LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte desea ir a otros países para recabar respaldo internacional y aclarar dudas sobre su ascenso al gobierno tras la destitución de su antecesor Pedro Castillo, según explicó el martes la canciller Ana Gervasi.
Un primer destino que se plantea Boluarte es Brasil para la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva el 1 de enero, pero requiere permiso del Congreso peruano para viajar.
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“Es una ocasión sumamente importante para que la señora presidenta pueda llevar personalmente el mensaje de la normalidad democrática y constitucional que se vive en el Perú y ejercer la diplomacia presidencial, que es importante”, dijo Gervasi a la agencia oficial de noticias Andina sobre la intención de la mandataria peruana de partir a Brasil.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fue destituido por el Congreso tras intentar disolverlo con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. Los legisladores la juramentaron por ser la sucesora prevista en la Constitución.
Castillo fue detenido y está preso mientras las autoridades lo investigan por presunta rebelión y conspiración. Estos hechos generaron protestas en Perú, que han dejado 27 muertos y cientos de heridos. Los manifestantes exigen nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte. Los simpatizantes de Castillo piden su liberación.
Gervasi destacó que el viaje a Brasil ayudará “a dejar de lado ciertas dudas que pueden tener algunos países respecto a lo que sucedió constitucionalmente en el Perú”. Con esa salida, explicó, Boluarte busca dar a otros países un mensaje político de que en Perú se sigue trabajando y "estamos en una normalidad democrática constitucional”.
Para salir del país, Boluarte debe resolver quién se encargará de su despacho en su ausencia. La Constitución da ese papel al vicepresidente, pero en este momento no hay. Ante esto, presentó un proyecto para que el presidente del Congreso asuma ese encargo, iniciativa que genera controversia y atiza sospechas de que existan acuerdos previos con un sector legislativo.
