La directora ejecutiva de la Casa Juana Colón Apoyo y Orientación a la Mujer, Inc., Janice Soliván Roig, aseguró que la desconexión entre las agencias gubernamentales, como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y las organizaciones feministas de base comunitaria hacen más vulnerables a las mujeres víctimas de violencia de género.
La profesora mencionó que además de ayudar a las víctimas de violencia de género durante la emergencia, en su organización procuran ofrecerles justicia restaurativa y apoyo continuo, así como le brindan servicio a aquellas que necesitan asistencia para su seguridad alimentaria, asistencia legal para conservar sus viviendas, acceso a la salud, la educación y el empleo.
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Soliván Roig participó, junto a Irma Lugo Nazario del Observatorio de equidad de Género y la oficial de cumplimiento del Comité PARE, Ileana Espada Martinez, del Panel magistral: La emergencia de Violencia de Género con un Giro hacia Propuestas de Acción Inclusivas.
“El vivir en un archipiélago donde las decisiones se toman desde el patriarcado incluso aquellas relacionadas al manejo de nuestro cuerpo desde una realidad colonial y al mismo tiempo desde la inacción del estado en asuntos medulares nos coloca en una situación de mucha vulnerabilidad”, indicó la profesora.
El huracán María, los terremotos y la pandemia del COVID-19 fueron eventos donde las organizaciones tuvieron que duplicar esfuerzos para satisfacer sus necesidades no solo para las víctimas de violencia de género, sino que también para las comunidades donde están ubicadas, según Soliván Roig.
“Hay que reconocer la invisibilidad de las organizaciones que brindan servicios a mujeres y víctimas de violencia de género y agresión sexual. A pesar de los esfuerzos de las organizaciones por socializar sus servicios, pareciera en ocasiones que estamos fuera del radar para municipios, el estado y la filantropía. Una organización de base comunitaria municipal y estatal requiere de un presupuesto administrativo y de un servicio para trabajar el problema de la violencia de género en Puerto Rico. Esto se hace más urgente al llevar más de 12 meses en un estado de emergencia”, explicó.
Añadió que el andamiaje burocrático hace que se revictimice a las víctimas de violencia de género.
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“Quiero proponer esta tarde a la procuradora de las mujeres interina, que no esta pero espero que le llegue el mensaje, la licenciada Madeline Bermudez Sanabria, y a la oficial de cumplimiento del Comité PARE, la licenciada Ileana Espada Martinez, que asuman y defiendan el trabajo que se levantó en PARE. Queremos escuchar sus voces exigiendo recursos y energías para poner en práctica propuestas que erradiquen la violencia de género en el país”, exhortó la profesora.
Añadió que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres debe flexibilizar los requerimientos para el acceso a recursos económicos para organizaciones que atienden a mujeres. Y recomendó la creación de un directorio de recursos interagenciales para erradicar la violencia de género.
“No digan que no hay fondos porque en este país los fondos llueven. Están mal administrados quizás”, dijo.
No obstante, por su parte Espada Martinez afirmó que de los $7,009,000 asignados al Comité PARE, “el 53% de estos fondos fueron destinados a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro expertas y de probada trayectoria en el tema de la violencia de género y servicios prioritarios, como albergues de emergencia y servicios ambulatorios”.
