El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo este martes que “está extraño” la supuesta propuesta de la Junta de Control Fiscal para que LUMA Energy solicite información de los contribuyentes para poder calcular, a base de los ingresos, los cargos que tendrían que pagar los abonados a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“El cargo ahora mismo, tenemos un cargo base que le aplica a todos, salvo los que tienen subsidios. Ese cargo base, que se llama tarifa, en eso puede haber revisión tarifaria de cuando en cuando y eso conlleva un proceso de vistas públicas que quien lo lleva a cabo es el Negociado de Energía. En el futuro, podemos tener un proceso de revisión tarifaria, pero al momento, no se le ha pedido al Negociado de Energía el cargo base. Pero me parece que eso no es correcto”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.
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No obstante, para adoptar dicho cargo fijo, también habría sido necesario que el Departamento de Hacienda entregara al operador eléctrico información contributiva de los abonados de la AEE para aplicar el cargo, según los ingresos de estos.
Dicho cargo fijo, que estaría vigente hasta el año 2051, se habría traducido en unos $300 al mes en los hogares de los trabajadores en Puerto Rico.
Por su parte, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, explicó que la Junta no le consultó sobre la supuesta propuesta.
“Lo que quiero aclarar al pueblo de Puerto Rico es que yo no he compartido la información contributiva que tienen acá los contribuyentes ante el Departamento de Hacienda. Ni a LUMA, ni cualquier otro componente privado de hecho, ni público para el nivel de información que se necesita para esto. Yo incluso pienso que se necesita legislación. Recordemos que la información contributiva viene protegida por la Carta de Derechos del Contribuyente. Y de igual manera nos requiere a nosotros, por regla general, que cuando se le va a compartir información a terceros, los contribuyentes deben ser notificados y por regla general, debe refrendar el compartir esa información”, aseguró Parés Alicea.
Parés Alicea insistió que la jurisprudencia estatal y federal protege la información de los contribuyentes y solamente un tribunal puede ordenar la divulgación de ese expediente a entidades públicas o privadas.
