El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, denunció que el contrato de la empresa LUMA Energy con el Gobierno de Puerto Rico tiene cláusulas que están hechas para beneficiar al privatizador.
“El Gobierno privatizó la transmisión y distribución de energía, con la justificación de un servicio más eficiente y económico que el ofrecido por la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, cuando vemos en detalle algunas de las cláusulas del contrato, nos percatamos que el contrato está diseñado a la medida del privatizador”, sentenció Cruz Burgos.
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Cruz Burgos denunció que en el contrato de LUMA se incluyen unas condiciones relacionadas con el cumplimiento de unos criterios o parámetros de desempeño del privatizador que se mencionan en varias partes del acuerdo y que se detallan en el Anejo IX. Las métricas de desempeño incluyen criterios o asuntos tales como servicio al consumidor, cumplimiento técnico y regulatorio, así como acatar el presupuesto operacional y parámetros financieros.
El representante señaló que estas métricas están organizadas en diferentes niveles o límites de cumplimiento mayormente estructurados a promover la otorgación de un incentivo económico para LUMA. Pero, es el mismo privatizador quien somete los límites o parámetros específicos de desempeño que son avalados por el Negociado de Energía, lo que los lleva a adjudicarse el incentivo económico por desempeño que comienza en $13 millones a $19 millones anuales por los primeros tres (3) años y $20 millones anuales por el término restante del contrato. Esto representa unos $309 millones adicionales para LUMA durante la vigencia del contrato.
“Cuando se firmó el contrato con LUMA se anticipó que este privatizador iba a generar unas economías operacionales de $250 millones en los primeros tres años en comparación con la AEE. Pero LUMA tuvo una pérdida de $20 millones en su primer año de operación. Y recientemente, el Negociado de Energía le aprobó a LUMA un presupuesto operacional para su segundo año que es $7 millones mayor al anterior, provocando un aumento en el costo del servicio”, explicó el Representante.
La Sección 14.5 del contrato establece que el excederse en el presupuesto operacional puede ser una justificación para la terminación del acuerdo. Sin embargo, ese posible incumplimiento está condicionado a que surja un déficit presupuestario operacional por tres (3) años consecutivos o más y que no existan situaciones de fuerza mayor o eventos sustanciales de interrupciones en el servicio. En otras palabras, LUMA tiene mano libre para incurrir en déficits operacionales por tres (3) años consecutivos sin exponerse a penalidades, y aun así, puede justificar una extensión de esos déficits con alguna situación de fuerza mayor.
“Las mismas condiciones contractuales favorecen que el operador incumpla con uno de los fundamentos primordiales de la privatización, una administración costo efectiva, lo cual anticipa no se generará la economía de $250 millones que tanto se anunció”, expresó.
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Otro de los fundamentos para el contrato de LUMA era que con la privatización se iba a proveer la electricidad a un costo estable y razonable. La Sección 5.6 (g), (h) y (i) del contrato faculta a LUMA a solicitar cambios tarifarios y cargos energéticos ante el Negociado de Energía. La cláusula contractual dispone que tanto el administrador del contrato (o sea, la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas) como el Dueño (Owner, o sea la AEE) deben apoyar las solicitudes de cambios de tarifa propuesto por LUMA. O sea, que las solicitudes de ajustes tarifarios ya cuentan con el endoso previo del gobierno. Es por esto que las 5 peticiones de aumento en el costo del kilovatio solicitadas por LUMA Energy han incrementado el costo energético de $0.17 a $0.33 el kilovatio. LUMA se ha aprovechado de su facultad de solicitar aumentos para obtener unos $600 millones en aumentos tarifarios innecesarios que deberían ser reembolsados a los abonados.
“A pesar de los constantes apagones, del servicio deficiente y del déficit operacional, ya el Negociado de Energía certificó que LUMA cumplió en un 80% con las métricas establecidas durante su primer año de operaciones. Esto hace a LUMA acreedora del incentivo económico establecido por cumplir con las métricas de desempeño. Así vemos que las métricas no están estructuradas ni predicadas en asegurar un desempeño óptimo ni satisfactorio de las operaciones de LUMA, sino en garantizar que el ente privatizador reciba un incentivo económico, y que los puertorriqueños quedan desprovistos de un sistema que sea eficiente, confiable y costo económico”, finalizó Cruz Burgos.
