La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe en el cual revela pagos indebidos a exdirectores municipales y gastos sin llevar a cabo el debido proceso durante el huracán María en el 2017 en el Municipio de Toa Baja.
Las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación, relacionadas con la administración del personal, y el pago de licencias de vacaciones y enfermedad entre el 1ro de enero de 2015 al 31 de diciembre del 2019.
PUBLICIDAD
El Informe revela que el Municipio realizó dos desembolsos por la cantidad de $14,706 por concepto de licencias de vacaciones al entonces director de Obras Públicas, contrario a la ley y la reglamentación aplicables. El empleado no tenía derecho a los pagos porque no había solicitado una licencia por vacaciones, y el pago realizado en el primer desembolso de $7,455 no procedía ya que el empleado tenía hasta seis meses para agotar la licencia. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-16-22 del 7 de abril de 2016.
Al entonces director de Obras Públicas también se le pagaron de forma indebida, $1,781 por la liquidación de 5.75 días de tiempo compensatorio que había acumulado durante el 2013. Los tiempos compensatorios se deben utilizar en los siguientes 30 días a partir de la fecha en la que hayan acumulado y según otras disposiciones establecidas en la reglamentación vigente.
El Informe de cuatro hallazgos señala que el 5 y 7 de enero de 2017, el Municipio pagó $46,489 a tres funcionarios por la liquidación de 144.75 días de enfermedad acumulados sin tener derecho a ello. Además, se desembolsaron $208,100 en liquidaciones de vacaciones y enfermedad a dos alcaldes, dos directores y tres ayudantes especiales, sin efectuar las deducciones de deudas que tenían con la Administración de los Sistemas de Retiro ($30,814) y el Departamento de Hacienda ($14,914).
Durante la emergencia del huracán María, se realizaron gastos y obligaciones que no se remitieron a la Legislatura Municipal para su ratificación como dispone el Reglamento Municipal. Del 6 de septiembre al 28 de diciembre de 2017, el Municipio de Toa Baja formalizó 37 contratos y 16 emiendas por $4,358,853 para arrendar equipos, recogido y remoción de escombros causados por el huracán. Esta situación no permitió a la Legislatura Municipal tener información actualizada de las transacciones fiscales.
Los auditores de la Contraloría identificaron que el Municipio no había actualizado los siguientes reglamentos: el de Personal para los Servicios de Carrera, Personal para los Servicios de Confianza y el de la Guardia Municipal. A la fecha de la auditoría, el Municipio se regía por reglamentos del 1996 y del 1997.
PUBLICIDAD
El Informe comenta que a raíz de la renuncia del entonces alcalde el 23 de junio de 2016, un funcionario fungió como alcalde desde el 8 de julio de 2016 hasta el 8 de enero de 2017, sin haber cumplido con los requisitos del Código Electoral. Durante este periodo de incumbencia, el funcionario electo formalizó 538 contratos y 102 enmiendas por $6,289,890, Además, efectuó 21 nombramientos, 5 reclasificaciones de puestos y dos modificaciones de puestos de empleados municipales.
Del examen realizado no se encontró evidencia de la notificación del partido político a la Comisión Estatal de Elecciones, ni la certificación del candidato en los archivos de la Comisión, ni evidencia de que haya tomado los cursos reglamentarios en la Oficina del Contralor, y no se pudo constatar que su residencia era en Toa Baja, al menos un año antes de la elección. Por el contrario, su residencia física era en el Municipio de Bayamón. Esta situación se informó el 20 de septiembre de 2021, al Secretario de Justicia y al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para que tomaran las medidas que estimen pertinentes.
Este segundo y último informe de Toa Baja cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
