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Secretario del Trabajo intervendrá a favor de empleados públicos excluidos del pago de bono extra

Organizaciones sindicales se manifestarán este jueves frente a la Fortaleza para exigir una respuesta del gobernador

Líderes de distintas organizaciones se reunieron con el secretario del Trabajo para reclamar su intervención a favor de los 12,000 empleados públicos excluidos del pago del bono extra.

Varios líderes sindicales se reunieron hoy, lunes con el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado Gonzalez, quien se comprometió a ser el portavoz de los trabajadores y a intervenir a favor de los empleados públicos excluidos de la otorgación del pago del bono a otorgarse el 1 de diciembre.

“El quedó en darnos una respuesta entre hoy y mañana pero nosotros entendemos que, de la misma manera que no hemos recibido respuesta a nuestras comunicaciones cursadas al gobernador en cuanto a este tema, lo más seguro la respuesta que vamos a recibir es la misma. Así que nosotros el jueves estamos con la idea de ir a Fortaleza a protestar con nuestras matrículas”, según Jannell Santana de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND).

A preguntas de cuántos empleados públicos hay en Puerto Rico, la líder añadió que el secretario del Trabajo dijo que “eso depende de para que se está haciendo el cálculo, pero deben existir entre 120, 000 a 150,000 servidores públicos.

Según el cálculo de los líderes sindicales, hay aproximadamente 150,000 empleados públicos de los cuales, 12,000 o 8% se excluyeron del pago del bono extra.

El gobernador de Puerto Rico aseguró hace unas semanas que los empleados públicos que estarían recibiendo el bono es porque estuvieron años sin recibir un alza salarial y se vieron mermados sus beneficios laborales. Sin embargo, esa justificación debe ser para todos los empleados públicos, pues les aplica la Ley 66 de 2014, la Ley 3 de 2017 y la Ley 26 de 2017 que han mantenido congelados los aumentos salariales de todos, no solo algunos grupos.

En la declaración escrita entregada al secretario del trabajo, los líderes mencionaron que “no hemos negociado aumentos salariales por 8, 10 y 12 años. Dichas leyes no establecen diferencias entre los empleados públicos. Por lo tanto, el bono debe otorgarse a TODOS los empleados públicos, sin exclusión, sin discrimen. Las declaraciones públicas del gobernador Pedro Pierluisi establecen que esto es una estipulación entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Por lo tanto, no es responsabilidad exclusiva de la Junta. Exigimos al gobernador que enmiende su error de excluir a los empleados públicos que representamos y se tomen las medidas necesarias para otorgar el bono de $2,954 a TODOS”.

Santana indicó que la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido una de las corporaciones más maltratadas y abusadas por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobernador.

“Estamos claros que esto fue una decisión arbitraria en la cual el gobernador se escuda en que fue la JCF…No es justo y es altamente condenable que dejemos excluidos a trabajadores y trabajadoras que han aportado tanto a la UPR, que ha perdido más de la mitad de su presupuesto tanto por la JCF como por el gobierno de Puerto Rico”, señaló Santana.

La HEEND envió una carta al gobernador con sus reclamos y exigencias, pero le indicaron que la carta pasó a manos de la secretaria de la gobernación y aún no han recibido respuesta, según Santana.

El presidente del Capítulo de la Autoridad de Carreteras de Prosol-UTIER, Angel Pinto Rivera, planteó que “La Autoridad de Carreteras sii negocio con la JCF y se aprobó un plan de ajuste, por lo tanto con nosotros no se discutió ningún acuerdo con la JCF, cosa que también rechazaríamos, pero no fuimos parte de la ecuación”.

Los líderes aseguraron que es un engaño señalar que la mayoría de los empleados públicos que van a recibir el bono rechazaron una oferta de negociación con la JCF, porque no les hicieron una oferta de transacción.

“No dudamos que la inmensa mayoría del pueblo está en contra de estas medidas del Plan de Ajuste a la Deuda (PAD). Sin embargo, la alianza entre el gobierno y la Junta han utilizado este bono para proyectar que ese PAD es bueno y para penalizar a los que se oponen. Sin embargo, se otorga un bono menor ($2,954) a los que se oponen al PAD y discriminan, con tecnicismos, con más de 12,000 empleados públicos excluyéndolos de dicho bono”, plantearon en la declaración.

Las organizaciones que endosan la declaración y sus representantes se reunieron con el secretario del trabajo hoy son: Unión Independiente Auténtica (UIA), Prosol Utier – Capítulo Autoridad de Carreteras, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Unión Independiente Empleados de la Corporación de Fomento Industrial (UIECFI), Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA), Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR (UBOS), Unión de empleados de COSSEC.

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