Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación el pasado viernes contra Javier Delgado-Padín, un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional, por presuntamente recibir y aceptar algo de valor, a cambio de que cumpliera con sus deberes oficiales e hiciera una declaración falsa.
Según documentos judiciales, en marzo de 2020, Delgado-Padín, un agente federal con aproximadamente 19 años de servicio, aceptó dinero por su asistencia con el estatus migratorio de F.A. en Estados Unidos, quien era nacional de República Dominicana residente en los Estados Unidos.
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El segundo cargo de la acusación formal alega que, en septiembre de 2018, el demandado hizo deliberada y conscientemente una declaración falsa, ficticia y fraudulenta en una solicitud de préstamo presentada al Plan de Ahorro para la Jubilación de Empleados Federales (conocido como TSP) al declarar que no estaba casado en una solicitud de préstamo por aproximadamente $49,140, cuando sabía que estaba legalmente casado en ese momento, lo que requería el consentimiento de su cónyuge para recibir un préstamo de su cuenta TSP.
“Investigar y enjuiciar a los funcionarios gubernamentales que abusan de sus puestos de confianza para recibir obsequios y gratificaciones ilegales o que cometen fraudes seguirá siendo una de las principales prioridades del Departamento de Justicia y de esta oficina”, dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
“La Oficina del Inspector General del DHS continuará trabajando con la Oficina del Fiscal Federal y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar e investigar agresivamente las denuncias de corrupción para proteger nuestras fronteras y la integridad del personal, los programas y las operaciones del DHS”, dijo el Dr. Joseph V. Cuffari, Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.
Delgado-Padín hizo su comparecencia inicial ante la corte hoy ante la Jueza Magistrada de los EE. UU. Giselle López-Soler del Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Puerto Rico.
Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
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El Departamento de Seguridad Nacional - Oficina del Inspector General está investigando el caso y el FBI, la Oficina de Campo de San Juan, la Unidad de Corrupción Pública colaboró durante el arresto.
La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy está procesando el caso. Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
