La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, en colaboración con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), determinó no asignar un Fiscal Especial Independiente al alcalde de San Juan luego de concluir la investigación preliminar ordenada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tras las querella presentada por el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, el exrepresentante Manuel Natal Albelo, la exsenadora, Rossana López León, y el exlegislador municipal de San Juan, Adrián González Costa.
En la querella presentada el 2 de mayo de 2022 también se incluía al senador, Juan Oscar Morales Rodríguez, y los representantes, Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez, así como del excandidato a representante por el Precinto 2 de San Juan, Sr. Ricardo Rey Ocasio Ramos.
PUBLICIDAD
“La prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos, como tampoco, el que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de JR Asphalt, Inc.”, lee el informe de la DIPAC.
Los querellantes señalaron que había trascendido públicamente que el alcalde Romero Lugo y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) habían tenido vínculos con la empresa JR Asphalt, Inc. y que los señores Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas fueron socios en esa empresa y habían sido acusados en el foro federal por participar en un esquema de soborno a cambio de adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañía de asfalto y pavimentación.
Alegaron que pudo haber existido un acuerdo entre el querellado Romero Lugo y los socios de JR Asphalt, Inc. en el cual los últimos realizarían obras de bacheo en las calles de San Juan a cambio de que se les otorgasen contratos municipales en un futuro. Además, los querellantes expusieron que, de acuerdo con las expresiones vertidas por el alcalde Romero Lugo, éste confirmó que no pagó por el asfalto, ni por el personal o la maquinaria que se utilizó para asfaltar varias calles en San Juan durante los años 2019 y 2020. También, los querellantes arguyeron que, ante las presuntas admisiones de los querellados, así como la información reseñada en varios medios de comunicación relacionada a los vínculos del alcalde Romero Lugo con JR Asphalt, Inc., ellos consideran que pudiese haber una serie de violaciones al Código Penal de Puerto Rico.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la DIPAC, y envió hoy a la OPFEI el informe sobre el resultado de la investigación.
