Ante las lamentables situaciones que nuevamente se han registrado en Puerto Rico con relación al uso de gas licuado en residencias, la representante Estrella Martínez Soto, presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor, reclamó nuevamente al Senado que apruebe el Proyecto de la Cámara 1114, de su autoría, a los fines de establecer que todas las casas y comercios en Puerto Rico que tengan servicio de gas licuado, tengan compulsoriamente una inspección de los envases y líneas de gas licuado.
“La medida 1114, denominada Ley para la Inspección de las Instalaciones del Gas Licuado en Comercios y Residencias de Puerto Rico’, ya fue aprobada aquí en la Cámara y lleva dos sesiones esperando en el Senado. La misma facultaría al Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos con la autoridad para reglamentar y fiscalizar la instalación, mantenimiento y uso del gas licuado en las residencias y los comercios en Puerto Rico. Del mismo modo, busca establecer una estructura que haga más seguro el uso de tanques de gas licuado en las residencia y comercios”, señaló Martínez Soto.
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Varios casos de explosiones en zonas residenciales y comerciales a consecuencia del mal manejo del gas licuado han sido reseñados publicamente recientemente.
“Ayer sábado hubo otro incidente donde tres personas resultaron con quemaduras luego de que una estufa de gas explotara en una residencia ubicada del barrio Jagüey Chiquito, en Aguada. Dado a que el aumento en el uso y la cantidad almacenada de este producto, se hace meritorio crear procesos que propendan en la seguridad del residente y sus vecinos. Evitando que vuelvan a ocurrir pérdidas de vida y propiedad a causa del mal manejo de este producto”, detalla la representante en la medida legislativa.
Por otra parte, esta Ley busca que se enmiende el Reglamento 7160 para añadir requisitos de certificación e inspección anual de las instalaciones de gas licuado e imponer algunos más rigurosos para el uso de tanques de 400 libras o más en áreas residenciales. Estas medidas son necesarias para minimizar el riesgo de incidentes que afecten la propiedad, la seguridad y la vida de las personas.
“Previo a la aprobación aquí en la Cámara, nosotros realizamos vistas públicas con todas las partes concernidas y procuramos una amplia participación ciudadana, comercial e industrial. La prioridad es la seguridad de nuestra gente. El caso registrado ayer en Aguada y en Naranjito el mes pasado, es otro ejemplo de la importancia que tiene que los compañeros legisladores del Senado atiendan el caso tan pronto como sea posible”, finalizó Martínez Soto, del distrito 27 de Aibonito, Coamo, Juana Diaz, Santa Isabel y Salinas.
