Una jueza federal estadounidense aprobó el miércoles un plan para reestructurar unos $6,000 millones de deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, parte del proceso de la isla para salir de la bancarrota.
Con el plan Puerto Rico ya no tendrá que pagar más de $3,000 millones de su deuda, de acuerdo con la Junta de Control Federal que supervisa las finanzas de este territorio estadounidense.
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“El plan crea una base sólida para garantizar que los caminos y el transporte público de Puerto Rico reciban mantenimiento y sean mejorados”, dijo la junta.
Previamente, la junta había apuntado que 13% de las carreteras de la isla están en buenas condiciones, en comparación con un promedio de 84% en el territorio continental el Estados Unidos.
“Con la aprobación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), propuesto por la Junta de Supervisión, hemos logrado un paso adicional para recuperar el buen crédito del Gobierno de Puerto Rico. El Plan de Ajuste de la ACT es sumamente positivo y reduce su deuda en más de un 80 por ciento, lo que representa un gran alivio para la corporación pública”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi en declaraciones escritas.
“Con la orden de confirmación del Plan, ahora la ACT mejora su situación financiera, dejando atrás la incertidumbre fiscal para poder promover nuevas inversiones en nuestra infraestructura vial en beneficio de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Vamos a continuar administrando responsablemente las finanzas de nuestras entidades públicas para asegurar un futuro de progreso y desarrollo económico sostenible para Puerto Rico”, sostuvo.
Solamente a una agencia gubernamental de Puerto Rico le falta reestructurar lo que debe: la Autoridad de Energía Eléctrica, que tiene una deuda de unos 9.000 millones de dólares, la mayor de una agencia pública.
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Recientemente, la jueza federal Laura Taylor-Swain ordenó una nueva ronda de conversaciones de mediación para hallar soluciones a esa deuda luego de que el diálogo previo fracasó. También le permitió a la junta que acudiese a la corte para determinar cuánto dinero deben recibir los tenedores de bonos de deuda que tratan de recuperar su inversión.
Las reestructuraciones se están llevando a cabo luego de que el gobierno de Puerto Rico anunció en el 2015 que no podía pagar su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares. En el 2017 solicitó la mayor protección por bancarrota de una municipalidad de Estados Unidos.
