La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) rechazó un proyecto senatorial que pretende definir las seis especialidades de la psicología y crear un examen de reválida para cada una de ellas, lo que podría afectar el acceso a servicios y el trabajo de un sinnúmero de psicólogos.
Se trata del Proyecto del Senado 967 (PS967), que busca enmendar la “Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesión de la Psicología en Puerto Rico”. Esa ley establece los psicólogos deben tomar un examen para obtener su licencia y practicar la profesión. La medida se encuentra bajo evaluación en la Comisión de Salud del Senado.
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“Sabemos que la salud mental en Puerto Rico no está bien. Ya desde antes de los huracanes (María y Fiona) estaba afectada y se ha exacerbado con los huracanes, terremotos y la pandemia. Así que el acceso a los servicios se vería limitado grandemente si una ley como ésta fuera aprobada. Nuestra preocupación principal es el acceso a los servicios de los participantes a quienes les servimos”, sostuvo la doctora Carmen Nina Martínez, consejera psicológica.
La necesidad de servicios de salud mental en Puerto Rico aumentó con el paso del huracán Fiona hace un mes, pues la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción reportó que por el paso del huracán Fiona hubo un alza en las llamadas a la Línea PAS.
En una carta dirigida al senador Rubén Soto Rivera, autor de la pieza legislativa, la APPR indicó que, entre otras razones para rechazar la medida, la “creación de un examen de reválida general es un ejercicio extremadamente complejo por muchas razones, siendo una de las principales la dificultad para conseguir expertos para la redacción de los reactivos, por lo que entendemos que crear una reválida para cada especialidad sería un proceso sumamente complicado y costoso para el gobierno, ya que el total de las reválidas según lo propuesto ascendería a seis”.
La pieza legislativa también define las seis especialidades de la psicología y la preparación académica para cada una, no obstante, la doctora Martínez mencionó que son muy generales y podrían causar confusión.
“Por un lado, tenemos en Puerto Rico una necesidad de especialistas en la salud mental, de psicólogos y psicólogas que estén disponibles, y por otro lado tenemos un debate sumamente fuerte sobre quiénes son los que tienen las competencias para hacer ese trabajo clínico. Es importante señalar que los psicólogos y psicólogas escolares, como los consejeros y consejeras psicológicos, y los psicólogos clínicos, todos tenemos competencias clínicas, lo que nos hace diferentes es el área de especialidad, pero lo clínico no es de una sola especialidad”, aseguró por su parte la doctora Migna Rivera, consejera psicológica y presidenta de la APPR.
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La Dra. Rivera añadió que una situación que les preocupa es el caso específico de los consejeros psicológicos ya hay muchos planes médicos que no reconocen esta especialidad, limitando el acceso de la ciudadanía a estos servicios.
Martínez aseguró que la definición que propone la medida para la consejería psicológica es tan vaga que podría malinterpretarse y traer como consecuencia la idea de que los consejeros psicológicos no están cualificados para llevar a cabo funciones particulares como realizar diagnósticos u ofrecer tratamientos.
Las doctoras coincidieron en que los psicólogos por especialidad se mueven hacia el trabajo por competencias, por lo que una definición general no refleja la realidad de sus trabajos.
A preguntas de si los psicólogos que hay en la isla dan abasto, la Dra. Yazmín Cancel, psicóloga clínica, mencionó que “tenemos limitaciones, tenemos áreas que están descubiertas. Ahora mismo vemos convocatorias que salen una y otra vez, y realmente eso no pasaba hace 10 años atrás. Eso es preocupante, ¿Por qué no se llena esa plaza?”.
Añadió que en los últimos años ha visto colegas que deciden mudarse no solo a Estados Unidos, sino que a otros países en busca de mejores condiciones laborales.
La Asociación de Psicología hizo una encuesta con 760 participantes, de los más de 4 mil psicólogos en la isla, sobre los planes médicos en el que encontraron que sobre el 50% planifica irse de Puerto Rico si la situación de los pagos de las aseguradoras no se resuelve.
A pesar de que las psicólogas rechazan la pieza legislativa, están de acuerdo con que hay que revisar la ley vigente. “No estamos en contra de que la ley se revise, la Ley 96 del 1983 que reglamenta la profesión de la psicología en el país, lo que estamos diciendo es que no es este proyecto. Pero la ley requiere actualizarse y atemperarse a los tiempos, pero no bajo un proyecto como este”, aseguró la doctora Rivera.
