A la luz de que dos principales hospitales de la capital recientemente se acogieron a la Ley de Quiebras para reorganizar sus finanzas, la senadora Keren Riquelme, como portavoz de la Comisión de Salud del Senado, citó una reunión con directores de hospitales y centros 330 para tomar el pulso de la situación financiera de los 68 hospitales que tiene Puerto Rico.
Durante la reunión, en la que participaron representantes del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), del Grupo HIMA San Pablo, del San Juan Children and Women Hospital, del Departamento de Salud (DS) y de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), se expusieron varias situaciones que han redundado en la quiebra de, hasta ahora, dos hospitales.
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“Todos tenemos un punto en común y es que queremos que el sistema de salud de Puerto Rico funcione”, señaló la senadora al inicio de la conversación. “Y un componente esencial de este sistema de salud son los hospitales. Todos estamos en la misma posición de querer echar hacia adelante esto y ver de qué manera, a nivel legislativo o funcionando como un enlace, podemos hacernos disponibles para resolver estas situaciones”.
El grupo de expertos de la industria de la salud coincidió en que la necesidad de modernización de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, apoyo del gobierno a los hospitales que también sirven como centros educacionales para médicos, otorgación de préstamos a bajo interés, la disminución de los costos de agua y electricidad, estimular la resiliencia de los hospitales y mantener y mejorar las exenciones contributivas otorgadas a las instituciones médicas, son los aspectos más apremiantes de los problemas que confronta el sistema de salud de Puerto Rico.
“El problema de los hospitales, entendemos, es un problema que hay que atender holísticamente como parte de un sistema. No podemos sacar al hospital solo para resolver su problema porque estaríamos dejando atrás un sinnúmero de situaciones que están pasando dentro de la industria de la salud como son la falta de médicos, las aseguradoras, los pagos, la regulación. O sea, sacar al hospital fuera de este marco no resuelve el problema, hay que manejarlo todo simultáneamente con los demás aspectos”, señaló Jorge Pesquera, presidente del CASS, que representa a más de 800 administradores de servicios de salud licenciados por el DS para administrar instalaciones hospitalarias y otras relacionadas a la industria de la salud.
“Por ejemplo, tenemos que atender la escasez de médicos de manera simultánea con los demás problemas porque entendemos que un hospital sin médicos no puede funcionar porque es el médico quien trae los pacientes al hospital. Y uno de los mas grandes problema que tienen los hospitales es que no están llegando los pacientes”, añadió.
En el caso de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, Pesquera señaló que es imperativo agilizar y modernizar sus procesos ya que representa un tropiezo para que los médicos recién graduados se queden en la isla y no migren hacia los Estados Unidos.
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“Que no se dilaten tanto los procesos de licenciar a los médicos, lo mismo cuando los hospitales solicitan permisos. Esa Junta necesita ser ágil. Que un médico recién graduado tenga que esperar seis meses para ejercer es inaceptable. Que tengan los métodos electrónicos, modernos, que puedan agilizar este proceso”, indicó.
Del mismo modo, el portavoz del CASS indicó que se debe establecer mediante ley que los hospitales que también operan como centros de educación y práctica para los médicos (hospitales “teaching”) reciban incentivos y ayudas del gobierno.
“La razón es que ese médico residente le sale mas costoso al hospital que un médico con experiencia porque ese médico esta en un proceso de aprendizaje y cuando atiende al paciente, en vez de hacerle uno o dos estudios a cada uno, hace tres o cuatro para garantizar que su opinión clínica está validada porque no tienen el peritaje de un médico que lleva 20 o 30 años ejerciendo”, explicó.
“También se le debe otorgar a hospitales y clínicas préstamos a bajo costo de interés o garantizados por el gobierno para que los bancos puedan prestar. Cuando los fondos federales están llegando a su ‘Medicare Cliff’, los bancos suben sus intereses al haber más riesgos”, añadió en referencia al abismo de Medicare que se crea al haber algún aumento en los ingresos y que redunda en una prima significativamente más alta.
Asimismo, Pesquera mencionó que el establecimiento de una tarifa especial en los servicios de agua y energía eléctrica a los hospitales aliviaría significativamente los problemas financieros de estas instituciones, así como permitirles a los propios hospitales exigirle el cobro adeudado a los planes médicos privados que hayan mantenido más de 12 en un proceso de “aging”.
“Los cierres se están tardando tres o cuatro años. Esto lo que ocasiona es que se transe por menos dinero con la aseguradora ante tanta espera y el hospital no recibe la compensación que necesita y crea un menoscabo”, denunció el portavoz del CASS.
Reclamaciones limpias
El comisionado de seguros, Alexander Adams, aseguró por su parte que desde que comenzó su gestión al frente de la OCS, comenzó con una estrategia de monitoreo mensual de las disposiciones de pago puntual de las aseguradoras para exigirles que se paguen en un periodo de 30 días las reclamaciones limpias y procesables, como señala la ley.
“Yo no favorezco que se negocien acuerdos por debajo de lo que se adeuda porque, precisamente, eso es lo que crea a la larga un menoscabo y un déficit operacional en muchas facilidades de servicio así que si se deben 100,000, son 100,000 los que hay que pagar”, señaló Adams.
El comisionado dijo que esa estrategia de monitoreo en el sector privado ha logrado que hospitales y otros centros de salud recuperaran hasta el momento $7.1 en deudas pendientes dentro del sector comercial de la salud.
“También activamos procedimientos de auditoria para poder entrar las cuentas ‘ready to pay’ dentro de lo que es el Plan Vital. Por primera vez la OCS entró bajo el fundamento legal de que tenemos la capacidad, establecida por legislación federal, para monitorear la solvencia económica de todas las compañías de seguro que hacen negocios en Puerto Rico. Bajo ese fundamento legal entramos a auditar los aseguradores que hacen negocio en Vital y Medicare Advantage”, indicó el funcionario.
“Al día de hoy, se han materializado $34 millones adicionales en pagos que estaban ya reconocidos en las cuentas de las compañías de seguros. Las aseguradoras que trabajaban con el Plan Vital estaban ellos mismos estableciendo estas cuentas como ‘ready to pay’ así que lo que le dijimos es que si ya estaban listas para ser pagadas, pues que las pagaran.
Sin embargo, Armando Rodríguez, presidente del Grupo HIMA San Pablo denunció que las compañías de planes médicos privados mantienen control absoluto de las facturas y la ley no estipula concretamente qué representa una reclamación limpia o “clean claim”.
“El problema es que las aseguradoras se inventan un crédito todos los meses porque la ley no establece lo que es un ‘clean claim’’. Habla del ‘clean claim’, todas las leyes hablan de eso, pero en ningún momento se establece que es un ‘clean claim’. Así que si yo tengo el control del juego, cambio las reglas del juego y todos los días es ‘foul’”, lamentó Rodríguez.
