En momentos en que Puerto Rico, según datos del propio gobierno, atraviesa por una crisis de vivienda asequible con unas 25,000 familias solicitando vivienda pública y otras 8,000 en la lista de espera para el Programa de Vales para el Alquiler de Viviendas conocido como Sección 8, la senadora María de Lourdes Santiago denunció hoy otro posible esquema diseñado para desplazar residentes del sector de Puerta de Tierra en San Juan.
Según explicó la senadora, el gobierno ha abandonado sistemáticamente propiedades inscritas bajo la Administración para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) para luego disponer de ellas arrendándolas o vendiéndolas a inversionistas extranjeros que se benefician de las exenciones contributivas otorgadas por la controvertible Ley 22 de 2012 o Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.
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“La AFV ha optado por ponerse del lado de los que promueven el desplazamiento de las comunidades para beneficiar a los inversionistas privilegiados por la Ley 22, que otorga generosos incentivos contributivos a los nuevos titulares de los latifundios urbanos, que es el fenómeno que se está desarrollando en Puerta de Tierra”, denunció la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en conferencia de prensa desde el Capitolio.
Según se indicó, se trata de cinco edificaciones localizadas en la calle San Agustín en Puerta de Tierra con entrada por la calle Del Tren, en ese mismo sector, que anteriormente albergaban familias de limitados recursos económicos y que hoy están rodeadas de otras propiedades adquiridas por el grupo San Juan 901, que se autoidentifica en la internet como un “hospitality company” o empresa de hostelería.
La clasificación de estas cinco propiedades hasta 2022, señaló la senadora, era exclusivamente para la utilización de desarrollo de vivienda asequible, sin embargo, dicha restricción fue levantada recientemente en el Registro de la Propiedad para permitir desarrollos de otro tipo, incluyendo el comercial de hostelería.
“El licenciado Adrián González hizo una investigación en el Registro de la Propiedad y todavía esas cinco estructuras aparecen bajo la titularidad de la AFV. Buscamos en el Registro de la Oficina del Contralor, que es donde debería figurar algún contrato de arrendamiento si ese fuera el caso, pero hasta la fecha no hay nada”, explicó Santiago.
“En el CRIM estas propiedades aparecen con la AFV como titular. La única acción registral documentada es la escritura eliminando la restricción que obligaba a que esos edificios se destinaran a vivienda de interés social. Ya no existen esas restricciones, por lo tanto esos edificios, que hasta donde sabemos todavía le pertenecen al pueblo de Puerto Rico, pero ahora se puede utilizar para cualquier fin y no solo para vivienda de interés social”, añadió.
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Siguen siendo de la AFV
González señaló que su investigación comenzó cuando la oficina de la senadora obtuvo información preliminar de una fuente a quién no identificó sobre unos terrenos que presuntamente serían vendidos a inversionistas de la Ley 22. Luego de hacer algunas investigaciones preliminares, se confirmó que, en efecto, los cinco edificios estaban siendo vendidos según indicaban letreros en el lugar.
“Cuando uno pasa por allí ve los edificios con un portón, con escombros y que están en obvia reparación. Lo primero que hicimos fue ir al CRIM y en efecto las cinco propiedades contiguas que tienen edificaciones siguen siendo de la AFV. Entonces, la pregunta es qué están haciendo allí”, explicó el licenciado quien es exlegislador municipal por el PIP en el municipio de San Juan.
Según indicó González, la respuesta a esa pregunta es ofrecida por una publicación realizada el 20 de noviembre en las redes sociales de la empresa San Juan 901 sobre los proyectos que piensan desarrollar en la zona.
“Al ir al Registro de la Propiedad, a través de la escritura 127 titulada ‘Cancelación de Condiciones Restrictivas’ otorgada el 1 de noviembre de 2022, la AFV indica que las propiedades inmuebles estaban afectadas por condiciones restrictivas bajo el ‘Low Income Housing Tax Credit’. O sea, que tenían un gravamen para que las construcciones y remodelaciones que allí se llevaran a cabo cumplieran con los requisitos de vivienda local y federal para viviendas a bajo costo”, señaló el abogado.
“No obstante, a partir del 1 de noviembre de 2022 ya esas cinco propiedades no están afectadas por ese gravamen. Si el estado liberó estas restricciones y la empresa está anunciando que proyectos en la zona para ‘sofisticar el vecindario’, entonces, ¿qué se está haciendo allí?”, cuestionó.
Sin embargo, para González, lo que representa una gran bandera roja es que estas cinco propiedades están flanqueadas por negocios de hospederías turísticas operadas por San Juan 901.
“Lo único que le falta a ese inversionista que ha comprado todos los edificios en esa zona para ser dueño de la cuadra completa es adquirir esas cinco propiedades. Que ya las está ocupando, pero cuando decimos adquirirlas es que logre tener la escritura en el Registro de la Propiedad”, añadió mientras aseguró que no existe evidencia de que se haya logrado un acuerdo de arrendamiento entre el gobierno y San Juan 901 para esas cinco propiedades.
“Pero ya están las maquinarias allí, los empleados, la construcción, o sea, hay un acto de ocupación. ¿Cuál es la legalidad de eso?”, añadió.
No figuran en el DDEC
En el portal de Facebook de la empresa San Juan 901 se muestra una foto de un grupo de aparentes pequeños empresarios acompañados por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, cuyo calce lee “pronto, muy pronto, vamos a tener la oportunidad de apoyar nuevos pequeños negocios locales. La calle Pelayo nunca va a ser la misma”.
No obstante, la oficina de prensa del DDEC indicó no tener conocimiento de algún acuerdo de apoyo entre el DDEC y esa empresa.
