo que puede molestar es que después de que adjudiques, no nos compartas información a nosotros”, agregó.
Actualmente, la ley que habilita la AAPP, la Ley 29, establece un proceso confidencial como parte de las negociaciones para crear una alianza. Tal fue el caso que se observó el domingo, cuando la Junta de la AAPP aprobó la privatización de la generación.
La determinación se tomó de manera unánime, con la inclusión de los dos representantes del interés público en el cuerpo rector, Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, según el director de la agencia, Fermín Fontanés.
Este medio intentó obtener una reacción de Ortiz Camacho en torno a la decisión, pero esta optó por no emitir declaraciones en lo que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tome una decisión al respecto.
“Yo no voy a entrar en más expresiones sobre el tema. Se atendió en su momento y la P3 envió su comunicado. Cuando el proceso culmine, emitiré expresiones”, sostuvo la funcionaria ante preguntas de este diario.
Entretanto, Ferrer Ríos, por su parte, sostuvo durante una entrevista con Radio Isla que, ante las críticas por la determinación, el funcionario no tiene el deber que reunirse con legisladores de cualquier partido dado a que las reuniones son confidenciales.
“Yo no tengo ningún deber de reunirme con ellos (los legisladores) y explicarles nada sobre lo que yo hago en la junta de directores y en la toma de decisiones”, dijo el exlegislador ante preguntas del periodista Julio Rivera Saniel.
Tanto Ortiz Camacho como Ferrer Ríos no difundieron detalles adicionales sobre el acuerdo.
La privatización de la energía eléctrica en Puerto Rico surge luego de un año y medio contencioso por la privatización de la distribución que actualmente es responsabilidad de la empresa LUMA Energy.
Como parte de la determinación del domingo se dio a conocer que la empresa Genera PR fue seleccionada como para la generación y el mantenimiento de la unidades generatrices de la AEE.
No obstante, la subsidiaria del consorcio, New Fortress Energy, mantiene una deuda millonaria con el gobierno por incumplimiento con el suplido de gas natural en las unidades 5 y 6 de San Juan para la que fue contratada.
Ayer, este medio publicó que fuentes de este medio indicaron que New Fortress Energy apagó su terminal de gas natural entre octubre de 2021 y abril de 2022, por lo que la AEE entabló una reclamación de $35 millones, aproximadamente, por el cobro del reembolso de la diferencia del costo entre gas natural y el diesel en la que tuvo que invertir.
