La designada procuradora de las mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, dirige la mirada a la fiscalización de los programas que trabajan con la reeducación de los agresores, los que a su juicio no han dado cuentas de sus ejecutorias y efectividad.
Rivera Sierra adelantó que se debe hacer una evaluación “de lo que está ocurriendo con los programas que por tantos años no se ha mirado”.
PUBLICIDAD
“No se ha atendido, no nos han dado cuentas de lo que se ha estado haciendo y de su efectividad. Así que eso va a ser una prioridad para mí como procuradora”, reveló.
Señaló que contrario a las organizaciones que trabajan con las víctimas de maltrato, los programas de desvío para los agresores no son fiscalizados.
“Yo que vengo del lado de las organizaciones, nosotros somos altamente fiscalizados, tenemos que rendir informes mensuales, trimestrales, anuales sobre el uso de los fondos, pero también sobre los servicios que ofrecemos y no ocurre lo mismo de la otra parte. Esto es un servicio que está reglamentado, que tienen que emitirse unas licencias y yo quiero, y es una de las cosas que dialogué con el gobernador, que nosotros podamos recomendar rápidamente, personas que puedan ocupar los puestos que están vacantes de la Junta Reglamentadora de los Programas de Desvío para comenzar a trabajar con la Junta y que nosotras podamos delinear un plan de acción y hacer ese proceso de fiscalización de estos programas y que nos dejen saber que haya transparencia, que sepa la ciudadanía cuál es la efectividad de estos programas y cómo se han estado atendiendo a los agresores”, sostuvo.
Indicó que realizaría las evaluaciones para determinar si se deben cambiar modelos, procesos o protocolos.
“Hay que darle esa mirada porque por muchos años, no se ha estado atendiendo y se ha dejado que estos programas trabajen por su lado sin tener esa mirada de esta oficina”, puntualizó.
PUBLICIDAD
Busca nombrar Consejo Consultivo en la OPM
De otra parte, en respuesta a si se debería retomar el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), Rivera Sierra señaló que este se creó luego que el gobernador Pedro Pierluisi decretara un estado de emergencia por violencia machista y que el país no puede estar cuatro o cinco años bajo ese estado. En su lugar, manifestó que buscaría nombrar un consejo consultivo para buscar soluciones a la violencia de género en la Isla, una de las facultades dentro de la estructura de la OPM que lleva años sin ejecutarse.
“Le compete a esta oficina, que tiene dentro de sus facultades y dentro de su estructura, el que se nombre un consejo consultivo que por muchos años ha estado sin nombrar. Así que una de las cosas que una dialogué con el gobernador es que podamos recomendar cuáles van a ser estas mujeres que van a componer este consejo consultivo para que nosotros podamos continuar ese proceso una vez termine el estado de emergencia decretado por el gobernador y la implementación que tiene que llevar a cabo la oficial de cumplimiento de PARE, Ileana Espada para que nosotros podamos asumir, y pase a nuestra oficina todo lo que son los trabajos que realizaron a través de PARE, y podamos llevar a cabo ese proceso de evaluación, fiscalización y recomendaciones de lo que se estuvo haciendo y de ahí partir de un nuevo plan de trabajo”, dijo.
