El Dr. Francisco Pesante del Instituto de Estadísticas aseguró que el Departamento de la Familia cuenta con menos de 900 trabajadores sociales con un salario base de $1,800, lo que empeora la situación de violencia infantil en Puerto Rico que cada año se atienden más de 10,000 referidos.
“El Departamento de la Familia solicitó a la Junta de Control Fiscal presupuesto para atender la escasez de trabajadores sociales, pero los fondos aprobados sólo permiten contratar 94 trabajadores sociales, de los 200 a 300 necesarios para brindar un servicio eficiente y de calidad”, según su ponencia.
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La Cámara de Representantes realizó una vista pública de la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesus Manuel Ortiz Gonzalez, sobre el Proyecto de la Cámara 1333 que busca establecer un estado de emergencia por violencia infantil y el Proyecto de la Cámara 683 sobre la violencia juvenil.
A la audiencia pública comparecieron el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, la Coalición Paz para la Niñez (CPPN) y la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico (REDENIJ).
Pesante destacó la necesidad de identificar un presupuesto específico para llevar a cabo la investigación sobre el maltrato a menores con los recursos humanos y tecnológicos, y los datos necesarios para realizarlo. Estimó que el costo anual sería de $450,000.
“Diversos factores en la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN) afectan la investigación y seguimiento de los casos y, a su vez, la protección de estos niños. La escasez de trabajadores sociales, la falta de supervisión y problemas de transportación ya han sido identificados por la secretaria del Departamento de la Familia. Esta situación se agrava ante el alto volumen de referidos, que aumentó a 12,110 en octubre de 2021, comparado con octubre de 2020 (un incremento de 3,656 referidos)”, aseguró Rodríguez, quien además es pediatra, catedrática retirada del Recinto de Ciencias Médicas y especialista en maltrato de menores.
Según Glenda Gerena, administradora de ADFAN, los primeros ocho días de agosto de 2022, recibieron 1,838 llamadas a su línea de maltrato, 820 llamadas más que en la misma fecha en julio de 2022.
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El Perfil de Maltrato de Menores de Puerto Rico: Informe Interactivo 2018-2022 establece que más de 5,000 menores son maltratados anualmente y se estima que existen 10 menores maltratados por cada mil menores de 18 años residentes en Puerto Rico. En los datos preliminares de este año ya se han identificado 3,816 niños con fundamento de maltrato hasta mayo, un aumento de 72% comparado al 2021 donde se identificaron 5,315 niños en todo el año.
Anualmente se reciben más de 10,000 referidos de violencia infantil
El presidente de la Red por los Derechos de la Juventud de Puerto Rico, Marcos Santana Andujar, aseguró que no es sorprendente que haya más de 10,458 referidos de maltrato de menores sin atender ya que “es un dato que pasa cada año”.
Añadió que 800 de los miles de referidos sin atender corresponden al 2016.
“Como profesional del trabajo social, como persona que trabajó dentro del Departamento de la Familia y como defensor de los derechos de los niños, eso es un dato que pasa cada año. Le alarma a todo el mundo ahora y ojalá que esa alarma le dure a todos por mucho tiempo, porque tristemente esto es más recurrente de lo que debería ser”, aseguró Santana Andújar.
Para la primera semana de octubre de 2021, el Departamento de la Familia recibió sobre 11,000 referidos de maltrato lo que representó un aumento dramático de 3,342 referidos con relación al mismo periodo el año anterior.
Santana Andújar dijo que ya ese aumento lo habían advertido cuando comenzó la pandemia en el 2020, pero otros insistían en que no estaban aumentando los datos.
“El confinamiento y todo lo que pasó definitivamente aumentó la violencia contra los niños y niñas. Esto no se iba a ver reflejado en las estadísticas, pero para las organizaciones que nos mantuvimos trabajando en la calle y en las comunidades sin parar, era necesario advertir sobre ese riesgo que enfrentaban los niños durante la emergencia. Teníamos suficiente evidencia local e internacional para afirmar que en tiempos de desastres naturales o emergencias complejas se elevan todos los factores de riesgo y aumentan todas la violencias”, señaló Santana Andújar.
Añadió que las tasas de maltrato más altas siempre han estado en los municipios del sureste, sin embargo no se ha creado una estrategia para mitigar esto.
Para poder atender el problema, planteó que hay que reformar el sistema de bienestar y apoyo a la familia ya que, como está diseñado al momento, es un sistema punitivo.
“El Departamento (de la Familia) lleva más de 50 años y lo cierto es que ya no le sirve bien ni a los niños ni a nadie. Esto no tiene que ver con ninguna persona, tiene que ver con un problema estructural de muchas ramificaciones que, si no se hace una reforma profunda, no vamos a lograr cambios”, aseguró Santana Andújar y dijo que el Proyecto de la Cámara 537 atiende esta situación.
Según la Dra. Brenda Mirabal Rodriguez de la Coalición Paz para la Niñez, la Ley 246 del 2011, o Ley para la seguridad, bienestar y protección de menores, detalla las responsabilidades del estado y sus agencias, aunque confrontan problemas en su implementación.
Importancia de la prevención
En la vista también discutieron el Proyecto de la Cámara 683 que busca realizar una investigación sobre la violencia juvenil en Puerto Rico.
Mirabal Rodriguez dijo que uno de los factores de riesgo para la violencia juvenil es la violencia intrafamiliar ya que si el niño aprende conductas violentas en su hogar, repite este mismo comportamiento en todos los ámbitos de su vida.
“Uno de los factores protectores para prevenir la violencia juvenil es un ambiente escolar que propicie que el estudiante se sienta conectado a la escuela, desarrolle relaciones afectivas con pares prosociales, y demuestre altas expectativas académicas. La educación pública tiene que reforzar las competencias académicas básicas desde los grados primarios, particularmente la lectura. Esto ayudaría a prevenir el éxodo masivo de estudiantes que ocurre durante la escuela intermedia y que propicia que incursionen en conductas de alto riesgo y en la delincuencia”, aseguró Mirabal Rodríguez en su ponencia.
Recomendó la creación o reactivación del Fideicomiso para la Prevención del Maltrato y Protección a Menores que sea administrado por una entidad autónoma que provea fondos para atender la situación con apoyo de la comunidad u organizaciones.
Santana Andujar aseguró que la prevención y el rescate temprano es clave para mitigar la situación.
La Dra. Angeles Acosta, psicóloga clínica, ha trabajado 40 años con niños y aseguró que los primeros cinco años son fundamentales en el desarrollo del niño para sentar las bases del aprendizaje. Por eso, le preocupa que no haya un currículo en las escuelas para fortalecer las destrezas sociales que los niños necesitan.
Los expertos concuerdan en que los esfuerzos de prevención deben incluir un esfuerzo más agresivo del estado en programas de educación temprana.
El esfuerzo debe ser un trabajo de base comunitaria con servicios integrados para facilitar el acceso. Coincidieron en que la barrera que pone el Departamento de la Familia es que toda la información es confidencial, entonces para poder ayudar a estos niños y familias debe haber una integración de distintas agencias y organizaciones para facilitar la comunicación.
