KIEV, Ucrania (AP) — Diez meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, pruebas abrumadoras demuestran que los soldados del Kremlin han librado una guerra total, haciendo caso omiso de las leyes internacionales que rigen el trato a los civiles y la conducta en el campo de batalla.
Ucrania está investigando más de 58.000 posibles crímenes de guerra rusos: asesinatos, secuestros, cañoneos indiscriminados y agresiones sexuales. Los informes de The Associated Press y “Frontline”, registrados en una base de datos pública, han verificado de forma independiente más de 600 incidentes que parecen violar las leyes de la guerra. Algunos de esos ataques fueron masacres en las que murieron decenas o centenares de civiles y, en su conjunto, podrían dar cuenta de miles de crímenes de guerra individuales.
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Como dijo a la AP Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya, “Ucrania es una escena del crimen”.
Sin embargo, esa extensa documentación se ha topado con una dura realidad. Aunque las autoridades han acumulado una cantidad asombrosa de pruebas —el conflicto es uno de los más documentados de la historia de la humanidad—, es poco probable que arresten pronto a la mayoría de quienes apretaron el gatillo o propinaron las palizas, y mucho menos a los comandantes que dieron las órdenes y a los líderes políticos que sancionaron los ataques.
Las razones son múltiples, según los expertos. Las autoridades ucranianas se enfrentan a dificultades serias para reunir pruebas irrefutables en una zona de guerra. Y la mayoría de los presuntos criminales de guerra han eludido la captura y se encuentran a salvo tras las líneas rusas.
Incluso en los procesamientos judiciales que han tenido éxito, los límites de la justicia son evidentes hasta ahora. Tomemos el caso de Vadim Shishimarin, un comandante de tanques de 21 años con cara de niño que fue el primer ruso juzgado por crímenes de guerra. Se entregó en marzo y en mayo se declaró culpable en un tribunal de Kiev de dispararle en la cabeza a un civil ucraniano de 62 años.
El deseo de alguna combinación de justicia y venganza era palpable en aquella sala. “¿Se considera usted un asesino?”, gritó una mujer al ruso mientras éste permanecía inclinado hacia delante con la cabeza apoyada en el cristal de la jaula en la que estaba encerrado.
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“¿Y qué hay del hombre en el ataúd?”, agregó otra voz, más aguda. Un tercero exigió al abogado defensor que explicara cómo podía luchar por la libertad del ruso.
El joven soldado fue condenado primero a cadena perpetua, que se redujo a 15 años en apelación. Los críticos dijeron que la pena inicial era excesivamente dura, dado que confesó el crimen, dijo que sólo cumplía órdenes y expresó remordimiento.
Sin embargo, los fiscales ucranianos aún no han podido acusar a los altos comandos de Shishimarin ni a quienes lo supervisaban. Desde marzo, Ucrania ha nombrado sospechosos a más de 600 rusos, muchos de ellos altos cargos políticos y militares, entre ellos el ministro de Defensa Sergei Shoigu. No obstante, hasta ahora, los más poderosos no han caído bajo custodia ucraniana.
“Sería terrible encontrar un escenario en el que, al final, se condenara a unas pocas personas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad quienes fueran militares de bajo o medio rango o paramilitares, pero la cúpula quedara impune”, afirmó Philippe Sands, un destacado abogado británico especializado en derechos humanos.
A lo largo de la guerra, los líderes rusos han negado las acusaciones de brutalidad.
El embajador de Moscú ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que ningún civil fue torturado ni asesinado en el suburbio de Bucha, en Kiev, a pesar de la meticulosa documentación de las atrocidades por parte de la AP, otros periodistas e investigadores de crímenes de guerra allí.
“Ni una sola persona local ha sufrido ninguna acción violenta”, agregó, calificando las fotos y el video de cuerpos en las calles como “una burda falsificación” puesta en escena por los ucranianos.
Tales declaraciones han sido fácilmente refutadas por autoridades ucranianas e internacionales, grupos de derechos humanos y periodistas que han documentado meticulosamente la barbarie rusa desde que el Kremlin ordenó la invasión no provocada en febrero.
Como parte de ese esfuerzo, la base de datos de la AP y Frontline, llamada “War Crimes Watch Ucrania” ofrece un catálogo contemporáneo de los horrores de la guerra. No es una contabilidad completa. AP y Frontline solo incluyeron incidentes que pudieron verificarse con fotos, videos o relatos de testigos de primera mano. Hay cientos de incidentes reportados de posibles crímenes de guerra en los cuales no hubo suficientes pruebas disponibles públicamente para confirmar de forma independiente lo que sucedió.
Aun así, la base de datos resultante detalla 10 meses de ataques que parecen violar las leyes de la guerra, incluidos 93 ataques contra escuelas, 36 donde murieron niños y más de 200 ataques directos contra civiles, incluida la tortura, el secuestro y el asesinato de civiles, así como la profanación de cadáveres. Entre los objetivos de Rusia: iglesias, centros culturales, hospitales, instalaciones alimentarias e infraestructura eléctrica. La base de datos cataloga cómo Rusia utilizó bombas de racimo y otras armas indiscriminadamente en barrios residenciales y para atacar inmuebles que albergan a civiles.
Una investigación de AP reveló que el bombardeo ruso de un teatro en Mariúpol, que estaba siendo utilizado como refugio civil, probablemente mató a más de 600 personas. Otro mostró que en los primeros 30 días después de la invasión, las fuerzas rusas atacaron y dañaron 34 instalaciones médicas, lo que sugiere un patrón y una intención.
“Eso es un crimen contra las leyes de la guerra”, declaró Stephen Rapp, exembajador general de Estados Unidos para crímenes de guerra. “Una vez que alguien está lesionado, tiene derecho a atención médica. No puedes atacar un hospital. Esa es la regla más antigua que tenemos en el derecho internacional”.
Los expertos alertan que Rusia, bajo el presidente Vladimir Putin, ha ignorado repetidamente las reglas establecidas por las Convenciones de Ginebra, una serie de tratados que dictan cómo los países en guerra deben tratar a los ciudadanos de los demás, y el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional y definió crímenes de guerra específicos y crímenes contra la humanidad.
“Estos abusos no son actos de unidades deshonestas. Más bien, son parte de un patrón profundamente inquietante de abuso congruente con lo que ya hemos visto de los compromisos militares anteriores de Rusia, en Chechenia, Siria y Georgia”, lamentó Beth Van Schaack, embajadora general de Estados Unidos para la Justicia Penal Global, al hablar este mes en la Corte Penal Internacional en La Haya.
