Organizaciones integrantes de la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), catalogaron el jueves, de atropellado y sumamente burocrático, el proceso para acceder a fondos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico.
Estos obstáculos en la otorgación de fondos apuntan a un desmantelamiento en el sistema de servicios de las organizaciones que atienden a víctimas y sobrevivientes de Violencia de Género en el país.
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“Desde las organizaciones que representamos en nuestra Coalición es muy difícil mantenernos optimistas y confiadas en el proceso de otorgación de fondos que provienen del Gobierno de Puerto Rico. Cada año, en vez de crear caminos más justos y accesibles para las organizaciones, se añade más burocracia e inaccesibilidad a entidades que son reconocidas por su trabajo responsable y de larga trayectoria. Nos preocupa el efecto que los recortes y la falta de agilidad en los procesos están teniendo ahora mismo en la otorgación y continuidad de servicios para personas que enfrentan ciclos de violencia de género, ya que varias entidades podrían estar en riesgo de cerrar”, puntualizó Vilma González, directora ejecutiva de CPM en declaraciones escritas.
“¿Cuántos meses van a pasar en esta incertidumbre? En un contexto de Estado de Emergencia por Violencia de Género, se están tomando decisiones que concretamente afectan los servicios y se potencia el aumento en feminicidios. Esta es la receta para el desastre”, añadió Coraly León, directora ejecutiva del albergue Casa Protegida Julia de Burgos e integrante del Comité Coordinador de CPM.
Insistió en que la escasez de servicios afecta en mayor proporción a los servicios que se otorgan fuera del área metropolitana de Puerto Rico.
Son tres las oportunidades de fondos que se han abierto desde el Gobierno, estatal y federal, y a las que las organizaciones han presentado sus propuestas:
- $2,000,000.00: 29 de septiembre de 2022 se informó, desde la Oficina de Cumplimiento PARE, sobre la disponibilidad de fondos destinados a toda organización no gubernamental sin fines de lucro o albergue que brinde servicio directo a las víctimas sobrevivientes de violencia de género y que se hayan visto afectadas por la reducción de fondos federales del Victim of Crime Assistance Formula Grant (VOCA, por sus siglas en inglés).
- $516,634.00: el 13 de octubre de 2022 se informó sobre la disponibilidad de sobrante de fondos VOCA correspondiente a los años 2019 y 2020. Estos fondos están destinados a entidades de gobierno, municipios y organizaciones sin fines de lucro que presten servicios a víctimas del crimen.
- $6,400,000.00: el 24 de octubre de 2022 se informó sobre la disponibilidad de fondos estatales para enfrentar la disminución de los fondos federales y apoyar la continuidad de los servicios directos a las víctimas de delito.
La preocupación principal para las organizaciones es que los fondos de estas tres propuestas estarían disponibles en varios meses y la necesidad del dinero es crucial ahora. Es por eso que exigen acelerar la otorgación de los fondos, que el Gobierno deje de cambiar reglas constantemente y que haya consistencia en las peticiones.
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“Es importante resaltar que el apoyo comunitario y las actividades de recaudación que las organizaciones se han visto obligadas a realizar contribuyen a su supervivencia, pero se necesita estabilidad y certeza con relación a los ingresos. La incertidumbre que rodea la continuidad de los servicios que ofrecen las organizaciones para salvar vidas, como consecuencia de las actuaciones gubernamentales, constituyen violencia institucional”, insistió la abogada y activista Josefina Pantoja, integrante de CPM.
“Las organizaciones que otorgamos servicios a las víctimas y sobrevivientes de Violencia de Género en el país hemos sido transparentes y hemos rendido cuentas sobre los fondos que recibimos, pero no estamos dispuestas a seguir soportando la violencia a la que somos sometidas durante el proceso de solicitud”, señaló Jennifer Berrios, directora ejecutiva de Casa Pensamiento Mujer del Centro e integrante del Comité Coordinador de CPM.
“Desde nuestros espacios estamos haciendo el trabajo que el Estado no quiere hacer y tampoco cuenta con los recursos para realizar. Lo que estamos viviendo es una masacre con las organizaciones sin fines de lucro en medio de un Estado de Emergencia por Violencia de Género. Entendemos que se colocan obstáculos innecesarios y eso nos demuestra que no hay voluntad, planificación ni organización de parte de las agencias y personas pertinentes”, finalizó Lisdel Flores directora ejecutiva del albergue Hogar Ruth y Facilitadora del Comité Coordinador de CPM.
“Reiteramos la exigencia de que el Estado asuma su responsabilidad y tenga la voluntad de tomar con premura los reclamos de las decenas de organizaciones que brindan servicios a las mujeres del país”, concluyó.
