JERUSALÉN (AP) — Majd Ramlawi servía café en la Ciudad Vieja de Jerusalén cuando recibió un mensaje aterrador en su celular.
“Usted ha sido identificado como participante en actos de violencia en la mezquita de Al Aqsa”, decía el mensaje en árabe. “Haremos que rinda cuentas”.
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Ramlawi, que entonces tenía 19 años, fue uno de los cientos de personas que según abogados de derechos civiles recibieron ese mensaje el año pasado, en el apogeo de uno los periodos más turbulentos de la historia reciente en Tierra Santa. Muchos, incluido Ramlawi, dicen que sólo vivían o trabajaban en el vecindario y no tuvieron nada que ver con los disturbios. Lo que él no sabía es que la temida agencia de seguridad interna, el Shin Bet, estaba valiéndose de la tecnología masiva de monitoreo desplegada para rastrear contactos de coronavirus con el fin de emplearla en contra de residentes y ciudadanos de Israel para fines sin ninguna relación con el COVID-19.
En los desconcertantes primeros días de la pandemia, millones de personas en todo el mundo les creyeron a los gobiernos que dijeron que necesitaban información confidencial para las nuevas herramientas tecnológicas que podrían ayudar a frenar la propagación del coronavirus. A cambio, lo gobiernos tuvieron acceso a una enorme cantidad de datos privados de salud de la gente, imágenes de su rostro y direcciones de sus domicilios.
Ahora, desde Beijing a Jerusalén y de Hyderabad, India, a Perth, Australia, The Associated Press ha descubierto que las autoridades emplearon estas tecnologías y datos para impedir desplazamientos de activistas y personas comunes y corrientes, acosar a comunidades marginadas y vincular la información médica de la gente a otras herramientas de vigilancia y seguridad. En algunos casos, los datos se compartieron con agencias de espionaje. La cuestión ha cobrado una nueva urgencia tras casi tres años de pandemia. Recientemente, los estrictos protocolos de China contra el virus provocaron el mayor y más claro rechazo público al gobierno autoritario del país desde las protestas prodemocracia de la Plaza de Tiananmen, en 1989.
Durante más de un año, periodistas de la AP entrevistaron a fuentes y revisaron miles de documentos para seguir la pista de cómo tecnologías de las que se dijo eran herramientas para “aplanar la curva” de los contagios se utilizaron para otros fines. De la misma forma en que el equilibrio entre la privacidad y la seguridad nacional cambió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el COVID-19 le ha permitido a las autoridades justificar la integración en la sociedad de herramientas de seguimiento que se han mantenido mucho después de que los confinamientos concluyeron.
“Cualquier intervención que incremente el poder del Estado para monitorear a los individuos tiene una cola larga y es un sistema de trinquete”, dijo John Scott-Railton, investigador de la organización de monitoreo de internet Citizen Lab, con sede en Toronto. “Una vez que lo tienes, es muy improbable que desaparezca algún día”.
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CÓDIGO ROJO
En China, el último país de gran tamaño que mantuvo estrictos confinamientos contra el COVID-19, los ciudadanos fueron obligados a instalar apps en sus celulares para poder moverse libremente por la mayoría de las ciudades. A partir de datos de telecomunicaciones y resultados de pruebas de PCR, las aplicaciones producen códigos QR personales que cambian de verde a amarillo o rojo en función de la situación de salud de la persona.
Las apps y los confinamientos forman parte de las amplias políticas de prevención de la pandemia de China que han llevado al público a un punto de quiebre. El mes pasado, cuando un incendio en un apartamento en la ciudad de Urumqi dejó al menos 10 muertos, muchos culparon a las políticas de tolerancia cero frente al COVID-19. Eso provocó manifestaciones en las grandes ciudades de todo el país, la mayor muestra de desafío al gobierno en décadas, tras la cual el gobierno anunció que sólo verificaría los códigos de salud en “lugares especiales”, como escuelas, hospitales y hogares de ancianos.
La semana pasada, el gobierno fue más allá y dijo que eliminaría un código de salud de nivel nacional para facilitar los viajes entre provincias. Pero las ciudades y las provincias tienen sus propios códigos, que han sido más predominantes. En Beijing la semana pasada, los restaurantes, las oficinas, los hoteles y los gimnasios aún requerían códigos locales para permitir la entrada.
En los últimos años, los ciudadanos chinos han necesitado un código verde para abordar vuelos internos o trenes, y en algunas ciudades incluso para ingresar al supermercado o subir a un autobús. Si se descubría que habían estado en contacto cercano con alguien que dio positivo a COVID-19, o si el gobierno imponía una cuarentena local, el código se volvía rojo y se quedaban confinados en casa.
Hay evidencia de que los códigos de salud han sido usados para sofocar la disidencia.
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Esta historia, con apoyo del Pulitzer Center on Crisis Reporting, forma parte de “Tracked”, una serie en curso de The Associated Press que investiga el poder y las consecuencias de las decisiones impulsadas por algoritmos sobre la vida cotidiana de las personas.
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En septiembre, el exgerente patrimonial Yang Jiahao compró un boleto de tren a Beijing, donde planeaba presentar varias quejas ante el gobierno central. La noche anterior, una mujer de la que dijo era una encargada lo invitó a cenar. En general, la seguridad del Estado contrata a los encargados como parte de las operaciones de “mantenimiento de la estabilidad”, y pueden requerir que las personas se reúnan o viajen cuando las autoridades temen que puedan causar problemas. Yang cenó con la encargada, y a la mañana siguiente las autoridades de salud de Guangzhou reportaron un caso de COVID-19 a menos de un kilómetro de donde cenaron, dijo.
Con base en las regulaciones de la ciudad, el código de Yang debería haberse vuelto amarillo, requiriéndole que se hiciese algunas pruebas diagnósticas de COVID-19 para demostrar que era negativo.
En cambio, la app se tornó roja a pesar de que las pruebas diagnósticas mostraron que no tenía COVID-19. Se le ordenó a Yang permanecer en cuarentena y se colocó un sello de papel en su puerta.
“Pueden hacer lo que quieran”, dijo.
Un oficial de la estación Huangcun de la policía de Guangzhou remitió los comentarios sobre el caso de Yang a las autoridades de la ciudad, y dijo que requería una prueba de que la persona que llamaba era de la AP. La Oficina de Seguridad Pública de Guangzhou y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la ciudad no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por fax.
En otra muestra de cómo las aplicaciones pueden controlar vidas, en junio, un grupo de clientes bancarios fueron acorralados de facto por los códigos de salud cuando intentaron ir a Zhengzhou, la capital de la provincia de Henan, para protestar por no tener acceso a sus cuentas bancarias en línea.
Un aviso explicó que el problema se debió a una actualización del sistema. Pero los clientes pronto descubrieron la verdadera razón: Una investigación policial sobre los accionistas del banco matriz había dejado inaccesibles 40 mil millones de yuanes en fondos, según informes de medios locales. Frustrados tras meses de quejas, un grupo de clientes decidió realizar una protesta en Zhengzhou, ante la comisión bancaria provincial.
El cliente Xu Zhihao subió su itinerario para obtener el código de salud de la provincia de Henan después de que dio negativo en una prueba diagnóstica de COVID-19 en su ciudad costera de Tianjin, justo al sur de Beijing. Al descender del tren en Zhengzhou, se le pidió a Xu que escaneara su código QR en la estación, e inmediatamente se volvió rojo. El empleado de la estación de tren llamó a seguridad, que lo llevó a una cabina de policía.
Xu dijo que la policía lo llevó al sótano para la cuarentena. Otras tres personas fueron colocadas con él, y los cuatro se dieron cuenta de que habían venido para recuperar su dinero.
“Habían preparado la red en el lugar, esperándonos”, agregó Xu.
Desde un chat grupal, Xu y otros se enteraron de que muchos manifestantes habían encontrado un destino similar en la estación de tren de alta velocidad, en el aeropuerto e incluso en la carretera. Una investigación del gobierno halló después que se emitieron códigos rojos para 1.317 personas, muchas de las cuales habían planeado protestar.
La Comisión Nacional de Salud de China, que ha dirigido la respuesta contra el COVID-19, no respondió a un fax que solicitaba comentarios. El gobierno provincial de Henan tampoco respondió.
Incluso después de que China elimine los confinamientos, algunos disidentes y activistas por los derechos humanos pronostican que los códigos de salud a nivel local continuarán como un medio tecnológico de control social. Al comienzo de la pandemia las provincias no compartían datos, pero en los últimos años eso ha cambiado.
Algunos gobiernos provinciales han creado apps locales que pueden vincular datos de salud, ubicación e incluso información de crédito, lo que deja abierta la posibilidad de que estas aplicaciones o las bases de datos nacionales en las que se fundamentan sean utilizadas para monitorear a las personas en el futuro, según una revisión de la AP de documentos de adquisiciones, investigación y entrevistas. Xu y Yang, por ejemplo, fueron obligados a detenerse por medio de los códigos de salud locales.
En febrero, la policía en la provincia nororiental de Heilongjiang buscó actualizar su código de salud local para encontrar resultados de las pruebas de PCR para cualquiera en China, en tiempo real, según documentos de contratación proporcionados exclusivamente por ChinaFile, una revista digital publicada por la organización Asia Society, una organización global sin fines de lucro. Una compañía cuya matriz es propiedad del gobierno ganó la licitación no competitiva para conectar esa app a una base de datos nacional de datos de PCR administrada por el Consejo de Estado, el gabinete de China, cumpliendo así una directriz nacional, según muestran los documentos. La misma compañía, Beijing Beiming Digital Technology, también afirma en su sitio web que ha desarrollado más de 30 apps para la pandemia.
“Es el modelo de gobernabilidad; la filosofía detrás de él es fortalecer el control social a través de la tecnología. Es fortalecido por la app de salud, y definitivamente se quedará después de que el COVID-19 haya terminado”, dijo Yaqiu Wang, un investigador senior de Human Rights Watch. “Creo que es muy, muy poderoso”.
“HAY DOS CONJUNTOS DE LEYES”
En la Ciudad Vieja de Jerusalén, los turistas que beben jugo de granada fresca, los feligreses y los habitantes locales que toman un atajo a casa son monitoreados por las fuerzas de seguridad israelíes, que tienen armas automáticas. El laberinto de caminos cavernosos también está lleno de cámaras de CCTV y lo que las autoridades han descrito como “tecnologías avanzadas”.
Después de que los enfrentamientos en mayo de 2021 en la mezquita de Al Aqsa ayudaron a desencadenar una guerra de 11 días con milicianos de Hamas en la Franja de Gaza, Israel experimentó algo de la peor violencia en años. La policía lanzó granadas aturdidoras en el complejo en disputa conocido por los judíos como el Monte del Templo, donde se ubica Al Aqsa, el tercer sitio más sagrado del islam, mientras multitudes palestinas se guarecían dentro y les lanzaban piedras y bombas incendiarias a los agentes.
Para ese momento, los israelíes se habían acostumbrado a que la policía apareciera fuera de sus hogares para decir que no guardaban la cuarentena, y sabían que la agencia de seguridad de Israel, el Shin Bet, reutilizaba la tecnología de vigilancia telefónica que había usado previamente para monitorear a los milicianos dentro de los territorios palestinos. La práctica fue destacada en los encabezados noticiosos al principio de la pandemia cuando el gobierno israelí dijo que sería desplegada para rastrear contactos de personas contagiadas con COVID-19.
Un año después, el Shin Bet empezó a utilizar discretamente la misma tecnología para enviar mensajes amenazantes a residentes y ciudadanos árabes en Israel que la agencia sospechaba habían participado en choques violentos con la policía. Sin embargo, algunas de las personas que recibieron los mensajes simplemente vivían o trabajaban en la zona, o pasaban por allí.
La cafetería de Ramlawi se encuentra en el ornamentado Mercado de los Comerciantes de Algodón afuera de la Explanada de las Mezquitas, un área llena de cámaras de policía y de seguridad que probablemente lo habrían identificado a él si hubiera participado en la violencia.
Aunque Ramlawi eliminó el mensaje y no ha recibido uno similar desde entonces, dijo que la idea de que su teléfono esté siendo usado como herramienta de monitoreo todavía le preocupa.
“Es como si el gobierno estuviera en tu bolsillo”, dijo Ramlawi, a quien preocupa que la vigilancia desarrollada para detener los contagios de COVID-19 genere una amenaza duradera para los residentes de Jerusalén oriental. “Cuando te mueves, el gobierno está contigo con este teléfono”.
El uso doméstico de la tecnología por parte del Shin Bet ha generado un clamor por la privacidad y las libertades civiles dentro de Israel, así como cuestionamientos sobre su precisión. El Ministerio de Comunicaciones, que supervisa a las empresas de telecomunicaciones de Israel, rechazó una solicitud que buscaba más detalles presentada para la AP por The Movement for Freedom of Information, una organización sin fines de lucro que con frecuencia trabaja con organizaciones de medios.
Gil Gan-Mor, un abogado de la Association for Civil Rights in Israel, un organismo sin fines de lucro, estima que cientos de árabes en Jerusalén recibieron el mensaje amenazante durante los disturbios, y dijo que el bombardeo masivo con mensajes de texto no tenía precedentes.
“No puedes simplemente decirle a la gente: ’Te estamos observando ... y nos vengaremos”, dijo. “No puedes usar esta herramienta para asustar a las personas. Si tienes algo en contra de alguien, puedes llevarlos a juicio”.
Después de que la organización de Gan-Mor demandó, el Shin Bet no se disculpó.
“Había una necesidad clara de seguridad de enviar un mensaje urgente a una gran cantidad de personas, todas las cuales eran creíblemente sospechosas de estar involucradas en la realización de crímenes violentos”, señaló la agencia en un documento judicial el año pasado. El archivo, firmado por “Daniella B.”, la asesora jurídica del Shin Bet para el Distrito de Jerusalén, también reconoció que “se aprendieron lecciones”.
En febrero, el fiscal general de Israel ratificó el uso continuo de la tecnología, diciendo que era una herramienta de seguridad legítima, a la vez que reconoció que había fallas en el sistema y que los mensajes se distribuyeron a un número pequeño de blancos no deseados. La Corte Suprema de Israel revisa el asunto ahora.
Sami Abu Shehade, un exlegislador árabe que servía en el Parlamento de Israel en el momento en que el Shin Bet envió sus textos de advertencia, dijo que los mensajes demuestran las dificultades más amplias que enfrenta la minoría árabe de Israel, que representa el 20%.
“El Estado no trata con nosotros como ciudadanos”, expresó. “Hay dos conjuntos de leyes: Uno para los judíos y uno para los árabes”.
“VIGILANCIA DE 360 GRADOS”
Las tecnologías diseñadas para combatir el COVID-19 fueron redirigidas por los servicios policiales y de inteligencia en otras democracias a medida que los gobiernos expandían sus arsenales digitales en medio de la pandemia.
En la India, el reconocimiento facial y la tecnología de inteligencia artificial registraron un auge después de que el partido nacionalista hindú de derecha del primer ministro Narendra Modi, el Partido Bharatiya Janata, llegó al poder en 2014, convirtiéndose en una herramienta para que la policía monitoree las reuniones masivas. El país busca construir la que será una de las redes de reconocimiento facial más grandes del mundo.
A medida que la pandemia se extendió en los primeros meses de 2020, los gobiernos estatales y centrales encargaron a las policías locales hacer cumplir la orden de uso de mascarilla. En algunos lugares se establecieron multas de hasta 25 dólares, equivalentes a hasta 12 días de salario para algunos trabajadores e impagables para las casi 230 millones de personas que viven en la pobreza en la India.
En la ciudad de Hyderabad, en el centro-sur del país, la policía comenzó a tomar fotografías de personas que ignoraban la orden de usar mascarilla o que simplemente la usaban descuidadamente.
El comisionado policial C.V. Anand dijo que la ciudad ha gastado cientos de millones de dólares en los últimos años en vehículos de patrullaje, cámaras de CCTV, aplicaciones de reconocimiento facial y de geolocalización y varios cientos de cámaras de reconocimiento facial, entre otras tecnologías impulsadas por algoritmos o aprendizaje automático. Dentro del Centro de Comando y Control de Hyderabad, los agentes le mostraron a un perdiodista de la AP cómo hacen correr tomas de cámaras de CCTV a través del software de reconocimiento facial que analiza imágenes contra una base de datos de delincuentes.
“Cuando (las empresas) deciden invertir en una ciudad, primero revisan la situación policial”, dijo Anand, quien considera que el uso de tales herramientas es absolutamente necesario. “La gente aquí es consciente de lo que las tecnologías pueden hacer, y hay un apoyo íntegro para ellas”.
Para mayo de 2020, el jefe de policía del estado de Telangana tuiteó acerca de que su departamento utilizaría un software basado en inteligencia artificial que emplearía las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a las personas que no llevaran mascarillas. El tuit incluía fotos del programa que superponía rectángulos de color sobre las caras sin mascarilla de los lugareños desprevenidos.
Más de un año después, la policía tuiteó imágenes de ellos mismos utilizando tabletas portátiles para escanear los rostros de las personas mediante programas de reconocimiento facial, según una publicación de la cuenta de Twitter oficial del agente de la estación en el vecindario de Amberpet.
La policía dijo que las tabletas, que pueden tomar fotografías ordinarias o enlazarlas a una base de datos de reconocimiento facial de delincuentes, eran una forma útil para que los agentes detectaran y multaran a quienes no cumplían con el mandato de la mascarilla.
“Cuando ven a alguien que no usa mascarilla, se acercan a ellos, los fotografían con su tableta, anotan sus datos como su número de teléfono y su nombre”, dijo B Guru Naidu, un inspector en la zona sur de Hyderabad.
Los agentes deciden a quién consideran sospechoso, lo que ha generado temores entre los defensores de la privacidad, algunos musulmanes y miembros de las comunidades de castas inferiores de Hyderabad.
“Si los agentes que patrullan sospechan de cualquier persona, toman sus huellas dactilares o escanean su rostro: Entonces la app en la tableta las verificará para detectar si hay cualquier antecedente penal”, dijo Naidu.
S Q Masud, un activista social que ha dirigido campañas de transparencia del gobierno en Hyderabad, ve que hay más en riesgo. Masud y su suegro fueren detenidos de forma aparentemente aleatoria por la policía en el mercado de Shahran, una zona de mayoría musulmana, durante un repunte de COVID-19 del año pasado. Masud dijo que los agentes le pidieron que se quitara la mascarilla para poder fotografiarlo con una tableta.
“Les dije que no me quitaría la mascarilla. Luego me preguntaron por qué no, y les dije que no me quitaría la mascarilla”. Dijo que lo fotografiaron con ella puesta. De vuelta a casa, Masud pasó de desconcertado a ansioso: ¿Dónde y cómo se utilizaría esa foto? ¿Sería añadida a la base de datos de reconocimiento facial de la policía?
Ahora ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Telangana para saber por qué fue tomada su foto y para limitar el uso generalizado del reconocimiento facial. Su caso podría marcar la pauta para la creciente ambición de la India de combinar la tecnología emergente con la vigilancia policial en la democracia más grande del mundo, dijeron expertos.
La India carece de una ley de protección de datos e incluso las propuestas existentes no regularán las tecnologías de vigilancia si se convierten en ley, dijo Apar Gupta, director ejecutivo de la Internet Freedom Foundation, con sede en Nueva Delhi, que ayuda a representar a Masud.
La policía respondió a la demanda de Masud y negó haber usado el reconocimiento facial en su caso. Dijo que su fotografía no fue cotejada contra ninguna base de datos y que el reconocimiento facial sólo se usa durante la investigación de un delito o un presunto delito, cuando se puede comparar contra imágenes de CCTV.
En dos entrevistas de la AP por separado, la policía local demostró cómo la app TSCOP que lleva la policía en la calle puede comparar la fotografía de una persona con una base de datos de reconocimiento facial de delincuentes, y cómo del Centro de Comando y Control la policía puede usar el análisis de reconocimiento facial para comparar fotos policiales de delincuentes con videos obtenidos de cámaras de CCTV.
Los abogados de Masud trabajan en una respuesta y esperan una fecha de audiencia.
Los defensores de la privacidad en la India creen que tales acciones intensificadas bajo la pandemia podrían permitir lo que llaman vigilancia de 360 grados, bajo la cual cosas como la vivienda, las prestaciones sociales, la salud y otros tipos de datos están todos vinculados para crear un perfil.
“La vigilancia actual está siendo planteada como una panacea tecnológica para grandes problemas sociales en la India, lo que nos ha acercado mucho a China”, dijo Gupta. “No hay ley. No hay salvaguardas. Y este es un despliegue de vigilancia masiva con propósitos generales”.
“LA NUEVA NORMALIDAD”
El uso que se hará en última instancia de los datos recopilados y las herramientas desarrolladas durante el apogeo de la pandemia sigue siendo una pregunta abierta. Pero su utilización reciente en Australia y Estados Unidos podría ofrecer un vistazo.
Durante dos años de estrictos controles fronterizos, el ex primer ministro conservador australiano Scott Morrison dio el paso extraordinario de nombrarse a sí mismo ministro de cinco departamentos, incluido el Departamento de Salud. Las autoridades introdujeron apps a nivel nacional y estatal para notificar a las personas cuando habían estado cerca de alguien que dio positivo al virus.
Pero las aplicaciones también se usaron de otras maneras. Las agencias de inteligencia de Australia fueron sorprendidas “incidentalmente” recopilando datos de la app nacional COVIDSafe. Las noticias de la vulneración surgieron en un informe de noviembre de 2020 del inspector general de Inteligencia y Seguridad, que decía que no había evidencia de que los datos hayan sido decodificados, ni que se haya tenido acceso a ellos o se les haya usado. La app nacional fue cancelada en agosto por un nuevo gobierno, que la consideró un desperdicio de dinero: Había identificado sólo dos casos positivos de COVID-19 que no se habrían encontrado de otra manera.
A nivel local, la gente utilizaba apps en su celular para leer códigos QR de un lugar e introducía su identificación individual de modo que, si había un brote de COVID-19, pudieran ser contactados. En ocasiones los datos fueron utilizados para otros propósitos. Las fuerzas de seguridad australiana aprovecharon los datos de QR estatales a modo de red electrónica para investigar delitos.
Después de que Nick Martin, jefe de una pandilla de motociclistas, fuera asesinado a tiros en una autopista en Perth, la policía tuvo acceso a los datos de registro del código QR de las apps de salud de 2.439 fanáticos de las carreras de arrancones que asistieron a la carrera de diciembre de 2020. Incluían nombres, números de teléfono y horas de llegada.
La policía tuvo acceso a la información a pesar de la promesa del primer ministro del estado de Australia Occidental, Mark McGowan, en Facebook, de que los datos relacionados con el COVID-19 sólo serían consultados por el personal de rastreo de contactos en el Departamento de Salud. El asesinato finalmente se resolvió mediante tácticas policiales completamente tradicionales, incluidos el cotejo de huellas digitales, el seguimiento de teléfonos celulares y, en última instancia, una confesión.
La policía de Australia Occidental no respondió a las solicitudes de comentarios. Las policías de los estados de Queensland y Victoria también buscaron los datos de registro QR del público en relación con investigaciones. La policía en ambos estados no atendió las preguntas de la AP sobre por qué buscaron los datos, y desde entonces los legisladores en Queensland y Victoria han reforzado las reglas sobre el acceso policial a la información de registro de QR.
En Estados Unidos, que se basó en una mezcolanza de órdenes de cuarentena estatales y locales para garantizar el cumplimiento de las reglas contra el COVID-19, el gobierno federal aprovechó la oportunidad para reforzar sus herramientas de vigilancia, incluidos dos contratos por 24,9 millones de dólares con la firma de vigilancia y minado de datos Palantir Technologies Inc. para respaldar la respuesta a la pandemia por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés). Documentos a los que tuvo acceso la organización por los derechos de los migrantes Just Futures Law dentro de una petición amparada por la Ley de Libertad de Información, y compartidos con la AP, mostraban que las autoridades federales contemplaron cómo compartir datos que iban mucho más allá del COVID-19.
Las posibilidades incluían integrar “datos identificables de pacientes”, como información de salud mental, abuso de sustancias y salud conductual obtenida a partir de hogares grupales, albergues, cárceles, centros de desintoxicación y escuelas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) no emplean ninguno de esos datos a nivel individual en la plataforma que gestionan, indicó Kevin Griffis, vocero del departamento. Griffis dijo que no podía comentar sobre las conversaciones que se llevaron a cabo en el gobierno anterior.
Los protocolos parecían carecer de salvaguardas de información o restricciones de uso, dijo Paromita Shah, directora ejecutiva de Just Futures Law.
“Lo que hizo la pandemia fue hacer que entrara en auge una industria de recopilación masiva de datos biométricos y biográficos”, agregó Shah. “Así que pocas cosas estuvieron fuera de consideración”.
El año pasado, los CDC de Estados Unidos compraron datos detallados de ubicación de teléfonos celulares que revelan el paradero diario de las personas en todo el país. Los datos de “conocimiento de movilidad” de al menos 20 millones de dispositivos podrían usarse para “proyectar cuán peor habrían sido las cosas sin las prohibiciones”, tales como las órdenes de quedarse en casa y los cierres de negocios, según un contrato de julio de 2021 obtenido por el grupo sin fines de lucro Tech Inquiry y compartido con la AP.
El contrato muestra que el corredor de datos Cuebiq proporcionó una “ID de dispositivo”, que generalmente vincula la información a los teléfonos celulares individuales. Los CDC también podrían usar la información para examinar el efecto del cierre de las fronteras, una medida de emergencia ordenada por el gobierno de Donald Trump y continuada por el presidente Joe Biden, a pesar de las objeciones de los principales científicos de que no había evidencia de que la acción ralentizaría al nuevo coronavirus.
Kristen Nordlund, portavoz de los CDC, dijo que la agencia adquirió datos anónimos y colectivos con extensas protecciones de privacidad para la investigación de la salud pública, pero no abordó preguntas sobre si la agencia todavía utilizaba los datos. Los CDC todavía pudieron accesar los datos conglomerados de teléfonos móviles a nivel de condado hasta octubre, varios meses después de que finalizara su contrato, dijo el martes el portavoz de Cuebiq, Bill Daddi. Agregó que antes de eso, los CDC también podrían haber analizado datos de teléfonos móviles individuales protegidos por la privacidad, pero decidieron no hacerlo.
Para Scott-Railton, eso establece un precedente peligroso.
“Lo que hizo el COVID-19 fue acelerar el empleo por parte del Estado de estas herramientas y esos datos y normalizarlo, de modo que encajaba en una narrativa de que había un beneficio público”, dijo. “Ahora la pregunta es: ¿vamos a poder tener una rendición de cuentas sobre el uso de estos datos, o esta es la nueva normalidad?”
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El exreportero de video de la AP Rishabh R. Jain contribuyó a este despacho desde Hyderabad, India. Los reporteros de la AP Lori Hinnant en París; María Verza en la Ciudad de México; Astrid Suarez en Bogotá; Edna Tarigan en Yakarta; Tong-hyung Kim en Seúl, y Eileen Ng en Singapur contribuyeron a este despacho. También Daria Litvinova y la jefa ya retirada de la oficina de The Associated Press en Afganistán y Pakistán, Kathy Gannon, contribuyeron. La subdirectora de The Mail & Guardian, Athandiwe Saba, asistió desde Johannesburgo. Burke informó desde San Francisco; Federman desde Jerusalén; McGuirk desde Canberra; Pathi dese Hyderabad, India; y Wu desde Taipéi.
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Este reportaje se hizo en colaboración con el investigador Avani Yadav con apoyo del Laboratorio de Investigaciones del Centro de Derechos Humanos en la Universidad de California, campus Berkeley. Contó con apoyo parcial del Laboratorio Starling para la Integridad Digital, cofundado por la Universidad del Sur de California y la Universidad de Stanford, donde Burke fue profesora de periodismo.
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Garance Burke está en Twitter como: @garanceburke
