Como parte de una ofensiva extrajudicial de los Maldonado antes de que se vea el caso judicial contra el exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, su hijo Raúl “Raulie” Maldonado radicó el viernes pasado una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental contra la auditora senior de esa misma dependencia, Yaminelle Marquéz Canales.
La querella imputa posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental contra la funcionaria —quien tuvo a su cargo la auditoría forense contra el padre del querellante en un caso que culminó en acusaciones del Fiscal Especial Independiente (FEI)— por su participación en un colegio que tiene contratos con el municipio de Luquillo y la Administración para el Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN). El colegio se identifica como la corporación Casa Montessori Mis Pequeñas Manos, Inc. Según documentos del Departamento de Estado, la auditora de la OEG es vicepresidenta del colegio. La corporación en la cual tiene Marquéz Canales tiene un puesto ejecutivo que certifica sus finanzas, mantiene varios contratos con entidades gubernamentales. Se trata de dos contratos de arrendamiento por $1 con el municipio de Luquillo y uno con ACUDEN del Departamento de la Familia por $532,956.29 de Fondos Federales.
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Maldonado plantea en su querella que hay posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, pues mientras Márquez Canales ejerce su puesto de Auditora Senior en la Área de Auditoría de Informes Financieros de la Oficina de Ética Gubernamental mantiene contratos con entidades dirigidas por funcionarios que ella debe auditar en la OEG.
En la querella se mencionan tres artículos de la Ley de Ética Gubernamental que la funcionaria pudo haber violentado. El artículo 4.2 que plantea que “un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él” . El artículo 4.3 que establece que “un servidor público no puede aceptar o mantener un empleo o relaciones contractuales o de negocio, o responsabilidades adicionales a las de su empleo o cargo público, ya sea en el Gobierno o en la esfera privada que, aunque legalmente permitidos, tenga el efecto de menoscabar su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales. (b) Un servidor público no puede aceptar o mantener un empleo o relaciones contractuales de las que derive una ventaja indebida con una persona privada o negocio que esté reglamentado por, o que tiene relaciones contractuales, comerciales o financieras con la agencia para la que trabaja, cuando el servidor público tenga facultad para decidir o influenciar las acciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona privada o negocio”. Mientras que el artículo 4.4 plantea que “un servidor público no puede representar, directa o indirectamente, a una persona privada o negocio, con relación a una acción oficial, si él, un miembro de su unidad familiar, su pariente, su socio o una persona que comparte su residencia ha participado, participará o probablemente participe en la disposición de esa acción oficial”.
La querella incluye documentos del Departamento de Estado, los contratos registrados en la Oficina del Contralor y un informe de un detective privado en el que consta una entrevista al ex esposo de la auditora de la OEG.
Además, Maldonado, hijo radicó otra querella ante la Oficina del Contralor para solicitar que se investiguen los contratos con el municipio de Luquillo y ACUDEN por entender que se otorgaron habiendo un conflicto de intereses y en violación a la Ley de Ética Gubernamental.
El hijo del ex secretario de Hacienda también sometió requerimientos de información sobre contratos y gestiones públicas de la auditora de la OEG ante el municipio de Luquillo, ACUDEN y la propia OEG.
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Esta acción de Maldonado se suma a las querellas presentadas hace unas semanas por su padre ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico contra los fiscales del FEI que llevan su caso penal. El ex secretario de Hacienda se querelló contra los fiscales Manuel Núñez Corrada y Miguel Colón por alegadas violaciones a los cánones 5 y 13 de Ética Profesional de los abogados licenciados en Puerto Rico. Una de las querellas tiene que ver con una alegación de intervención por parte de uno de los fiscales con un testigo de la defensa, mientras otras dos querellas se relacionan con la publicidad del caso contra el también ex secretario de la Gobernación. La alegación de intervención con un testigo se relaciona precisamente con el detective privado que trabaja para la defensa de Maldonado luego de que este entrevistara al ex esposo de la auditoria que realizó la auditoría forense sobre el ex secretario de Hacienda.
En el proceso penal que llevan los fiscales especiales Núñez Corrada y Colón se le imputa a Maldonado violar la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal. Tres de los cargos son por el artículo 5.7 A de la Ley de Ética Gubernamental que penaliza la falsificación o no presentación de información financiera y los otros tres son por perjurio correspondientes a los años en los que el CPA fue parte del gabinete ejecutivo del renunciante gobernador, Ricardo Rosselló. Los cargos radicados por el FEI no fueron producto del referido de Justicia que a su vez surgió por un referido de la Oficina de la Inspectora General (OIG) al reabrir una auditoría en Hacienda en el verano del 2019, sino de uno de OEG sobre una auditoría forense a los informes financieros radicados por Maldonado durante el período que ocupó cargos públicos bajo la administración Rosselló. El caso penal está pendiente de entrar en fase de vista preliminar el próximo 9 de noviembre, al tiempo que hay una apelación pendiente ante el Supremo sobre el acceso del acusado a la prueba.
En este caso se alega que este ocultó en los informes ante la OEG ingresos por $170,688.27 en un período de tres años. La abogada de Maldonado ha dicho que se trata de un asunto técnico, ya que no son ingresos. López Mulero ha cuestionado por qué la OEG no atendió su señalamiento mediante un proceso de vista administrativa y optó por un referido penal a Justicia. La abogada sostiene que se trata de una represalia por las expresiones de los Maldonado en el verano de 2019, época en la que salió a la luz pública un chat de Telegram que desembocó en masivas protestas que culminaron en la renuncia a la gobernación de Ricardo Rosselló.
De ser encontrado culpable, Maldonado se expone a tres años de prisión.
