El Senado de Puerto Rico aprobó durante el día de hoy el proyecto de la Cámara 474 que busca crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental” que reconoce el derecho de cualquier persona u organización a presentar recursos legales y administrativos para detener situaciones que entiendan representan crímenes ambientales.
El proyecto volverá a la Cámara baja, luego de recibir enmiendas en el Senado.
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El Proyecto de la Cámara 474, de la autoría de Nogales Molinelli y el representante José B. Márquez Reyes, recibió el voto de 14 senadores y senadoras, que incluyen a miembros de las delegaciones del MVC, PPD y PIP, y al senador independiente José Vargas Vidot.
“Estos legisladores y legisladoras, así como los 28 que ya habían votado a favor en la Cámara, entendieron que existe una necesidad urgente de ampliar el acceso a mecanismos legales para que la ciudadanía comprometida con la defensa de su entorno puedan hacer cumplir la política pública ambiental. ¿De qué sirve tener una Ley Sobre Política Pública Ambiental, Ley 416 de 2004, o un Reglamento Conjunto de Permisos, si individuos y empresas pueden violarlos en cada esquina del archipiélago sin que nadie les detenga y sin consecuencias? Necesitamos que la gente tenga algún recurso para defender su entorno. No podemos seguir atándole las manos a quienes son la primera línea de defensa de los recursos naturales, es decir, las personas, grupos y comunidades que hacen su vida entre ellos y se dedican a conservarlos. Hoy, cuando diariamente estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático en forma de inundaciones extraordinarias, erosión costera, temperaturas extremas y otros fenómenos, corregir esta situación es una cuestión de vida o muerte”, indicó la representante.
Nogales Molinelli afirmó que la aprobación de esta medida en la legislatura “es un logro de y para las comunidades y organizaciones que trabajan incansablemente para proteger nuestros recursos naturales y garantizar la seguridad y la salud de nuestro pueblo. Este proyecto se concibió a partir de sus reclamos y sabemos que se han estado movilizando en la legislatura para educar sobre la importancia de subsanar la perjudicial decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de la Fundación Surfrider v. A.R.P.E.
En este una organización con un historial de defensa y protección de las costas no pudo cuestionar un proyecto de construcción que tendría un impacto negativo en una comunidad en Rincón.
Actualmente, si un querellante o demandante no es colindante inmediato de un desarrollo o si su propiedad no es impactada directamente, no tiene derecho a, por ejemplo, impugnar permisos para construcciones que sí pueden afectar el aire que respiramos, el agua que tomamos o las características del entorno que son fundamentales para nuestra subsistencia económica y social”, explicó.
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La legisladora advirtió que el próximo reto del P. de la C. 474 es obtener la firma del gobernador Pedro Pierluisi.
“Ahora le estoy exhortando a la mayoría legislativa que calendarice la aprobación de las enmiendas realizadas en el Senado y envíe la medida a Fortaleza antes de que acabe esta sesión el próximo 15 de noviembre. Pierluisi tiene decidir si va a reconocer la importancia de la participación ciudadana en la gestión de velar por el cumplimiento de la política publica ambiental, sobretodo cuando las agencias llamadas a hacer este trabajo están virtualmente inoperantes, o si va a continuar permitiendo la destrucción ambiental y la construcción descontrolada sin que nadie tenga el poder para detenerlas”, concluyó.
