En Puerto Rico la mera posesión de cannabis, sin importar la cantidad, se considera un delito grave con una pena fija de 3 años de cárcel y a discreción del juez una multa de hasta $5 mil.
A nivel federal, en los estados y territorios la posesión de cannabis como primera ofensa se considera un delito menos grave. En la inmensa mayoría de estos estados y territorios la pena por este delito menos grave es de 1 año de cárcel y/o hasta $1,000 en multa.
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Es importante destacar que una persona que en Puerto Rico es sentenciada por delito grave, debe esperar 5 años luego de haber cumplido sentencia para poder limpiar su récord. De lo contrario se le hará casi imposible conseguir empleo, licencias, educación y vivienda entre otros. Por otro lado, un delito menos grave puede removerse del récord criminal luego de 6 meses de haber cumplido la sentencia.
Puerto Rico se coloca en la jurisdicción más punitiva ante la mera posesión de cannabis, en comparación con el estado de derecho a nivel federal y los estados y territorios de la nación americana.
“Somos el único estado o territorio que considera la posesión de cualquier cantidad un delito grave. Somos la única jurisdicción en todos los estados unidos que impone una pena de mas de 3 años de cárcel en comparación con 35 estados que la pena es menos de 3 años y otros 19 en donde la posesión no conlleva cárcel. Actualmente en 47 estados y territorios se impone una multa de $1,000 o menos por posesión de cannabis. Solo Puerto Rico y 5 estados más imponen una multa de $5,000 por posesión, enfatizó el Lcdo. Goodwin Aldarondo.
Resulta de extremada urgencia el que se tomen medidas inmediatas para atemperar nuestro estado derecho a la realidad de nuestros tiempos. Al comparar a Puerto Rico con el estado de derecho a nivel federal, de los estados y territorios de los Estados Unidos, nuestra Isla presenta atrasos con nuestras leyes sobre posesión de cannabis.
La ley de sustancias controladas fue aprobada en el año 1971, donde la guerra contra las drogas se encontraba en todo su apogeo. Sin embargo, los motivos que dieron paso a la aprobación de esta antigua ley son significativamente diferentes a los que vivimos hoy día. Es hora de actualizar la ley de sustancias controladas y proveer protección a personas que únicamente se encuentren en posesión de pequeñas cantidades de cannabis.
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“Es por lo que hacemos un llamado a la legislatura y al ejecutivo a que tomen las medidas para que se enmiende urgentemente la ley de sustancias controladas. Primero se recomienda que se reclasifique el delito de posesión de cannabis de delito grave a delito menos grave. Junto a esto es indispensable que se legisle para que se establezca una cantidad máxima de posesión de cannabis. A modo de comparación con otras jurisdicciones, tenemos 20 estados que permiten entre 1 y 6 onzas de posesión de cannabis sin qué conlleve multa o cárcel”, dijo el Lcdo. Aldarondo.
Actualmente hay proyectos de ley ante la consideración de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico , como el 1037 del representante Orlando Aponte Rosario el cual propone despenalizar la posesión simple de hasta 14 gramos de cannabis. De igual forma el proyecto 1141 del representante Héctor Ferrer que busca regular el uso adulto del cannabis.
Hoy día existen 39 estados, 3 territorios y Washington DC con cannabis medicinal al igual que 19 estados, 2 territorios y Washington DC con cannabis para uso adulto. No obstante, en Puerto Rico todavía se continúa encarcelando a personas por une mera posesión de una planta medicinal.
La guerra contra las drogas ha sido una guerra perdida que lo único que ha traído es despilfarro de dinero de parte del gobierno y encarcelar personas de escasos recursos o minorías.
En PR el mantener preso a una persona por mera posesión de cannabis nos cuesta a los contribuyentes sobre $45,000 dólares anuales. Esto sin contar el proceso de arrestar, acusar y procesar al individuo. Tenemos la oportunidad de convertir algo que nos cuesta a todos los contribuyentes, en algo a lo que el gobierno pueda recaudar dinero. Por ejemplo, podemos permitir la posesión de hasta media onza de cannabis sin que se considere un delito o violación.
No obstante, la persona que tenga en su posesión más de media onza se le impone una multa de $250. En vez de procesar a la persona por una mera posesión y que nos cueste miles de dólares al año, podemos convertir este acto en un recaudo e imponer multas. Esto es lo que se conoce como despenalización, donde la posesión del cannabis no conllevaría cárcel, pero sí una multa si la persona se excede de los límites permitidos.
En la alternativa, se debe desclasificar (legalizar) el cannabis de la lista de sustancias controladas y regular su producción, venta y consumo. Al igual que el tabaco y el alcohol que tienen su regulación sobre dónde, como, quienes y cuando pueden utilizar estas sustancias (las que son altamente tóxicas y no medicinales) podemos regular el uso, consumo y posesión del cannabis. Esto traería inmensos recaudos en arbitrios al gobierno, dinero que actualmente pasa únicamente al mercado negro.
El gobierno debe tomar en consideración no solo la parte económica de este asunto, sino también el daño que causa el encarcelar a una persona, en este caso por una mera posesión. Este acto, tiene un impacto psicológico, social y familiar. El que no ha pasado por este proceso desconoce el daño que le causa a un individuo y su familia el proceso de ser arrestado, procesado y encarcelado. El mantener el actual estado de derecho en PR sobre posesión de cannabis es continuar viviendo en un mundo retrogrado.
