S T. LOUIS (AP) — Un tribunal federal de apelaciones emitió el viernes por la noche una suspensión administrativa que bloquea temporalmente el plan del presidente Joe Biden de cancelar miles de millones de dólares en préstamos estudiantiles federales, dejando el programa en el limbo solo unos días después de que las personas comenzaran a solicitar la condonación de préstamos.
La Corte de Apelaciones del Octavo Circuito emitió la suspensión mientras considera una moción de seis estados liderados por republicanos para bloquear el programa. La suspensión ordenó a la administración de Biden que no actuara sobre el programa mientras considera la apelación.
No está claro qué significa la decisión para los 22 millones de prestatarios que ya solicitaron el alivio. La administración de Biden había prometido no liquidar ninguna deuda antes del 23 de octubre mientras luchaba contra los desafíos legales, pero se esperaba que lo más pronto que comenzara a borrar la deuda fuera a mediados de noviembre.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, alentó a los prestatarios a continuar solicitando el alivio, diciendo que la orden temporal de la corte no impidió las solicitudes o la revisión de las solicitudes.
“Seguiremos avanzando a toda velocidad en nuestros preparativos en cumplimiento de esta orden”, dijo en un comunicado. “Y, la Administración continuará luchando contra los funcionarios republicanos que demandan para bloquear nuestros esfuerzos para brindar alivio a las familias trabajadoras”.
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La pregunta crucial ahora es si el problema se resolverá antes del 1 de enero, cuando se espera que se reinicien los pagos de los préstamos federales para estudiantes después de haber estado en pausa durante la pandemia. Se esperaba que millones de estadounidenses cancelaran su deuda por completo bajo el plan de Biden, pero ahora enfrentan incertidumbre sobre si necesitarán comenzar a hacer pagos en enero.
Biden ha dicho que su extensión anterior de la pausa de pago sería la última, pero a los economistas les preocupa que muchos estadounidenses no hayan recuperado la estabilidad financiera después de la agitación de la pandemia. Si a los prestatarios que esperaban la cancelación de la deuda se les pide que realicen pagos en enero, existe el temor de que muchos se atrasen en las facturas y no paguen sus préstamos.
El jueves por la noche se presentó un aviso de apelación ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Octavo Circuito, horas después de que el juez federal de distrito Henry Autrey en St. Louis dictaminara que, dado que los estados de Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas y Carolina del Sur no lograron establecer la legitimación , “la Corte carece de competencia para conocer de este caso”.
Por separado, los seis estados también solicitaron al tribunal de distrito una orden judicial que prohíba a la administración implementar el plan de cancelación de deuda hasta que finalice el proceso de apelación.
El fiscal general de Nebraska, Doug Peterson, uno de los seis fiscales generales que lideran el esfuerzo para bloquear el programa de alivio de la deuda, elogió la decisión de la corte.
“Nos complace que se haya otorgado la suspensión temporal”, dijo Peterson en un comunicado. “Es muy importante que la corte analice los asuntos legales relacionados con el poder presidencial antes de transferir más de $400 mil millones en deuda a los contribuyentes estadounidenses”.
Hablando antes del fallo del viernes en la Universidad Estatal de Delaware, una universidad históricamente negra donde la mayoría de los estudiantes reciben becas federales Pell, Biden promocionó la cantidad de solicitantes que solicitaron el alivio del préstamo en la semana desde que su administración puso a disposición su solicitud en línea.
El plan, anunciado en agosto, cancelaría $10,000 en deuda de préstamos estudiantiles para aquellos que ganan menos de $125,000 o familias con menos de $250,000 en ingresos. Los beneficiarios de la Beca Pell, que generalmente demuestran una mayor necesidad financiera, recibirán una condonación de deuda adicional de $10,000.
La Oficina de Presupuesto del Congreso ha dicho que el programa costará alrededor de $ 400 mil millones durante las próximas tres décadas. James Campbell, abogado de la oficina del fiscal general de Nebraska, le dijo a Autrey en una audiencia del 12 de octubre que la administración está actuando fuera de sus autoridades de una manera que le costará millones de dólares a los estados.
La cancelación se aplica a los préstamos estudiantiles federales utilizados para asistir a la escuela de pregrado y posgrado, junto con los préstamos Parent Plus. Los estudiantes universitarios actuales califican si sus préstamos se desembolsaron antes del 1 de julio. El plan hace que 43 millones de prestatarios sean elegibles para alguna condonación de deuda, con 20 millones que podrían borrar su deuda por completo, según la administración.
El anuncio se convirtió de inmediato en un tema político importante antes de las elecciones intermedias de noviembre.
Abogados conservadores, legisladores republicanos y grupos orientados a los negocios han afirmado que Biden se excedió en su autoridad al tomar una medida tan radical sin el consentimiento del Congreso. Lo llamaron un obsequio injusto del gobierno para personas relativamente ricas a expensas de los contribuyentes que no cursaron estudios superiores.
Muchos legisladores demócratas que enfrentan duras contiendas de reelección se han distanciado del plan.
Biden criticó el viernes a los republicanos que han criticado su programa de ayuda, diciendo que “su indignación está mal y es hipócrita”. Señaló que a algunos funcionarios republicanos se les perdonaron deudas y préstamos de alivio de la pandemia.
Los seis estados demandaron en septiembre. Los abogados de la administración respondieron que el Departamento de Educación tiene “amplia autoridad para administrar los programas federales de ayuda financiera para estudiantes”. Una presentación judicial indicó que la Ley de Oportunidades de Alivio para la Educación Superior para Estudiantes de 2003, o Ley HEROES, permite al secretario de educación renunciar o modificar los términos de los préstamos federales para estudiantes en tiempos de guerra o emergencia nacional.
“COVID-19 es una emergencia”, decía la presentación.
La Ley HEROES se promulgó después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 para ayudar a los miembros de las fuerzas armadas. El Departamento de Justicia dice que la ley permite a Biden reducir o borrar la deuda de préstamos estudiantiles durante una emergencia nacional. Los republicanos argumentan que la administración está malinterpretando la ley, en parte porque la pandemia ya no califica como una emergencia nacional.
El abogado del Departamento de Justicia, Brian Netter, le dijo a Autrey en la audiencia del 12 de octubre que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 todavía se están extendiendo. Dijo que los incumplimientos de préstamos estudiantiles se han disparado en los últimos dos años y medio.
Otras demandas también han buscado detener el programa. El jueves temprano, la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett rechazó una apelación de un grupo de contribuyentes de Wisconsin que buscaba detener el programa de cancelación de deuda.
Barrett, quien supervisa las apelaciones de emergencia de Wisconsin y los estados vecinos, no comentó sobre rechazar la apelación de la Asociación de Contribuyentes del Condado de Brown. El grupo escribió en su presentación ante la Corte Suprema que necesitaba una orden de emergencia porque la administración podría comenzar a cancelar la deuda estudiantil pendiente tan pronto como el domingo.