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La mayoría de los feminicidios íntimos son cometidos por exparejas

Salir de una relación violenta es un factor de riesgo, pues aumenta la letalidad. Se requiere garantizar recursos estables a las organizaciones que apoyan los procesos de ruptura y más apoyo desde los municipios, que han resultado ser más accesibles a las víctimas.

En una protesta, una mujer sostiene una pancarta que lee "merecemos vivir en paz".
De la Unidad Investigativa de Género, de Todas y el CPI.

A Iraida Hornedo Camacho la recuerdan como una mujer fuerte, firme, con una perseverancia que la llevaba a cualquier lugar. Para Las Petunias, como se autoproclamó su grupo de amigas cercanas por más de 20 años, Iraida era maestra y protectora, era fajona y firme, aunque con un corazón blandito. Era “la mamá gallina”. “Ella, siempre, lo que quería, lo lograba. Lo único que no pudo lograr fue salir de ese ciclo, porque ella quería salir, y me consta que luchó y luchó”, dijo Laura Colón, su petunia más cercana.

Hornedo Camacho, de 57 años, fue asesinada el sábado, 29 de octubre, por Diego Figueroa Torres, un agente jubilado de la Policía, con quien había tenido una relación que había intentado terminar muchas veces. El feminicida también era el presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO).

Como Hornedo Camacho, la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de feminicidios íntimos, es decir, en los que el feminicida fue una pareja o expareja, ya sea novio, esposo, o conocido, salieron o intentaron salir de la relación con su agresor, o incluso lo rechazaron sin haber tenido un vínculo con él, se desprende de datos recopilados por el Observatorio de Equidad de Género para los últimos tres años. Tenían en común haber dicho basta y haber priorizado su bienestar y su futuro.

En 2022, los casos de feminicidios íntimos en los que el agresor fue una expareja o una persona a quien se había rechazado representan un 64% del total de feminicidios íntimos, mientras que en los últimos tres años, de forma acumulada, fue un 67% de los casos, según un análisis de datos realizado por la Unidad Investigativa de Género, una alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo y Todas.

Esta cifra incluye a tres mujeres que fueron víctimas indirectas en secuencias de violencia doméstica. Alexandra Cardona Torrado, fue asesinada por la expareja de la amiga a la que daba refugio cuando intentaba huir de la relación violenta. Jaimette Sánchez Ledeé era la vecina del feminicida Pedro Montes Collazo, un guardia penal que luego de matar a su expareja Marilyn Reyes Ayala y a un compañero de trabajo, Alvin Rafael Sugrañes Lebrón, la mató a ella. Rosimar Rodríguez Gómez fue asesinada por Jay O’Neill, la expareja de quien era su pareja en el momento en que fue secuestrada, en septiembre de 2020.

“La literatura y la experiencia trabajando con sobrevivientes nos demuestran que el momento de mayor letalidad es cuando están rompiendo esa relación, cuando están estableciendo límites”, explicó Coraly León Morales, directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, que por 43 años ha ofrecido albergue y servicios a sobrevivientes de violencia doméstica y a sus crías.

Según Lisdel Flores Barger, directora ejecutiva de Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, “en la medida en que la persona agresora sabe que todavía te intimida, que todavía te mueres del miedo, y no accionas, y no ve movimiento en ti como para tomar decisiones, pues siguen ocurriendo las violencias, pero incrementa cuando la persona agresora sabe o siente que va perdiendo ese control sobre ti”.

De víctimas a personas que resisten y enfrentan la violencia

Las Petunias se reunieron con la Unidad Investigativa de Género para recordar y celebrar la vida de Hornedo y para acompañarse como grupo en este momento que todavía les parece irreal. “No podemos menos que honrar su memoria y levantar la voz para que otras mujeres entiendan que, a veces, [...] tenemos que recurrir a nuestro primer entorno también. A veces, queremos callar para no preocupar, y eso no está bien porque no sabes quién te puede tender la mano”, dijo Wanda Rodríguez.

Tanto León Morales como Flores Barger insistieron en que buscar ayuda en el entorno y en organizaciones que ofrecen servicios es la manera más segura de enfrentar una ruptura en una relación violenta, aunque no se trata de una tarea fácil. Decir “basta” no es meramente un asunto de voluntad, explicó Flores Barger, sino que implica enfrentar el miedo y la falta de información sobre los servicios disponibles, que van desde una orientación confidencial hasta acompañamiento en tribunales y albergue.

León Morales señaló que para muchas personas puede ser difícil reconocer su situación y buscar ayuda en un periodo de ruptura debido a los estereotipos alrededor de lo que significa se de violencia de género. En ese contexto, la doctora e investigadora Diana Valle Ferrer plantea que es necesario entender esas acciones como actos de lucha contra la violencia, lo que “les ayuda a cambiar la visión que tienen de sí mismas, se transforman de víctimas receptoras de violencia en mujeres que resisten y enfrentan la violencia. Este es un paso importante hacia la desvictimización y el empoderamiento”, dice su libro Espacios de Libertad: Mujeres, violencia doméstica y resistencia.

“El sistema de servicio de albergues surge de la premisa de que la violencia aumenta [...] cuando una persona que es sobreviviente de violencia doméstica decide salir de la relación”, dijo León Morales.

Este año, las armas de fuego fueron utilizadas en ocho de los 14 casos, manteniéndose como la forma de muerte más común en los últimos seis años.

Urge garantía del gobierno central y los municipios para acceso a servicios inmediatos

Gurabo y Canóvanas encabezan la lista de municipios con más feminicidios íntimos en los últimos tres años. En el caso de Gurabo, dos de los cuatro incidentes fueron perpetrados por una expareja, mientras que en Canóvanas fue uno de tres feminicidios.

A la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera Santana, del Partido Nuevo Progresista, le resulta “un poco difícil de comprender” debido a que es una de los pocos ejecutivos municipales que han establecido una oficina para ofrecer o canalizar servicios a víctimas de violencia de género.

Rivera Santana reconoce, además, que es una de las dependencias cuyos servicios tienen mayor demanda en el municipio, incluyendo asesoría legal, acompañamiento al tribunal, atención psicológica, coordinación de servicios con organizaciones sin fines de lucro, entre otros. Y ha seguido aumentando. “En el 2021, atendimos 94 casos directos que tenían alguna situación en el tribunal. Este año, hasta junio de 2022, llevamos 109 casos”, observó.

En este sentido, tanto las directoras de organizaciones como Rivera Santana identificaron problemas o retos. Primero, señalaron que hay muchos servicios concentrados sólo en el área metropolitana. Segundo, que los servicios que sí están disponibles en las regiones no se dan a conocer. Finalmente, que quienes ofrecen estos servicios de atención inmediata son las organizaciones sin fines de lucro, pero no tienen garantías de que sus fondos serán recurrentes y estables.

Por eso, la presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Vilmarie Rivera Sierra, resaltó la importancia de que los municipios, que es a donde los ciudadanos suelen recurrir primero para cubrir sus necesidades, adopten protocolos, capaciten a sus empleados y establezcan alianzas con las organizaciones para actuar rápidamente y proteger la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica. Rivera Sierra, quien fue integrante del Comité PARE (Prevención, Apoyo, Rescate y Educación), que se creó en 2021 a partir de la declaración de un estado de emergencia por la violencia de género, recordó que el grupo desarrolló un protocolo uniforme para la atención y respuesta de casos de violencia de género en municipios.

En Gurabo, por ejemplo, la alcaldesa destacó que las organizaciones son las que permiten atender al momento los casos que llegan a su municipio, ya que las víctimas no reciben necesariamente protección inmediata al acudir a cuarteles y tribunales, o terminan desistiendo de buscar ayuda al enfrentarse a sus protocolos.

Las intervenciones de las organizaciones, explicó Rivera Santana, incluyen pareo de fondos para sobrevivientes que necesitan salir del país, vivienda transitoria, entre otras. “Pero estas organizaciones necesitan ser inyectadas” con fondos adicionales, destacó.

Los retos financieros suelen verse todos los años en los titulares noticiosos. Por una parte, las organizaciones han denunciado la lentitud y el retraso de la distribución de los fondos federales y locales que obtienen a través de agencias como los departamentos de Justicia y Familia, o la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Por otra parte, enfrentan reducciones presupuestarias, como los fondos federales del Victim of Crime Assistance Formula Grant (VOCA, por sus siglas en inglés), que distribuye Justicia.

“Una manera de fortalecer el sistema de servicios y lograr esa continuidad y esa accesibilidad a perpetuidad es garantizar que la gama de servicios dirigidos a sobrevivientes de violencia de género, son considerados como servicios esenciales”, argumentó León Morales.

No es suficiente decir “sal de la relación” si no se dirige a los servicios

Para atender la escasez de recursos en diferentes partes del archipiélago, tanto Rivera Santana como la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres en el Senado, Migdalia González Arroyo, del Partido Popular Democrático, y Lisdel Flores Bargel coincidieron en que los gobiernos municipales podrían ser un vehículo esencial para al menos divulgar y canalizar las ayudas que están disponibles mediante la coordinación y los referidos. “Pero eso no se ha logrado”, lamentó la directora de Hogar Ruth.

“Ha sido una preocupación de muchas legisladoras municipales en municipios a los que represento [del distrito de Mayagüez], que no hay unas oficinas establecidas dentro de los municipios. Lamentablemente, algunos alcaldes, por la limitación de fondos que tienen en este momento, no pueden abrir esas oficinas aunque quisieran hacerlo”, dijo González Arroyo.

Reconociendo este problema, la alcaldesa de Gurabo afirmó que “sí creo que pueden establecer procesos”. “Acá ha habido muchos alcaldes que se han acercado a mí y les estoy ofreciendo el protocolo de mi oficina, y lo hago con gusto porque no es un modelo grandísimo, sino de tener un acceso directo porque en las alcaldías buscan el servicio directo y conocemos más los barrios, las familias”, explicó Rivera Santana. En su caso, también han recibido sobrevivientes de otros municipios. Aunque su pueblo encabeza la lista de feminicidios, la alcaldesa expresó esperanza ante las vidas que entiende que podrían estar protegiendo.

¿Qué hacemos con los agresores?

La senadora González Arroyo insistió, además, en que el primer paso para reducir este tipo de violencias es implementar en las escuelas un currículo con perspectiva de género, y señaló al gobernador Pedro Pierluisi y al Departamento de Educación por haber “incumplido con las negociaciones” sobre esta iniciativa, que terminó convirtiéndose en un currículo “de equidad y respeto”.

Desarrollar un currículo con perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyen a la desigualdad, el discrimen y la violencia es uno de los compromisos que Pierluisi estableció en la orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico, en enero de 2021, y que extendió hasta el 30 de junio de 2023.

“Si lo hubiésemos implementado hace unos años, ya tendríamos una nueva generación de personas con conciencia”, dijo la senadora.

Su homóloga novoprogresista Nitza Morán Trinidad, también miembro de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, defendió las gestiones gubernamentales, resaltando que “es muy complejo tocar las puertas de los hogares y decir: “¿Aquí está pasando algo?”.

“Hasta que sucede un altercado. Y de ahí [en los tribunales y cuarteles] es que tenemos que partir” y que “se tome por sentado de que sí ocurrieron los hechos y que automáticamente se aleje a esa persona del ambiente agresor”.

A juicio de las directoras de las organizaciones consultadas, es urgente educar sobre la violencia machista en las relaciones de pareja de forma preventiva, así como sobre los derechos de las personas sobrevivientes, los remedios legales, los servicios, lo que pasaría con sus crías, la situación en los casos de inmigrantes, entre otros. Si se hace desde el Estado, dijo León, “sería un gran paso, y todavía no ha habido una estrategia que demuestre un compromiso y una voluntad real de poder atender eso”.

La mayoría de los feminicidios están bajo investigación

Hasta el 31 de octubre, el Observatorio de Equidad de Género contó 62 feminicidios, de los cuales 14 son íntimos. Sin embargo, 38 de los 62 feminicidios siguen bajo investigación, lo que la entidad define como “muertes violentas de mujeres y niñas sin información” o “cuerpos hallados abandonados y sin información sobre motivo o causa de muerte”.

Mientras que el año pasado cerró con 26 casos bajo investigación, hasta el 31 de octubre del año en curso se han acumulado 38 casos, 12 feminicidios más. De esos 38, se desconoce el móvil o agresor de 20, y no se ha determinado la causa de muerte o no hay signos de violencia en los otros 18.

Cuando familiares de Erika Neris Díaz, de 27 años, presenciaron una discusión fuerte entre ella y su expareja Víctor Javier Sánchez Vélez, la orientaron para que solicitara una orden de protección. Y lo hizo, aunque luego decidió no renovarla. “Siempre se culpaba ella. Decía: ‘Yo lo hice enojar’. No lo hiciste enojar. Él es así y punto”, recordó su hermano menor Christian Hernández Díaz.

A su juicio, fue el machismo lo que acabó con la vida de su hermana cuando Sánchez Vélez la asesinó el 14 de febrero de este año en la marquesina donde Neris Díaz ejercía como manicurista. También, asesinó a Kristian Molinari Suárez, con quien la mujer estaba comenzando una relación. Para Hernández Vélez, su hermana queda en su memoria como una gran madre para sus tres hijos, y aunque este hombre tronchó su vida, espera que el futuro sea mejor para otras mujeres. “Necesitamos una educación con perspectiva de género, un completo adiestramiento en nuestro sistema judicial y una mirada completa a la situación social y de salud mental que tenemos”, reflexionó el maestro de historia.

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