Nuevamente la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) y su Junta de Síndicos son foco de controversia luego de que un nuevo recurso legal en su contra fuera sometido ante la consideración del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico el pasado 30 de noviembre por dos empleados de la alta gerencia de esa institución señalando irregularidades en la conducta del presidente de la institución, José Muñoz Ávila.
Este es el segundo recurso legal que se incoa contra la UIPR en 2022, siendo el primero la controversia suscitada en mayo pasado luego de la terminación del contrato de Manuel Fernós como presidente de la Universidad Interamericana luego de 23 años en el puesto y que pusieron al descubierto choques entre la presidencia y la Junta de Síndicos que rige la institución.
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En esta ocasión, quien por nueve años fuera director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la institución y asistente del presidente en asuntos académicos, Dominique Gilormini De Gracia, y su esposa, Tatiana Colorado Aponte – quien, por su parte, fungía como directora institucional y asistente del vicepresidente en relaciones internacionales de la UIPR – presentó esta semana el recurso legal alegando incumplimiento de contrato, represalia, terminación injusta y difamación, entre otras causas de acción.
Según señala el documento legal, el pleito incluye como codemandados a la UIPR, a Muñoz Ávila y al decano de la Facultad de Derecho de la UIPR Julio Fontanet, así como a la compañía de seguros AIG Puerto Rico.
“Esta es una acción presentada por los demandantes de conformidad con la Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación de Empleo de 1974 para recuperar sanciones civiles, honorarios de abogados y costos judiciales como resultado de la violación del demandado de la Sección 606 del Código Consolidado Ley de Reconciliación Ómnibus”, reza el documento.
“Esta acción también incluye demandas por Incumplimiento de contrato bajo el nuevo Código Civil de Puerto Rico; despido injustificado, discriminación por matrimonio y daños por difamación y agravio”, añade la queja judicial.
Según explica la moción, el 21 de junio de 2022, Gilormini De Gracia fue despedido “indebidamente” de su cargo en represalia a sus quejas internas sobre la presunta “conducta cuestionable y conflicto de intereses” del presidente de la Junta de Síndicos de la UIPR, el coacusado Muñoz Ávila, con consultores y contratistas de la Junta como Manuel E. Maldonado Cotto, presidente y director general de Intelligence and Forcasting Corp así como también con el arquitecto y abogado del Orlando Development Project que Gilormini como parte de sus funciones le pidió coordinar.
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Gilormini De Gracia, alega la moción, también presentó una denuncia ante la Comisión de Educación Superior de Middle States denunciando la conducta posiblemente ilegal y las infracciones al manual de la facultad.
“Como resultado, los acusados también rescindieron ilegalmente el puesto de profesor titular de Gilormini De Gracia”, señala el documento.
El documento asegura que como consecuencia directa de las denuncias de conducta conflictiva y sospechosa del presidente y varios contratistas que Gilormini De Gracia hiciera a los miembros de la Junta de Síndicos Domingo Mas, Manuelita Muñoz Rivera y al entonces presidente de la institución, Manuel Fernós, Muñoz Avila ordenó la suspensión inmediata de Gilormini De Gracia el pasado 23 de marzo en presunta represalia.
“Fernós fue obligado por el presidente de la Junta, Muñoz Ávila, a suspender a Gilormini De Gracia en represalia por sus denuncias de conducta ilegal por continuas amenazas de insubordinación a Fernós”, señala el documento legal.
Como remedio, los demandantes piden al tribunal que otorgue daños compensatorios al demandante Gilormini De Gracia por su humillación, vergüenza, angustia mental y sufrimiento emocional por un monto no menor a $1 millón, daños compensatorios para la demandante Colorado por su humillación, vergüenza, angustia mental y sufrimiento emocional por un monto no menor a $1 millón, la reintegración de los demandantes sus respectivos puestos de trabajo y ordenar a los demandados a indemnizar a los demandantes, ordenando el pago de la pérdida de ingresos, pago atrasado, pago adelantado y pérdida de beneficios, en una cantidad no menor de $1 millón.
Lluvia de demandas
La controversia en la UIPR que comenzara en mayo pasado con el despido repentino del ahora expresidente de la UIPR, Manuel Fernós, parece continuar en los tribunales con la demanda incoada esta semana por Gilormini De Gracia y otra contrademanda de la institución contra ambos sometida apenas un día antes, el 29 de noviembre.
El Tribunal de Apelaciones aún se encuentra analizando dos controversias relacionadas al contrato de Fernós como presidente de la UIPR. La polémica descansa, por un lado, en el mecanismo de arbitraje que se estableció en el contrato del expresidente para dirimir las desavenencias que pudieran surgir del acuerdo y por el otro, la institución alega que Fernós ha optado por recurrir a los tribunales en vez de sentarse en la mesa con ellos para establecer las reglas de juego antes de iniciar el arbitraje.
La Junta de Síndicos del sistema universitario canceló el contrato de Fernós como presidente el pasado 24 de mayo. En ese momento el cuerpo rector indicó que se trató de una terminación de contrato con justa causa, por lo cual Fernós no recibiría remuneración económica a raíz de esta acción.
Por otro lado, a finales de noviembre pasado, la administración de la UIPR radicó este una demanda contra varios exlíderes universitarios, entre ellos el expresidente Fernós, y una empresa privada por un presunto incumplimiento de contrato que desembocó en el mal uso de más de $1 millón de las arcas de la institución.
A Fernós y a Gilormini De Gracia se les señala por incurrir en presunta negligencia crasa en torno al contrato suscrito con la compañía MAP Strategies, LLC., para establecer un sistema de rastreo epidemiológico en el campus, alegando que a la empresa se le pagó $1.4 millones por servicios no ofrecidos y bienes no entregados, explicó el abogado Johnny Ocasio Torres, quien es parte del equipo legal de la universidad.
Según sale a relucir en la demanda, el dinero provino de la asignación federal que recibió la Universidad Interamericana para el manejo de la pandemia de COVID-19 a través del fondo de alivio de emergencia para educación superior (HEERF, por sus siglas en inglés).
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Demanda UIPR by Metro Puerto Rico on Scribd
