Un jurado federal condenó a Jorge L. Armenteros-Chervoni por intentar realizar contrabando en prisión y por hacer declaraciones falsas en formularios de agencias federales, informó Ee fiscal federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico.
Según Muldrow, Armenteros es un abogado con licencia tanto a nivel federal como estatal. Documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, presidido por el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Raúl Arias-Marxuach, detallan que el abogado de 51 años, intentó ingresar al Centro de Detención Metropolitano (MDC) en Guaynabo, dos teléfonos celulares y 75 tarjetas SIM (Módulo de identidad del suscriptor) escondidas dentro de un compartimento secreto de un sobre de burbujas el pasado 22 de diciembre de 2021.
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Antes de pasar el sobre por seguridad, Armenteros le entregó al oficial del vestíbulo principal tres formularios de notificación de visitantes de la Oficina de Prisiones, para tres reclusos diferentes, indicando que no tenía en su poder ningún teléfono u otro dispositivo electrónico, relataron las autoridades federales.
El oficial del vestíbulo principal detectó el contrabando y, después de inspeccionar el sobre de burbujas, lo abrió en presencia de Armenteros. El sobre contenía dos teléfonos móviles y 75 tarjetas SIM dentro del compartimento secreto del sobre. El testimonio presentado en el juicio describió un mercado negro dentro del MDC para teléfonos celulares y tarjetas SIM de contrabando que los reclusos utilizan para participar en actividades delictivas. Los dos teléfonos celulares tenían un valor conservador de $50,000 cada uno y las tarjetas SIM tenían un valor de $2,000 cada una, por un valor total de los dispositivos electrónicos de contrabando dentro del MDC de aproximadamente $250,000.
El fiscal federal adjunto Julian Radzinschi, de la Unidad de Delitos Violentos, estuvo a cargo de la acusación en el caso, así como el fiscal federal W. Stephen Muldrow. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) estuvo a cargo de investigar el caso. La fecha de sentencia está programada para el 16 de febrero de 2023. Las penas máximas por estos delitos son: un año por intentar proporcionar contrabando a los reclusos y hasta cinco años de prisión por mentir en formularios de agencias federales.
