El Departamento de Educación reaccionó a una orden emitida por la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) para Mostrar Causa luego de que se realizara una investigación que validara el supuesto otorgamiento de un contrato a una corporación sin fines de lucro que tiene como socio incorporado un exconvicto por malversación de fondos a nivel federal.
“Durante el análisis de los documentos solicitados y la información recopilada, el personal de la OIG identificó que, el DE pudo haber incurrido en irregularidades en la contratación con la referida organización sin fines de lucro, en contravención con las disposiciones de la Ley 2-2018, según enmendada y conocida como el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, reza la OIG en un comunicado de prensa.
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Sin embargo, según la comunicación enviada por el DE “dentro de los nombres que declaró la entidad que son dueños, asociados, participantes, accionistas, socios, miembros o cualquier persona con poder decisional en la compañía, no surge el nombre de la persona que menciona el informe y que alegan fue convicto”.
“Además, y en relación a las previas convicciones de alguna persona o miembro de una entidad con contratos con el Departamento, la entidad que firmó el contrato declaró y certificó al estampar su firma, que “[L]a entidad sus directores, oficiales o empleados certifica que no ha sido convicta por delitos contra la integridad pública según definido en el Código Penal de Puerto Rico o malversación de fondos públicos y no se ha declarado culpable de este tipo de delitos en los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los Tribunales Federales o los Tribunales de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos de América., …”, lee la comunicación enviada por el Departamento de Educación.
Según la agencia, la entidad “no ha comenzado a operar, ni ha reclamado ni recibido pagos. A su vez, del expediente no surge la intervención de la persona a la que se hace referencia sobre la comisión de delito”.
El DE indicó además que comenzará una investigación para identificar si existe violación a la ley por la por parte de la entidad.
“No obstante, recibido el resumen ejecutivo y la orden de mostrar causa emitidas por la Oficina del Inspector General, el Departamento procederá de inmediato a realizar una investigación expedita para evaluar si la entidad en cuestión violó la ley, algún reglamento o las disposiciones contractuales y , al mismo tiempo, hemos impartido instrucciones a nuestra División Legal para que proceda con la cancelación del contrato. Con relación a la alegación de que la persona señalada es o fue donante de alguna campaña política, el Departamento no tiene nada que disponer, ya que esto no es un criterio para contratación”, añadió el DE.
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La OIG identificó que, en el año 2010, uno de los socios incorporadores de la referida corporación sin fines de lucro, fue sentenciado a un (1) año y un (1) día de prisión y tres (3) años de libertad condicionada o probatoria, por malversación de fondos en una organización con sede en los Estados Unidos. Surgió que el socio incorporador al que se hace referencia en la investigación, se declaró culpable de malversar alrededor de 115,000.00 dólares. La OIG no identificó a la persona.
Añadieron que en el año 2020, la corporación sin fines de lucro fue incorporada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, “figurando el exconvicto, como uno de sus incorporadores y en agosto de 2022, el DE pactó contrato con dicha corporación”.
El Área de Querellas e Investigaciones de la OIG validó, además, que en el sistema de consulta de donantes del Contralor Electoral de Puerto Rico, una persona con el nombre del socio incorporador figura como donante político para el periodo entre noviembre de 2019 y febrero de 2022.
Como resultado del informe se ordenó a DE, que muestre causa sobre el otorgamiento de un contrato, aún con el impedimento e inhabilidad permanente de la corporación sin fines de lucro a la que se le otorgó en contrato y del socio incorporador ex convicto, de contratar con el Gobierno de Puerto Rico, como consecuencia de la sentencia de convicción por declaración de culpabilidad por el delito de malversación de fondos en la jurisdicción federal y; Muestre causa de las razones por las cuales la OIG, no deba proceder con emitir Resolución y Orden declarando Nulo el Contrato 2023-0000xxx, como parte de un procedimiento administrativo, por in- fracciones al Artículo 3.4 de la Ley 2-2018 y otras normativas aplicables.
En el portal habilitado por el Departamento de Justicia para el Registro de Personas Convictas por Corrupción, no se identifica ningún ofensor registrado con el nombre del socio incorporador, al 14 de septiembre de 2022, fecha en que se realizó la indagación.
