Del CPI.
Al finalizar este siglo, la temperatura promedio del país podría aumentar al menos 40.1 ℉ por encima del promedio actual, que es 82 ℉, según proyecta el segundo informe del Estado del Clima en Puerto Rico hecho por el Concilio de Cambio Climático de Puerto Rico.
El aumento de la temperatura promedio en Puerto Rico, como en el resto de la región del Caribe, se proyecta como inevitable, concluye el grupo de expertos autoconvocados que agrupa a unos 140 investigadores, planificadores, arquitectos y comunicadores, así como entidades de Gobierno.
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Según el informe, las temperaturas con un aumento por encima de los 40.1 ℉ se podrían presentar en un escenario en el que haya controles de las emisiones de gases a la atmósfera. Pero en un escenario extremo, si desde ahora no se ponen en práctica medidas para reducir esas emisiones, las temperaturas podrían aumentar hasta 44.6 ℉, una cifra que representaría el doble del promedio de aumento en temperaturas para el resto del planeta.
Dos expertos consultados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) atribuyen estas proyecciones adversas asociadas con la crisis climática a la combinación del incumplimiento con leyes de protección ambiental, el uso prioritario de fuentes de energía no renovables y la incapacidad del Gobierno de integrar en sus decisiones las recomendaciones de la comunidad científica.
Los científicos e integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico, Pablo Méndez Lázaro y Rafael Méndez Tejeda, alertaron sobre la necesidad de establecer políticas de adaptación, al tiempo que urgieron al Gobierno a adoptar las recomendaciones que expertos en temas de climatología y costas han presentado por los pasados años. El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico es una entidad creada por el Gobierno que ha denunciado la lentitud en la asignación de fondos para hacer sus investigaciones y emitir recomendaciones.
“Es una triste confirmación de la realidad que estamos viviendo y estamos enfrentando”, dijo Méndez Lázaro, en relación a la proyección de aumentos de temperatura. “Quienes viven en los llanos costeros y zonas urbanas, lo que representa por encima del 60% de la población en Puerto Rico, están expuestos a episodios de calor extremo”.
El también investigador que ha participado en proyectos de la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha sido parte de estudios que vinculan los episodios de calor extremo con problemas de salud para las poblaciones en áreas de mayor exposición a estas temperaturas. Un estudio publicado en el 2016 encontró que hubo un aumento en muertes por infartos y por afecciones cardiacas en San Juan y Bayamón como consecuencia de las altas temperaturas durante los veranos de 2012 y 2013.
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A diferencia de otras regiones del planeta, los cambios de temperaturas entre las estaciones en el Caribe son mínimos. Por ende, las poblaciones de los países y territorios caribeños no disfrutan de temporadas frescas, como las que se experimentan en latitudes templadas fuera del trópico.
“Esto significa que [en el Caribe] estamos estirando nuestra exposición al calor extremo”, advirtió el investigador.
Según Méndez Lázaro, la prioridad debe ser trabajar para evitar que empeore la situación actual, así como desarrollar políticas que permitan que las sociedades estén mejor preparadas ante el escenario de eventos atmosféricos extremos más frecuentes .
“Los científicos se han pronunciado contundentemente y la evidencia es robusta. Hace falta acción. En Puerto Rico debemos de parar de describir el problema. Otros países están tomando acciones contundentes, pero nosotros no. No hemos tenido ninguna acción contundente”, afirmó el científico, quien también participa de proyectos de investigación con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés).
Por su parte, Méndez Tejeda, aunque cuestiona la proyección que establece que la temperatura promedio de Puerto Rico pudiera aumentar hasta 44.6℉ al finalizar el actual siglo, sí coincide con colegas al plantear la gravedad del asunto y sobre la necesidad de actuar para evitar que los impactos relacionados a la crisis climática sean peores.
“Actuar ahora evita que empeore y se evita dejarlo peor a las generaciones que vienen. Si tomamos medidas ahora, las futuras generaciones pueden sentir alguna mejoría”, expresó Méndez Tejeda.
Para el climatólogo y profesor de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, un ejemplo que debe instar a los gobiernos a actuar es el caso de las medidas que, a partir de 1995, se tomaron para proteger la capa de ozono.
“Ya 20 años después [del 1995] se dijo que la capa de ozono se ha reestructurado bastante. Fue un período de 20 años, y lo hemos vivido nosotros, no fue ni siquiera las futuras generaciones. Esa es la mejor evidencia de que no todo está perdido”, explicó el científico.
Responsabilizan al Gobierno y su inacción ante la crisis climática
La Ley Núm 33 del año 2019, que creó el Comité de Expertos del cual Méndez Lázaro y Méndez Tejeda forman parte, ordenó al Gobierno a establecer políticas dirigidas a reducir las emisiones de gases de invernadero.
Una de esas disposiciones ordena a las agencias gubernamentales a comprar vehículos que no dependan de combustibles fósiles. Sin embargo, dicho componente de la ley no se ha cumplido. Tan reciente como en septiembre pasado el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras de Transportación presentaron su nueva flota de vehículos en la que la presencia de vehículos híbridos fue mínima. Esa práctica la reportó el CPI desde finales del 2020. Para la adquisición de la nueva flota, el Gobierno informó que se utilizaron fondos federales provenientes del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés), así como fondos internos de las agencias estatales.
“La ley está hecha para que el presupuesto local no se pueda usar para la compra de combustible fósil. ¿Qué hacen [las agencias]? Utilizan fondos federales. Entonces la ley fracasó en ser estratégica, pensando en la diversidad de formas en que nuestras agencias adquieren este tipo de vehículos y por dónde podían burlar la ley. Así que esto requiere una enmienda inmediata. Han burlado la ley a través de fondos federales para comprar las flotas de vehículos”, explicó Méndez Lázaro. “El principio [de la Ley] es prohibir el uso, no la compra de vehículos de combustible fósil, independientemente de donde vengan los fondos”.
Méndez Tejeda, en tanto, opinó que el Gobierno de Puerto Rico está atrasado en comparación con otros países de la región en términos del diseño y establecimiento de políticas para enfrentar la crisis climática. Dijo, además, que insistir en el uso del gas natural como una solución al problema del combustible representa una propuesta “que está pasada de fecha” para Puerto Rico, por tratarse de una fuente de energía no renovable que ya comienza a ser descartada en otros países.
“Ya Puerto Rico tendría que estar hablando, como están hablando los países del área, incluyendo Chile, hasta República Dominicana, está hablando de hidrógeno verde. No tenemos el gas natural ya que también es importado y produce contaminación. Ahora, si tú generas energía renovable y, con esta, generas hidrógeno verde, que es cinco o seis veces más rentable, produce más eficiencia que la gasolina”, comentó Méndez Tejeda al CPI.
Para implementar estas políticas ambientales, las agencias, oficinas de Gobierno y municipios deberían tener personas que no solo entiendan los problemas asociados a la crisis climática, sino que además, puedan comunicarlos adecuadamente a la ciudadanía. Esos requisitos, de acuerdo a Méndez Lázaro, no siempre forman parte de los perfiles de las agencias gubernamentales con las cuales él ha tenido comunicación y, en ocasiones, también ha notado cierto desinterés por el tema entre los funcionarios.
El académico en temas de climatología y salud pública indicó, además, que los recortes presupuestarios a las instrumentalidades del Gobierno, incluyendo aquellos impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF), afectan la ejecución de las políticas ambientales.
“Ahí viene PROMESA [La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que creó la JCF], por ejemplo. Para ser sincero y justo, tampoco quiero criticar a todas las agencias. He estado en comunicación con agencias que me dicen que quisieran, pero no tienen de dónde sacar los chavos. Hay algunas que ni les interesa. Hay otras que les interesa, pero no pueden”, puntualizó el académico en temas de climatología y salud pública.
¿Duplicidad de esfuerzos?
El informe del Estado del Clima de Puerto Rico preparado por el Concilio Climático de Puerto Rico comprende el período entre los años 2014 al 2021.
Ese informe, que se nutrió de recursos públicos, llega al tiempo que se espera que se rinda el Plan de Mitigación y Adaptación y Resiliencia ante el Cambio Climático en Puerto Rico, que fue encomendado hace varios años al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico.
Según admitió al CPI el coordinador del Concilio de Cambio Climático de Puerto Rico, Ernesto Díaz, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aportó con fondos a los trabajos de la entidad privada de la cual forma parte. Díaz, además, es gerente regional de la empresa Tetra Tech.
“En la parte de financiamiento de la reunión cumbre, la parte de apoyo económico y de desarrollo de este informe desde el punto de vista técnico, el Departamento de Recursos Naturales [y Ambientales], a través de la Oficina del Programa de Zona Costanera, fue clave para que se lograra”, dijo Díaz, quien también dirigió el Programa de Zona Costanera del DRNA.
Al preguntársele sobre las diferencias entre el informe del Concilio y los trabajos ordenados al Comité de Expertos de Cambio Climático bajo la Ley Núm. 33 del 2019, Díaz comentó que el Plan del Comité de Expertos “se beneficiaría muchísimo de utilizar estos datos y esta información”.
El CPI ha reportado en varias ocasiones que la falta de presupuesto por parte del Gobierno ha dificultado que el Comité pueda cumplir con algunas de sus funciones, incluyendo la elaboración del Plan. Dicho cuerpo está compuesto por seis miembros científicos que trabajan de manera voluntaria. Además, el Comité tiene tres integrantes ex officio, que son el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio y la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Esta última está obligada por ley a fungir como la presidenta del Comité.
