CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras la multitudinaria marcha en la capital mexicana contra el proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el lunes la movilización, a lo que sus detractores reaccionaron con cuestionamientos que encendieron el debate político en México.
La respuesta del mandatario no sorprendió a sus críticos y analistas que ven improbable que la masiva movilización eche para atrás la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE). Prevén, en cambio, que López Obrador utilice la iniciativa para seguir alimentando la polarización, un terreno donde el avezado político le gusta moverse.
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“Puro demócrata”, dijo López Obrador en tono irónico mientras mostraba en su conferencia matutina del lunes las fotografías de algunos de los políticos opositores que acudieron a la marcha, que se desarrolló la víspera en el centro de la capital mexicana, y que se convirtió en la mayor protesta contra su gobierno luego de cuatro años de mandato.
El gobernante, que inició su sexenio en el 2018, afirmó que los convocantes utilizaron la reforma electoral como una “excusa” para protestar y sostuvo que los asistentes a la movilización en el fondo salieron a manifestarse “en contra de la transformación que se está llevando en el país”.
“Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción. Lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación”, agregó.
López Obrador aseguró que en la marcha participaron entre 50.000 y 60.000 personas, mientras que los convocantes sostienen que al evento acudieron más de 200.000.
Las fuerzas opositoras consignaron sus críticas el lunes contra la reforma electoral y en apoyo del INE.
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“Muchas de las propuestas de esta reforma son contradictorias y atentan contra nuestros derechos", afirmó en un video difundido en las redes sociales Marcos Aguilar Vega, vocero nacional del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), quien instó a los mexicanos a defender el actual sistema electoral e impedir que el INE sea modificado "por intereses personales”.
Por su parte, Rubén Salazar, director de la firma local Etellekt Consultores, que se dedica al diseño de estrategias de comunicación, análisis de riesgos y políticas públicas, defendió que la marcha sirvió para enviarle “una señal al gobierno de que al menos esta reforma no tiene la suficiente mayoría”, pero dudó de que López Obrador la vaya a retirar.
Salazar dijo a The Associated Press que el mandatario seguirá adelante con la iniciativa porque tiene interés en estimular la polarización que es el escenario “donde se siente cómodo”, y agregó que es muy posible que el partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) convoque próximamente a una marcha en apoyo a la reforma para seguir animando el debate.
El analista sostuvo que la reforma tiene que ver con la estrategia electoral que está siguiendo López Obrador de cara a las próximas elecciones presidenciales y planteó que ante el estancamiento de los niveles de apoyo popular de los tres precandidatos presidenciales del oficialismo -la alcaldesa de la capital mexicana Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López-, eso podría explicar la “insistencia en controlar el INE y alinearlo al gobierno… para asegurar que sus candidatos obtengan la victoria en el 2024”.
Con el fin de alentar un movimiento en defensa del INE, más de medio centenar de organizaciones civiles y partidos opositores convocaron el domingo en la capital mexicana y otras ciudades a la llamada “Marcha por la democracia”.
El proyecto de reforma constitucional que será discutido en las próximas semanas en el Congreso de mayoría oficialista, contempla la desaparición de las dependencias electorales estatales, la reducción del financiamiento a los partidos y la elección de los integrantes del organismo electoral por sufragio ciudadano y no por la Cámara de Diputados, como es actualmente.
La iniciativa también plantea la desaparición de los legisladores plurinominales que son electos por representación proporcional mediante listas regionales, lo que implicaría la eliminación de 200 diputados y 32 senadores y reduciría la cámara baja a 300 miembros y el Senado a 96.
López Obrador asegura que su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano, mientras que críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
El oficialismo no cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma constitucional y necesitaría del apoyo de la oposición para sacarla adelante. Hasta el momento no está clara cuál será la postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en septiembre se distanció de sus aliados opositores para apoyar una reforma sobre el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública impulsada por el mandatario.
