El Tribunal Supremo determinó que no evaluará si la delegada congresional electa, Elizabeth Torres I Rodríguez, ha cumplido o no con su trabajo de cabildera por la estadidad.
La determinación del Tribunal se dio mediante el mecanismo de Sala de Despacho integrada por el juez asociado Rafael Martínez Torres como su presidente, y los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo, Roberto Feliberti Cintrón y Angel Colón Pérez, quien fue el único disitente.
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“Más allá de lo que pueda ser nuestro sentir en torno a las controversias ante nuestra I consideración --, no podemos finalizar este escrito sin expresar que nos resulta extremadamente inaudito que una mayoría de esta Sala, siguiendo el errado proceder del Tribunal de Apelaciones, coloque a un juez o jueza del foro primario en la delicada tarea de tener que escoger entre: dirimir si la señora Elizabeth Torres Rodríguez está o no cumpliendo con su tarea de adelantar determinado estatus político (la Estadidad, en este caso) o, por el contrario, cumplir con su irrenunciable deber de observar estrictamente lo dispuesto en los Cánones de Etica Judicial, (los cuales, como se sabe, prohíben la participación, directa e indirecta, de los jueces y juezas en los procesos políticos). Precisamente, para evitar lo anterior es que tal y como lo sentenció el Hon. Anthony Cuevas Ramos, juez del Tribunal de Primera Instancia, en un escrito en extremo fundamentado y celosamente redactado --existe la doctrina de cuestión política”, expresó Colón Pérez.
“Sin lugar a dudas, la prudencia -- sí, esa que debe dirigir nuestros trabajos --hoy no prevaleció”, añadió.
La solicitud de destitución de Torres Rodríguez por parte del Departamento de Justicia inició a principio de abril. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, alegó incumplimiento craso con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, desestimó el caso al indicar que el recurso presentado por el Ministerio Público: “trata sobre una cuestión política en el cual los tribunales no deben inmiscuirse”.
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