El Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 474 para crear la “Ley de Legitimación Activa Ambiental”, a los fines de otorgar legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona en Puerto Rico que, motivada por el propósito de hacer valer la política pública ambiental, interese presentar cualquier acción o causa civil o administrativa bajo cualquier ley , reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales.
La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, favoreció la medida y expresó que “hoy tenemos ante nuestra consideración un proyecto que busca considerar un asunto urgente en Puerto Rico…este es el momento de mostrar la preocupación por el bienestar de los recursos, tenemos la oportunidad de hacer valer las preocupaciones y demostrar nuestro compromiso con los recursos naturales a través de la aprobación de esta pieza legislativa. Esto no le quita ninguna legitimación al estado y tampoco poderes al Departamento de Recursos Naturales, esto es para reforzar. Garantizarle a la ciudadanía ese acceso a la justicia, proteger nuestros recursos naturales”.
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En iguales términos se manifestó la senadora independentista, María de Lourdes Santiago. “Lo que permite el proyecto es abrir esa puerta del tribunal para que la comunidad que ve que su entorno está siendo afectado, organización ambiental percibe que hay un daño ambiental inminente no tenga que esperar a que el estado se mueva y puedan ir al tribunal o al foro administrativo y el estado tiene que actuar”. También se expresó a favor el senador independiente, José Vargas Vidot.
De otro lado, se expresaron en contra de la pieza legislativa la senadora del Proyecto dignidad, Joanne Rodríguez Veve y los senadores novoprogresistas, Thomas Rivera Schatz y Carmelo Ríos.
Por otro lado, se le dio paso a la Resolución del Senado 632 del senador Rubén Soto Rivera, para investigar los requisitos, licencias y permisos exigidos por las agencias gubernamentales, para que un médico recién graduado pueda ser admitido a ejercer su profesión en Puerto Rico, así como los costos relacionados a estos, a los fines de buscar alternativas para otorgar incentivos que redunden en beneficio con miras a retener su talento en Puerto Rico.
