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Controversia por medida que limitaría educación a viajeros

Legislador que atiende el Proyecto de la Cámara 1401 estaría dispuesto a ver en vistas públicas preocupaciones constitucionales sobre la pieza.

Bloggers de truismo.
Bloggers de truismo. (Yuri Arcurs peopleimages.com/Getty Images/iStockphoto)

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La tecnología ha cambiado muchas actividades humanas y a su vez ha impactado diversas industrias a lo largo de la historia. Una de las industrias más cambiantes es el turismo. Ante las nuevas prácticas para hacer turismo, una medida legislativa busca establecer nueva reglamentación en Puerto Rico.

Sin embargo, el Proyecto de la Cámara 1401 (PC 1401) ha generado debate por considerarse proteccionista o hasta inconstitucional al pretender limitar la comunicación sobre mejores oportunidades en el turismo. El creador de Mochileando, Wilson Santiago Burgos, es una de las voces que advierte sobre los riesgos de la medida presentada por el propio presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes, José Rivera Madera, junto con los representantes José Varela Fernández y Ángel Matos García.

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“Es un atentado contra los derechos de los viajeros y al fin y al cabo los que van a sufrir si se aprueba una medida como ésta es la persona que tiene menos dinero para viajar y que la quieren obligar a pagar un servicio más caro a través de una agencia de viaje”, aseguró Santiago Burgos.

El proyecto cameral busca establecer una licencia que consolidaría las funciones de los agentes y mayoristas de viajes, así como excursiones. Serían las personas autorizadas por la Oficina de Turismo las únicas autorizadas a dar un servicio que incluiría la preparación de los paquetes turísticos mediante contratación con los proveedores de servicios, proveedores de productos, y la distribución y venta de estos al público. Se alega que habría una fiscalización más eficiente de los servicios.

Asimismo, establecería que los agentes de viajes localizados en Puerto Rico o que se encuentren fuera de la isla, pero con clientes aquí deben estar licenciados por Turismo.

Santiago Burgos expresó que este requisito representa la posible eliminación de páginas web, influencers y hasta medios de información dedicados completamente a los viajes, si no se convierten en agentes, lo que conlleva una inversión.

No obstante, el representante Rivera Madera descartó que busquen eliminar los medios que producen contenido de viajes, sino que pretenden asegurar que los ciudadanos tengan un servicio accesible, seguro y que estén protegidos.

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“No hay ninguna intención ni de favorecer los que están online, ni los que tienen agencias, eso lo dicta el mercado. Cada uno va a comprar donde le convenga”, sostuvo Rivera Madera.

Sobre los visos de inconstitucionalidad de la medida, el legislador se mostró abierto realizar vistas públicas para discutirlo. “Yo no puedo coartarle el derecho a nadie de que tenga una página en Internet, siempre y cuando sea un negocio registrado y cumpla con todas las de la ley…Coartar la libertad de expresión es un delito y es una prerrogativa que está protegida en las constituciones, así que este legislador por lo menos jamás va a intentar una cosa como esa. Al contrario, yo pienso que mientras más ofertas haya, más beneficioso es para todos los que consumimos”, indicó el representante.

Mientras tanto, Santiago Burgos también levantó bandera sobre un impuesto a los viajes, pues se deja vía libre al director de la Compañía de Turismo para imponer cargos, aranceles y otros impuestos, así como la regulación de las membresías de información de viajes.

Añadió que más que el contenido de viajes en Internet, a los que deberían fiscalizar son los que vendan directamente un servicio de viaje, quien vende un boleto aéreo, una reservación en un hotel o una reservación de una excursión. “Esa gente es la que ellos deben regular, pero el representante Rivera Madera dice que ellos lo que están buscando es una respuesta más rápida. La pregunta es, ¿Turismo atiende más rápidamente las quejas de los consumidores boricuas contra las agencias de viaje, de lo que atiende las agencias federales, las compañías y las tarjetas de crédito? Ninguno de los proponentes ha podido presentar evidencia sobre eso”, aseguró Santiago Burgos.

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