LIMA (AP) — Un juez peruano ordenó el jueves que el depuesto presidente Pedro Castillo permanezca en prisión preventiva durante 18 meses, como lo había solicitado la fiscalía.
La decisión del juez se anunció un día después de que el gobierno declarara un estado de emergencia para tratar de calmar las violentas protestas que se viven en el país.
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Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido por los legisladores la semana pasada, tras su intento de disolver el Congreso antes de un voto de revocación.
El juez César San Martín Castro emitió el fallo días después de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que impide que los presidentes de Perú enfrenten cargos penales.
Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que carecía de las más “mínimas garantías”. Estuvo representado por un abogado de oficio.
Los simpatizantes de Castillo comenzaron a escenificar protestas después de que el mandatario fue detenido el miércoles de la semana pasada tras dar un mensaje televisivo en el que, como presidente de la República, anunció la disolución del Congreso y la intervención de varias entidades del Estado.
En esa misma jornada fue destituido por el Congreso y quedó detenido por cargos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
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El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay estimó en la audiencia del jueves que la pena a Castillo sería de 10 a 20 años de cárcel y que hay peligro de fuga porque México expresó voluntad de darle asilo.
El abogado de oficio que asumió la defensa de Castillo, Ítalo Díaz, adujo que no hubo rebelión porque Castillo no se alzó en armas y que tampoco hay peligro de que el procesado obstaculice la investigación de la fiscalía porque ya no es presidente. Sobre el asilo, matizó que la mención del canciller de México no implica que Castillo lo haya pedido.
Mientras tanto, cientos de manifestantes recorren las calles aledañas al Congreso, en Lima, custodiados por un fuerte contingente policial.
El gobierno de Dina Boluarte, que reemplazó a Castillo, decretó el miércoles 30 días de emergencia nacional que suspenden derechos y libertades públicas en un intento de contener los enfrentamientos en las manifestaciones, donde se han registrado 14 muertos, cientos de heridos y que han afectado al comercio y al turismo, al bloquear pasos de carreteras y por el cierre de aeropuertos y servicio de tren.
En paralelo a las protestas sociales en todo el país, el Parlamento de Perú debate un proyecto de adelanto de elecciones generales como medida para ayudar a calmar la violencia de la última semana.
Cinco de los fallecidos en las protestas de la última semana son de la ciudad andina de Andahuaylas donde los manifestantes exigen nuevas elecciones. Dicha comunidad amaneció el jueves con policías armados de fusiles resguardando la sede policial.
El fiscal Chinchay destacó que, el día de su detención, Castillo había pedido detener a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, quien lo investiga por presuntos delitos de corrupción. Aclaró que esta petición de Castillo -que fue pronunciada cuando se movilizaba en comitiva por Lima después de ordenar la disolución del Congreso- no se extendía a otras autoridades, según ha declarado como testigo el exministro del Interior, Willy Huerta.
Castillo fue detenido después, cuando —según la Fiscalía— iba a la embajada de México a asilarse.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo y que dispuso que se le permita el ingreso a la embajada en Lima.
La reacción de Perú ante el respaldo manifestado por Argentina, México, Colombia y Bolivia a Castillo, a quien siguen reconociendo como presidente peruano, ha sido llamar a consultas a sus embajadores en estos países.
“La presidenta representa al Estado dentro y fuera de la nación, y dirige la política exterior”, arranca el pronunciamiento de la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi. La postura de las cuatro naciones vecinas es una “intromisión de los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países”, afirmó la funcionaria.
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Los periodistas de Associated Press Franklin Briceño in Andahuaylas, Perú, Regina García Cano en Lima y Gonzalo Solano en Quito, Ecuador, contribuyeron a este despacho.
