Previo a la implementación de los servicios de Blockchain en Puerto Rico, agencias gubernamentales y organizaciones coincidieron en que el primer paso debe ser establecer un marco regulatorio adecuado.
La Cámara de Representantes realizó hoy una vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, sobre el Proyecto de la Cámara 1425, para crear la Ley para Promover la Innovación de Productos y Servicios de Blockchain de Puerto Rico.
Según la exposición de motivos, el propósito del proyecto es establecer la política pública y las estructuras básicas para la regulación de nuevas tecnologías de servicios financieros y hacerlas accesibles para los ciudadanos.
La medida busca promover los servicios del “blockchain” en Puerto Rico, que es una cadena de bloques de información o una base de datos que permite la realización de transacciones de manera segura y transparente de forma descentralizada, es decir sin necesidad de intermediarios como los bancos. Esta tecnología está atada a las criptomonedas.
Uno de los deponentes fue Jean Peña Payano, asesor de asuntos legislativos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) quien aseguró que no se oponen a la tecnología, pero sí que se implemente bajo el marco regulatorio adecuado.
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En su ponencia aseguró que están “totalmente de acuerdo ya que no solo para esta medida, sino para todo aquello que tiene un potencial impacto a los ciudadanos deben establecerse marcos regulatorios adecuados”.
Añadió que es importante realizar estudios previos a la implementación de esta tecnología especialmente dentro del gobierno.
“Lo anterior guarda mayor relevancia cuando se ha identificado como tan solo uno de los errores más comunes, el hecho de que ‘governments skip the assessment of potential barriers, jumping right into implementation’. Un aspecto a considerar en los análisis de política pública, son aquellas variables que permiten o no, implementar determinada política en jurisdicciones con realidades distintas. En lo que respecta al tema de Blockchain en Puerto Rico, debemos considerar si el marco regulatorio de esta medida es la apropiada, y más aún si se está realizando con el proceso adecuado”, según la ponencia de AAFAF.
Dijo también que el gobierno federal ha dudado sobre la incorporación de esta tecnología en los servicios gubernamentales porque no está claro si puede mejorar la eficiencia, responsabilidad e información.
Por su parte, la comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira, aseguró que no endosan el PC 1425.
Dijo que a pesar de apoyar la innovación, en este momento no es prudente propiciar que las entidades financieras internacionales organizadas bajo la Ley 273 del 2012 conocida como la Ley Reguladora del Centro Financiero Internacional y denominadas entidades con licencia especial incurran en actividades relacionadas a la criptomoneda sin que se les aplique de manera uniforme las disposiciones de ley.
“En estos momentos la normativa federal no permite la incursión automática de instituciones financiera en el campo de actividades relacionadas con tecnología de Blockchain y las criptomonedas porque hay una gran preocupación sobre la legalidad, seguridad e impacto de dichas actividades sobre la política pública y gubernamental de Estados Unidos”, indicó Zequeira en su ponencia.
Agregó que “los ‘crypto exchanges’ se están cayendo en el mundo, las pérdidas no están siendo aguantadas. Esto lleva a un proceso de litigios y querellas muy largo. La OCIF lo está viendo ahora con los últimos cierres de las instituciones financieras internacionales. Estas instituciones no tienen los controles, no tienen la madurez y no van a tolerar un derrumbe de esta manera. El regulador tampoco tiene los recursos para manejar esa avalancha de reclamaciones que vienen con la insolvencia y el derrumbe del sistema financiero de criptomonedas”.
Asimismo la licenciada Zoimee Aalvarez Rubio, vicepresidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, señaló que Puerto Rico no está preparado energéticamente para recibir los servicios de Blockchain, y además hace falta mucho dinero y reguladores para implementarlos.
Aseguró que para la asociación, la certeza y regulación es lo más importante.
La directora ejecutiva del Puerto Rico Blockchain Trade Association, Keiko Yoshino, planteó que apoyan firmemente la política de establecer un marco legal para regular las nuevas tecnologías como el Blockchain y los activos virtuales.
“Con esta regulación el gobierno puede alcanzar dos objetivos principales: primero, propiciar salvaguardas a los consumidores e inversionistas mediante la regulación de dicho sector, y segundo, utilizar dichas tecnologías para aumentar el desarrollo económico en la Isla. Otros estados de los Estados Unidos como Virginia, Nueva York, Rhode Island, Wyoming, Arizona y Florida, sólo por nombrar algunos, han emprendido caminos similares para atraer esta tecnología a sus estados, estableciendo una regulación adecuada para la protección de los consumidores e inversionistas”, mencionó en su ponencia.
Incluso dijo que ignorar las tendencias para evitar peligro no es aceptable y obstaculiza el desarrollo económico.
Yoshino mencionó que la regulación federal es aplicable en Puerto Rico por lo que “no hay necesidad de esperar a actuar ahora como lo han hecho muchos estados”.
Otro error que los opositores a la medida cometen, según Yoshino, es que generalizan los servicios de Blockchain y activos virtuales como un elemento monolítico o asociado con el anonimato. Sin embargo, aseguró que aunque puede ser el caso en ciertos escenarios, el anonimato no es un elemento inherente de la tecnología.
De la misma forma, Brian O’Neill del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó que favorecen la implementación de un marco jurídico establecido en el proyecto de ley. No obstante, las regulaciones relacionadas a los “innovation sandbox” son prematuros y requieren más análisis por lo que no deben ser incluidos en la medida.
El propósito de un “innovation sandbox” es incentivar la innovación y establecer cómo aplicar la normativa de la misma.