Imagine que necesita ayuda urgente de algún servicio esencial para su supervivencia, pero, al llegar al lugar, nadie habla ni entiende ninguna de sus formas de comunicación.
Desgraciadamente, ese es el caso de cientos de miles de personas de la comunidad sorda en Puerto Rico que a diario se topan con la barrera del discrimen y el aislamiento social debido a la falta de implementación de la política pública existente que atiende su necesidad más básica: la comunicación.
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Así aseguraron a Metro dos conocedores sobre los retos que enfrenta esta comunidad, que agrupa a más de 200,000 personas, según datos de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI).
“La comunidad sorda en Puerto Rico ha tenido una serie de necesidades increíbles a través de los tiempos, pero el primer gran problema que ellos tienen somos nosotros los oyentes, que no los entendemos”, aseguró William Pellot, director ejecutivo de la DPI.
“Tampoco hacemos nada para tratar de entenderlos y, desafortunadamente, son rechazados y marginados a pesar de que son seres humanos igual que nosotros. Lo único que tienen diferente es que no pueden escuchar, es todo”, añadió.
Pellot subrayó que se necesita buscar la manera de integrar a la comunidad sorda en la sociedad y que esta, a su vez, pueda entender la idiosincrasia de este grupo poblacional.
“Que ellos sean parte de nuestro mundo y nosotros del de ellos. Esto va en las dos vías”, aseguró el funcionario.
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El titular de la DPI explicó que para atender esas necesidades se creó en 2021, en virtud de ley, la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda bajo la sombrilla de la DPI, y que apenas entró en funciones en septiembre pasado con el nombramiento de su director.
Según estipula la Ley 22 de 2021, que ordena la creación de la Oficina Enlace, esta dependencia pública estará compuesta por un equipo de profesionales capacitados para trabajar con la comunidad sorda y atender sus necesidades de manera adecuada y efectiva. También, indica la ley, velará por la integración de esta comunidad brindándole acceso a los servicios básicos que ofrecen las diversas agencias administrativas.
Empoderar a la comunidad
José Troche, quien recién el 15 de septiembre asumió el puesto de director ejecutivo de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda, coincidió con Pellot sobre la gran necesidad que tiene este sector y aseguró que, como titular de esta oficina, buscará que la propia comunidad se empodere de esa dependencia.
“Una de las metas que tenemos es que sea la propia comunidad sorda la que entre a empoderarse de su destino, de su política pública y de sus servicios. Yo, como director ejecutivo, aspiro a eso, a que sea la propia comunidad sorda la que administre sus propios servicios”, explicó el también abogado, quien por años ha sido defensor de la integración de esta comunidad a la sociedad.
“Que sean miembros de la comunidad los propios directores ejecutivos de la oficina, los contables, los oficiales de recursos humanos... El talento lo hay y la capacidad está ahí, y esas son parte de las oportunidades que se deben abrir para ellos, pero eso se logra con un proceso de empoderamiento comunitario por parte de los sordos”, añadió.
No obstante, Troche admitió que, para lograr esto, tanto el gobierno como la Academia deben unir esfuerzos para desarrollar currículos acordes a estas necesidades y crear la cantera de talento que se requiere.
El director ejecutivo de la Oficina Enlace recalcó además que no proveerle servicios a la comunidad sorda en su lenguaje de señas constituye una violación a sus derechos humanos más básicos.
“Tenemos que atender la situación en reconocimiento de la cosa más digna que tiene un ser humano, que es su lenguaje como herramienta básica de comunicación”, señaló Troche.
“Esta comunidad tiene su propia idiosincrasia y su propia forma de acceder a los servicios, y a nosotros, las personas oyentes, y al gobierno es a quienes nos corresponde abrirles esos espacios de inclusión, pero eso requiere de políticas públicas distintas, que vayan enfocadas a la cultura sorda y que, con suerte, redunden en esa integración de servicios”, añadió a la vez que hizo la salvedad de que no se trata únicamente de disponibilidad de intérpretes, sino de acceso a la información y a otros servicios públicos.
Según señala el Estudio de Necesidades de la Comunidad Sorda en Puerto Rico publicado en 2022 por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en la isla existe una población sorda de 228,421, de los cuales 117,466 son hombres y 110,956 mujeres. De estos, 10,619 fluctúan entre los 18 y 24 años mientras que 112,919 son personas de 65 años o más.
Asimismo, 107,664 personas de la comunidad sorda viven bajo el nivel de pobreza con un salario anual de menos de $15,000, mientras que 4,812 personas sordas tienen un ingreso anual de $50,000 o más.
Capacitación pública
Una de las grandes promesas inconclusas que el gobierno – y la sociedad – le adeudan a la comunidad sorda de Puerto Rico es la implementación de la Ley 56 de 2018, que incluiría cursos de lenguaje de señas en el currículo del sistema de educación pública a nivel elemental, intermedio y superior para fomentar la integración de este lenguaje en los cursos regulares.
Según ambos funcionarios, la implementación de este estatuto cambiaría completamente la visión social hacia la comunidad sorda y garantizaría una capacitación a gran escala de individuos conocedores del idioma.
“Desde mi perspectiva, es un problema de implementación, de cómo yo voy a conseguir maestros de lenguaje de señas”, opinó Pellot. El intérprete es un profesional de alto costo y de difícil reclutamiento. Si difícil es contratar a un maestro de química o de física, es todavía más difícil contratar a un maestro de lenguaje de señas”.
Por su parte, Troche explicó que una de las metas de su oficina es precisamente buscar la manera de implementar la Ley 56, que a todas luces podría ser un “game changer” para esta comunidad.
“He tenido reuniones con la secretaria de educación especial del Departamento de Educación y se está entrando a retomar ese trabajo porque sabemos que su implementación ha sufrido retraso por las situaciones que el país ha vivido desde el huracán María, luego con los terremotos y el Covid-19″, explicó el titular de la Oficina Enlace.
“Pero sí es una de las prioridades de nuestra oficina lograr integrarlo en el sistema de educación pública porque esto también puede significar empleos para la comunidad sorda. Pero muchas veces estos trámites no van a la par con las necesidades reales de la comunidad”, añadió.
Educación sigue en fase de proyecto piloto
A pesar de los reclamos de que aún no se siente el impacto de la Ley 56 de 2018, lo cierto es que el Departamento de Educación (DE) continúa el proceso de implementación, que hasta el momento ha implicado solo un programa piloto en una escuela.
Así lo afirmó Jessica Díaz Vázquez, secretaria asociada de Educación Especial. “La implementación al 100 % de la ley no se ha completado y continuamos en ese proceso. Pero entendiendo que estamos entre un 80 % y un 85 % de lograr la meta acometida bajo la Ley 56″, aseguró la educadora a Metro.
La funcionaria explicó que han trabajado en fases, siendo la primera la creación de un comité para identificar profesionales, tanto de la comunidad oyente como de la sorda, que nutra el banco de talento que requiere un proyecto de tal magnitud.El comité ya está constituido hace cuatro años.
“Otra tarea encomendada por ley era desarrollar un currículo a través de ese comité. Ya se desarrollaron 10 lecciones para implementar dentro de los currículos de educación. De esas 10 unidades, se desarrollaron 60 cápsulas que las trabajaron con WIPR, y esas 60 cápsulas de esas 10 unidades también están completadas”, añadió.
La implementación en las escuelas comenzó en este semestre en un plantel en el municipio de Orocovis.
