De las 71 muertes en las instituciones correccionales del país, cuatro se produjeron después del paso del huracán Fiona, aunque según la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, no hay correlación.
Fueron cuatro muertes en una semana.
La funcionaria atribuyó las muertes a la vejez y a condiciones médicas previas de los confinados antes de entrar al sistema. A nivel general, se han reportado casi una treintena de muertes en Puerto Rico asociadas a Fiona y la mayoría son personas de edad mayor cuyas condiciones de salud se exacerban por falta de servicios como electricidad y agua o limitación de acceso a servicios médicos.
“Hemos tenido fallecimientos de personas de la tercera edad, hemos tenido casos donde su salud había estado comprometida, se estaban atendiendo las condiciones que presentaban y han fallecido lamentablemente. Otra de las situaciones que hemos visto es que los que están ingresando al sistema correccional están sumamente deteriorados. Son personas que sus condiciones de salud no habían sido atendidas”, sostuvo Escobar Pabón.
Los cuatro fallecidos son:
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- Carmelo Rodríguez Caraballo (25 de septiembre) en la Institución Correccional de Ponce 500
- Christian M. Vázquez Rivera (26 de septiembre) en la Institución Correccional Guerrero de Aguadilla
- Josee A. Concepción López (28 de septiembre) en el Centro de Ingresos Diagnósticos y Clasificación Ponce 676
- Héctor Luciano Morales (2 de octubre) en el Centro Médico Correccional de Bayamón
Asimismo, el DCR continúa en espera de 54 protocolos de muerte en casos de fallecimientos este año, entre ellos los cuatro antes mencionados, que emite el Instituto de Ciencias Forenses para determinar las causas de la muerte.
Escobar Pabón aseguró que estaban listos para enfrentarse al huracán: tenían alimentos para 14 días, medicamentos suficientes, personal activado en unidades especializadas y en turnos de servicio, generadores de energía y agua potable.
“Los confinados siempre recibieron sus servicios. En nuestras instituciones siempre hubo energía eléctrica ya fuera por generadores eléctricos o provista cuando se restableció por LUMA. Pero por falta de energía eléctrica no hubo problemas excepto cuando se apagaban los generadores para cambiar aceite o cualquier chequeo que se hace como parte del mantenimiento…En el centro médico correccional tampoco tengo pacientes conectados a sistemas eléctricos requeridos para mantenerlos con vida o con buena salud”, aseguró la secretaria del DCR.
Como parte de las medidas preventivas de salud, hubo dos confinadas que en ese momento tenían 37 semanas de embarazo, que fueron llevadas al área de evaluación del Hospital Universitario al área de ginecología.
Pero según el Dr. Raúl Villalobos, de Physician Correctional, no hubo más problemas en cuanto al servicio médico antes, durante y después del huracán.
“Los servicios esenciales se mantuvieron 24/7, entre eso particularmente repartir medicamentos, tomar previsiones particulares con los pacientes de necesidades especiales donde se destacan, por ejemplo, las dos embarazadas que se movieron al centro médico. No ha habido ninguna situación particular asociada con el fenómeno atmosférico”, indicó el Dr. Villalobos.
A pesar de los planteamientos de ambos funcionarios, el 22 de septiembre la presidenta de la Defensoría de los Derechos de los Confinados, Dallie Cruz Ruiz, envió una carta al gobernador reclamando que los derechos de esa población estaban siendo violentados.
“No hay un estado perfecto dentro del sistema correccional, obviamente ocurren cosas diariamente, nosotros atendemos personas con una conducta impredecible, en ocasiones disfuncional, pretendemos que cada uno de ellos entren en ese proceso de tratamiento y rehabilitación para que ellos salgan con todas las herramientas necesarias para volver. ¿Pero decir que nosotros hemos estado violentando los derechos? No. Aquí se ha atendido la población correccional bajo las circunstancias del huracán y siempre en las mejores condiciones que nosotros tenemos”, indicó Escobar Pabón.
Añadió que reunirse con el gobernador sería una pérdida de tiempo pues no han violado ningún derecho constitucional. Además, dijo que la información que Cruz Ruiz denunció no fue corroborada, sino que son comentarios que le llegan de diferentes miembros de la población correccional o familiares.