Economía

Expertos coinciden en que Promesa ha complicado la situación de la isla en los pasados años

En el marco del décimo aniversario de Metro Puerto Rico, observamos el manejo de la crisis fiscal que ha protagonizado esta época.

Aunque hace una década ya navegábamos en crisis, en los pasados seis años, Puerto Rico ha experimentado una especie de derogación de su gobierno a través del mandato congresional de implementar la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) por la cual se estableció una junta de supervisión financiera para asistir en la reestructuración de la deuda pública. Sin embargo, expertos entrevistados por Metro coincidieron en que esta ley federal no ha tenido el efecto para la cual fue diseñada.

Según Rolando Emmanuelli, abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y experto en la Ley Promesa, la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) no ha tenido éxito en enderezar las finanzas del gobierno.

“La Ley Promesa enmendó sustancialmente la constitución de Puerto Rico, y la JSF fue adquiriendo cada vez más poderes mediante la teoría de que el plan fiscal priva sobre los intentos de legislación a nivel local y mediante el poder que la jueza Taylor Swain le ha dado”, aseguró Emannuelli.

Tampoco, argumentó el abogado, la ley Promesa ha cumplido su cometido de fiscalizar el gasto gubernamental a pesar de las innumerables medidas de austeridad que ha impuesto.

“La economía no ha tenido ningún crecimiento. La teoría esa de que haciendo el gobierno más pequeño y más ágil fomentaba el crecimiento económico, no ha ocurrido”, indicó.

“Aun cuando la JSF clama que tuvo éxito en el Plan de Ajuste de la Deuda, y que ahora la responsabilidad es menor en términos de los bonos, esa información es parcialmente cierta. Sí hubo un ajuste de los bonos, pero la responsabilidad económica de la deuda sigue más o menos igual porque añadieron a esa deuda la deuda de los pensionados. Actualmente, hay que conseguir, para el presupuesto, $3,350 millones antes de poner un dólar en las áreas de salud, educación o seguridad”, añadió.

El veterano abogado aseguró que en el Congreso federal no existe voluntad para atender ni la Ley Promesa ni el problema de estatus colonial de la isla.

“La fuerza esta acá. En el Congreso federal no hay ningún interés para resolver el problema político de Puerto Rico”, indicó.

“El problema de la Ley Promesa se tiene que resolver aquí. En Puerto Rico tiene que haber un consenso de las fuerzas políticas y del pueblo para ir allá con una sola voz y decirles que nos quiten este yugo. Pero, mientras todos sigan halando, cada cual para su lado, no se va a resolver nada”, añadió.

Una junta cansada

John Mudd, abogado y estudioso de la Ley Promesa, coincidió en que la ley federal ha fallado en su cometido original de asistir al gobierno de Puerto Rico a desarrollar una sana administración fiscal, y aseguró que el ente federal muestra signos de desgaste luego de seis años de monitoreo.

“Se esperaba que la JSF pusiera más controles al gobierno, pero el gobierno sigue igual. En realidad, no ha habido cambios de cómo se llevan las cosas en el gobierno”, lamentó Mudd.

“El historial legislativo de Promesa indicaba que se iba a tratar de llegar a acuerdos antes de la quiebra, que era lo último a lo que se iba a recurrir, pero en realidad fue lo primero que hicieron”, añadió.

A juicio de Mudd, parte del fracaso se debe a que, aunque la JSF tiene algún poder sobre el presupuesto del gobierno, no puede producir los cambios esenciales que el estado debe promover para disminuir el gasto público.

El experto en la Ley Promesa señaló que incluso la JSF y la jueza federal asignada al caso de Puerto Rico, Laura Taylor Swain están abrumados por el caso y desean ponerle fin de una vez y por todas.

“La JSF se ve cansada, como que quiere salir ya, por muchas razones. Ya no tienes los mismos miembros que empezaron, la jueza Taylor Swain ya no soporta este caso. Se dio cuenta de que, por un lado, tiene una junta que quiere dominarlo todo y, por otro, el gobierno que lo que quiere es politiquearlo todo, y no se sabe cuál es peor de los dos”, indicó, aunque aseguró que la jueza Taylor Swain favorece mayormente en sus fallos a la JSF.

Logros moderados

Para el economista y Catedrático Asociado en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la UPR, José Caraballo Cueto, los autoproclamados logros que la JSF ha tenido en cuanto a la reducción de la deuda pública, son logros moderados en contraste con las expectativas que se tenían tanto con la ley federal como con su organismo ejecutante.

“No ha tenido el efecto económico esperado porque la Ley Promesa vino para atender más el área fiscal, que es lo que tiene que ver con el gobierno y sus ingresos y gastos, y no para trabajar el aspecto de la economía como un todo, que incluye lo fiscal, pero no se limita a lo fiscal”, explicó Caraballo Cueto.

“La parte positiva de Promesa era el Título 3, que le daba acceso al gobierno a reestructurar la deuda, y eso es lo más que celebra la JSF: los logros que han tenido, según ellos, en el área de reducir la deuda. Pero para ese Título 3 no hacía falta una junta fiscal ni hacían falta los demás capítulos de la ley Promesa”, añadió.

Además, el experto explicó que la reducción en la deuda pública no se ha llevado a niveles sostenibles y que en el área fiscal, en general, los logros han sido moderados.

“Aquello que decían que el gasto político se iba a reducir, que se iba a reestructurar la Comisión Estatal de Elecciones y que eso iba a ayudar a la economía, no ocurrió. Tampoco lo de que iban a consolidar la parte administrativa de los municipios. Lo que ha habido es una austeridad en el gasto social”, coincidió el economista.

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