El presidente de la Comisión de Energía, Luis Raúl Torres Cruz, presentó al pleno de la Cámara de Representantes el segundo informe parcial sobre la Resolución de la Cámara 446, que investiga el desempeño, ejecución y cumplimiento de LUMA Energy con las obligaciones asumidas en el contrato de alianza público-privada con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Un extenso reporte, nutrido por cientos de documentos obtenidos a través de las requisiciones realizadas durante la celebración de vistas públicas, concluye que el contrato del Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy, tal y como fue firmado “es uno leonino e ilegal, que incumple con las leyes que establece el marco legal para Transformar el Sistema Eléctrico y la Política Pública Energética”.
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El informe, firmado por Torres Cruz, argumenta que luego de “un proceso abarcador y continuo de investigación”, la Comisión de Energía entiende que LUMA ha sido incapaz de administrar el sistema de transmisión y distribución. Sentenció también que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) “ha demostrado ser incapaz de supervisar y fiscalizar el desempeño y el cumplimiento de LUMA Energy”.
Al mismo tiempo, el reporte destacó que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) ha sido “indulgente” al fiscalizar el contrato con el consorcio. También, criticó el trabajo del gobernador Pedro Pierluisi “ante la negativa de tan siquiera considerar enmendar el contrato con el propósito de cumplir con su deber constitucional de defender los mejores intereses del pueblo”, rezó el documento.
Al mismo tiempo, el documento propuso múltiples recomendaciones para subsanar “la incapacidad de LUMA Energy”.
Entre ellas, la Comisión de Energía sugirió la creación de legislación para prohibir que el consorcio pueda subcontratar alguna de sus afiliadas o empresas establecidas en Puerto Rico que le pertenezcan a alguna de sus afiliadas, y también el que se prohíba contratar empresas de empleados o exempleados de LUMA Energy o de alguna de sus afiliadas.
También, recomendó redactar legislación para crear una nueva corporación pública, con un nuevo modelo de gobernanza en la que haya participación de los sectores de la sociedad interesados en un buen desempeño del sistema eléctrico de Puerto Rico y en el que no haya control absoluto por parte de la rama ejecutiva.
La ofensiva cameral ocurre en momentos que la Junta de Control Fiscal (JCF), busca establecer una propuesta para adjudicar un cargo fijo de $23 a $26 mensuales por 50 años a los abonados en la factura de energía eléctrica para pagarle a los bonistas de la AEE.
