El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, se distanció hoy del informe de la contralora que revela deficiencias relacionadas con la adquisición, desembolsos, y recibo de bienes y servicios por el Departamento con el Fondo de Ayuda para el Coronavirus.
Mellado López, aclaró en declaraciones escritas que, pese a que el informe cubre del 1 de enero de 2019 al 30 de junio de 2021, los hallazgos son previo a su entrada como secretario a la agencia.
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“Los hallazgos tienen la finalidad de que se puedan corregir las deficiencias y se puedan mejorar los procesos. En ese sentido, los procesos de compras, desde noviembre de 2020 no se realizan en el Departamento de Salud, son procesos gestionados mediante la licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG), y la licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG) de acuerdo a la Ley 73-2019″, sostuvo el Secretario de Salud.
“Desde que llegué al Departamento impuse controles y medidas para garantizar el buen uso y responsable de los bienes del gobierno estatal y los fondos federales que recibimos, como ninguna otra agencia. Hemos sido rigurosos y continuaremos siendo firmes en el cumplimiento de la ley y de todas las regulaciones. Nuestro norte es servir bien al pueblo de Puerto Rico y nuestras acciones son cónsonas con esta meta”, sostuvo.
Las deficiencias encontradas en la adquisición, desembolsos y recibo de bienes y servicios al periodo del 17 de marzo de 2020 al 28 de agosto del 2020, periodo que coincide con el inicio de la cuarentena a consecuencia del novel virus a nivel mundial.
Tras la declaración de estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 el 12 de marzo de 2020, el Departamento recibió 30,314,738 dólares en fondos estatales y emitió 82 órdenes de compra por 28,921,141 dólares. Con las órdenes de compra se adquirieron materiales de limpieza y desinfección, equipo médico, medicamentos, pruebas de detección de COVID-19, reactivos para las pruebas y otros.
Del examen realizado, los auditores identificaron órdenes de compra sin la cláusula sobre las penalidades en caso de entregas tardías, sin la fecha de entrega de los materiales comprados, y sin la recomendación del administrador auxiliar de Adquisiciones, ni la autorización del oficial de licitación de la Administración de Servicios Generales (ASG) según estipulado en la Ley 73-2019 y la Carta Circular ASG 2020-07. Además, algunas órdenes de compra se realizaron con el formulario incorrecto y los expedientes carecían de la evidencia de haber obtenido cotizaciones de al menos tres proveedores. Esta situación privó al Departamento de considerar ofertas de otros proveedores, se pudo haber adquirido bienes distintos y cantidades contrarias a las necesitadas, y se privó a la ASG el determinar si los bienes y servicios eran propios de la emergencia.
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En la auditoría también se detectó, que en el 35 por ciento de las órdenes de compra se recibieron los bienes hasta 12 semanas después de la fecha acordada, en el 15 por ciento los bienes fueron recibidos por funcionarios sin el nombramiento de receptor de la ASG, y en el 40 por ciento no se encontró evidencia del recibo de los bienes. Esta situación provocó que el Departamento no contara con evidencia sobre el recibo de los bienes, y pudo ocasionar la pérdida de materiales o equipo recibido.
El Informe señala que el Departamento pagó por adelantado el 100 por ciento de dos órdenes de compra por 3,667,500 dólares para adquirir pruebas para detectar el COVID-19, en vez del 60% solicitado por el proveedor en la cotización. Además, el Departamento pagó 17,550 dólares por hand sanitizers que no se recibieron y no se encontró evidencia de haberle reclamado al proveedor por los bienes no recibidos.
