Un exoficial de la Policía de Puerto Rico fue declarado culpable el pasado martes por agredir a un menor de edad y luego intentar encubrir el abuso falsificando un informe de la policía y haciendo declaraciones falsas a otro agente.
Luego de un juicio de una semana, el ex oficial de la Policía de Puerto Rico (POPR) José Cartagena, de 47 años, fue condenado el martes por agredir a una víctima menor y luego intentar encubrir el abuso falsificando un informe oficial de la policía y haciendo declaraciones engañosas a un local. oficial.
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Se trata del exagente José Cartagena de 47 años quien fue acusado de privar a la víctima de sus derechos constitucionales y dos cargos de obstrucción a la justicia, uno por falsificar un informe policial al asegurar que el menor recibió lesiones cuando cayó de su bicicleta en lugar del abuso de los acusados y otra por hacer declaraciones engañosas a un fiscal local sobre el incidente.
Las pruebas presentadas en el juicio establecieron que, el 15 de noviembre de 2014, Cartagena, junto con los coacusados Carlos Nieves, Jimmy Davis y Shylene López, todos exagentes del POPR, persiguieron a la víctima, menor de edad, en un vehículo policial mientras este huyó de los acusados en su bicicleta. Durante la persecución, Nieves disparó al menor en la espalda. Cuando los acusados alcanzaron al menor, este cumplió con las órdenes de la policía de colocar las manos detrás de la espalda mientras estaba acostado boca abajo en el suelo. Cartagena luego sujetó las manos de la víctima y la golpeó en la parte posterior de la cabeza con una pistola. Luego, los acusados esposaron a al menor y lo colocó en el asiento trasero del coche de policía. De camino a la comisaría, Cartagena golpeó en la cara a la víctima menor de edad esposada varias veces. El abuso de los acusados requirió que este buscara tratamiento en un hospital local.
El jurado encontró a Cartagena culpable de todos los cargos. Antes del juicio, Nieves, Davis y Lopez se declararon culpables.
“Todos los niños de nuestro país tienen derecho a estar libres del uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de los agentes del orden”, dijo la fiscal general adjunta Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.
“Este acusado fue condenado por usar un arma y sus puños para agredir violentamente a un niño esposado bajo su custodia y luego mentirle a los oficiales al respecto. El Departamento de Justicia continuará haciendo cumplir enérgicamente las leyes de derechos civiles de nuestra nación y responsabilizará a los oficiales que violen la ley y socaven la confianza pública”, añadió.
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“El enjuiciamiento de casos como este es importante para nuestra oficina, los ciudadanos de Puerto Rico y la comunidad policial en general. Si bien la gran mayoría de los agentes del orden público desempeñan sus funciones con honor y profesionalismo, aquellos que violen los derechos civiles de los demás serán responsables”, dijo el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico.
“El oficial Cartagena abusó de la confianza del público cuando violó los derechos civiles de un menor y su enjuiciamiento subraya que nadie está por encima de la ley, incluidos los agentes del orden público que abusan de su autoridad”, expresó.
“La misión del FBI es proteger a las personas y defender la Constitución, y nuestro programa de derechos civiles es el núcleo de esa misión”, dijo el agente especial a cargo Joseph González de la oficina de campo del FBI en San Juan.
“Aunque la gran mayoría de la ley Los agentes del orden son servidores públicos buenos y honestos, solo se necesita una violación de los derechos civiles para destruir la confianza pública en la insignia. Es por eso que estos casos son de suma importancia para el FBI y esta condena es prueba de nuestro compromiso de investigar estos casos agresivamente para hacer justicia a las víctimas”, indicó.
Al momento de la sentencia, Cartagena enfrenta un máximo de 20 años de prisión. La sentencia será fijada por el tribunal en una fecha futura. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El fiscal general adjunto Clarke, el fiscal federal Muldrow y el agente especial a cargo González hicieron el anuncio.
La Oficina de Campo del FBI en San Juan investigó el caso. El fiscal federal adjunto José Contreras para el Distrito de Puerto Rico y el abogado litigante Avner Shapiro de la Sección Penal de la División de Derechos Civiles estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
